Partidos en remojo

Tanto el radicalismo como el socialismo están convocando a sus convenciones provinciales para abril o mayo. La instancia de preparación partidaria previa al desafío electoral del año próximo ya está en marcha salvo para el oficialismo rionegrino del Frente para la Victoria, paralizado en un enfrentamiento interno cuya cara visible es el intendente de Roca, Martín Soria, pero que revela una complejidad y amplitud bastante mayores. La renovación de autoridades partidarias prevista para diciembre se vio postergada hasta marzo, pero el mes acaba sin convocatoria interna para debatir políticas y normalizar mandatos. En el gobierno provincial, Alberto Weretilneck ha cedido a Miguel Pichetto una porción creciente de espacio. Lo muestran el nombramiento de los ministros Arrieta y Lebed y la designación de Ariel Rivero como vicepresidente primero de la Legislatura. Mientras esta alianza se consolida en la superestructura, menos calmo se ve el panorama entre la militancia. La distribución de dinero, obras y beneficios como parte de una estrategia electoral se realiza en forma desembozada, siguiendo el ejemplo del gobierno nacional. Así, silencios y palabras deben ser analizados con un doble estándar: lo que se dice y calla por necesidad y aquello que verdaderamente se piensa. La áspera verba de Soria escapa a esa regla, sea por capacidad económica de su ciudad o por su red de contactos en Buenos Aires. Al gobierno le conviene mostrarlo como el único que alza la voz en su contra. Pero esto dista de ser cierto. Mario Del Carpio, Javier Iud y –más discretamente– Maru Martini han mostrado coincidencias con el roquense. Desde Viedma, y sin conexión aparente con aquellos, un grupo de dirigentes históricos del justicialismo abrió una nueva línea de cuestionamientos. Y en la Región Sur otro foco de disconformidad salió a la luz luego de que el gobernador designara a Hugo Valenzuela titular del Ente de Desarrollo sin consultar con los intendentes de esa zona. Fortalecido por su acuerdo con Pichetto, Weretilneck cierra el cerco sobre los disidentes, procurando evitar que las críticas se exterioricen y multipliquen. Al relevo de varios soristas del gobierno provincial siguió en estos días el descabezamiento de Canal 10, al aceptar las renuncias del presidente, Julián Goinhex, y los directores Victoria Argañaraz, Laura Tappatá y Federico Ambroggio. En su reemplazo fueron designados, como presidente, el intendente de Cordero, Fabián Galli, y como directores el secretario de Medios, el albertista Guillermo Campetti, y José María Muñoz, ligado al vicegobernador Carlos Peralta. Otra batalla dejó fuera del cargo a la delegada de Educación en Roca, Carlina Mellado, y ubicó en su lugar a peraltistas. Para desazón de Weretilneck, lejos de aquietarse, Soria devuelve cada golpe. Uno y otro esperan la resolución del juez Favio Igoldi en la causa iniciada de oficio tras la vaga imputación de delitos que el gobernador lanzó al intendente. Así, en una provincia con crisis en Salud, Educación, cárceles e innumerables dificultades en las principales actividades económicas, la dirigencia del oficialismo se ocupa de ofender a quienes necesitará a la hora de los votos. A nivel nacional, la provincia pierde peso relativo en las definiciones políticas para desazón de Pichetto, quien aspiraba a un rol más central. El miércoles, gobernadores peronistas acordaron un esquema en el cual Río Negro no tuvo arte ni parte. En definitiva, el tiempo trabaja a favor de Weretilneck. Con el justicialismo dividido y sin congresos a la vista, el gobernador sabe de las dudas de Pichetto y de las dificultades que enfrentaría cualquier otro dirigente que buscara ser candidato. Por eso, analiza convocar a elecciones provinciales en el primer semestre de 2015, lejos de las nacionales. Esto dejaría sin sentido el proyecto de aplicar las PASO y aceleraría el reloj en este 2014. La cuestión salarial La definición de la negociación salarial en el Estado rionegrino condiciona la suerte del gobierno de Alberto Weretilneck durante este año. Lejos del porcentaje y los modos en que resolvió el reclamo policial en diciembre, el Ejecutivo se muestra duro, dispuesto –ahora sí– a no traspasar el tope fijado por Nación. Pero cada día que pasa la negociación se complica, activada por el ritmo de la inflación que deteriora el salario real. En situaciones como ésta, todo incremento porcentual perjudica a los sueldos más bajos y beneficia a quienes cobran más. Y las sumas fijas achatan la pirámide en desmedro de las categorías superiores. Además, la inquietud interna en los gremios de estatales no facilita la discusión, sino lo contrario. La UPCN, que durante décadas respondió sin chistar a Juan Carlos Scalesi, tiene ahora una línea interna opositora que desafía su autoridad y sus métodos acuerdistas. También el gremio de los legislativos, APEL, tiene por primera vez elecciones controvertidas entre su titular, Alejandro Gatica, y el sector que lidera Humberto Gattás. Allí, la puja incluyó una denuncia de malversación de fondos públicos y ésta originó el allanamiento de la sede gremial que, a su vez, fue ocasión para agresiones y amenazas, causas de otra denuncia. La Legislatura otorgó un alza de corto plazo y postergó el diálogo hasta que se definan la pauta del Ejecutivo y la interna sindical. El Poder Judicial dispuso un incremento del 25%, aun con la desconformidad gremial. Para sectores de la administración agremiados en ATE y UPCN, la propuesta oficial fue aumentar el salario de bolsillo con una suma fija no remunerativa de unos 1.000 pesos durante el primer semestre, que representa un 24,6% para las categorías más bajas y menos de un 10% para las más altas. UPCN, empujado por la crisis interna, había dejado a ATE sola en la negociación. Al rechazar ésta el acuerdo, el gobierno amenazó con liquidar sólo los 350 pesos que había dado a cuenta de futuros aumentos. La estrategia de culpar a los gremios por la demora en el pago de la propia oferta resulta riesgosa para el Ejecutivo porque lo mostraría castigando a los trabajadores. También implica peligro para ATE, porque UPCN se apuró a dar la conformidad sabiendo que beneficia a su principal base de sustentación, las categorías más bajas. No está exento de riesgo UPCN si –por ganar a su rival– convalida para todo el año un aumento que la inflación licuaría pronto. Como sea, para el discurso del gobierno la suma fija representa un retroceso respecto del blanqueo que esgrimió como un logro propio en otras áreas como Educación. En cuanto a los docentes, la negociación sigue, alentada por la decisión del gremio Unter de no parar a fin de beneficiar el diálogo. Si, como se espera, se corrige la oferta inicial para mejorar la situación de los cargos directivos, el Estado retomaría la calma necesaria para avanzar en mejoras pendientes.

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

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