Pase covid: ¿qué derecho pesa más alrededor de las vacunas?

El rechazo a clientes que no están inmunizados carece de base legal, pero ya empieza a aplicarse en la región. En el mercado laboral también hay conflictos por las intimaciones. Salud colectiva, voluntad individual y normas cruzadas para un debate que toma fuerza.

En el primer semestre del 2020 fue por la circulación en las calles. En el segundo semestre del 2021 es por las vacunas. La pandemia vuelve a poner derechos en colisión y en la región el debate toma fuerza, a partir de comercios que ya están vedando el ingreso a personas que no se aplicaron ninguna dosis y de empleadores que toman medidas ante trabajadores que demoran el esquema preventivo.

En paralelo, en la Legislatura de Río Negro ya tiene trámite parlamentario un proyecto que propone crear un “pase covid”, que permitiría trabajar con un 20% más del aforo permitido a los locales que sólo dejen ingresar a clientes vacunados.

Nadie duda sobre el impacto positivo social que se persigue con esas iniciativas. Pero la pregunta que también surge es si estas ideas que moldean la “nueva normalidad” superan un control de constitucionalidad.

“Me cuesta imaginar cómo haría un juez para rechazar un amparo de una persona que decide no vacunarse y se siente discriminada o afectada en algún derecho por esa razón”, sostiene una magistrada ya alejada de la función, en diálogo con RÍO NEGRO.

En los tribunales provinciales rionegrinos nadie quiere hablar en “on”, porque advierten que los conflictos derivados de la decisión de no vacunarse están por golpear la puerta de la Justicia. No obstante, dos altos funcionarios consultados indicaron que ya están estudiando el tema, para anticiparse y tener opinión formada ante esos eventuales procesos.

¿Y por qué todavía no hay casos judicializados?

“Porque nadie se anima a ir fondo hasta el momento. Pero la postura fijada esta semana por la Unión Industrial Argentina y lo que está pasando con varios de nuestros clientes acá en la región permite ver que el problema está. Por ahora, se avanza con las intimaciones para que los empleados con una dosis vuelvan a la presencialidad. Mucho más no se puede hacer, pero es un problema latente”, cuenta un abogado especializado en derecho laboral que forma parte de un estudio roquense.

¿Y por qué nadie va a fondo?

En principio, porque empleadores y abogados saben que la vacuna contra el coronavirus todavía no es obligatoria y entablar un litigio es una causa perdida.

Pero en segundo lugar, porque el Estado argentino generó un enjambre normativo desde marzo del año pasado, donde se mezcla ese derecho patronal de intimar a sus empleados a que se reincorporen luego de aplicarse la primera dosis con las dispensas reconocidas a personas con factores de riesgo o hijos en edad escolar.

“Quisieron quedar bien con todos. Con los empleadores, con los trabajadores, con los gremios… y ahora no se sabe cuál es la resolución, decreto o ley que debe aplicarse para el regreso a la presencialidad”, resumió el abogado consultado.

Y si resulta complejo encontrar un camino de salida para las relaciones laborales, igual o más álgida puede tornarse la discusión en la puerta de un local, cuando a una persona le digan que no puede ingresar por no estar vacunada.

En Roca esa situación ya está ocurriendo desde el fin de semana pasado, cuando volvieron a abrir los boliches. En al menos uno de esos espacios, sobre calle San Martín, exigen mostrar el carnet de inmunización antes de empezar la diversión.

La norma que anteponen los responsables del boliche es la vinculada al derecho de admisión.

Ocurre que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Sumado a ello, la ley 26.529 determina el concepto de “Autonomía de la voluntad”, estableciendo que un paciente “tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.

Ese artículo es el que resaltan quienes advierten que el Estado no puede imponer la vacunación aun con una ley que transforme en obligatorio el plan preventivo.

En consecuencia… ¿puede alegar una discriminación alguien que no tenga en el futuro ese pretendido “pase covid”?

Desde el punto de vista jurídico, los profesionales del derecho consultados para este informe se inclinaron hacia una respuesta afirmativa.

Lo que no puede soslayarse, desde una óptica social, es que tanto en la región como en el país es muy bajo el porcentaje de personas que no se vacunaron contra el covid-19 por convicción.

En Río Negro, dentro del grupo de mayores de 60 años había esta semana un 5,4% de la población objetivo sin cobertura al menos de una primera dosis. Se trata de casi 6.000 personas, sobre quienes se cree que ya tienen decidido no inmunizarse, teniendo en cuenta que el operativo cumplirá pronto ocho meses.


Por qué no da igual salir a la calle sin ninguna dosis


“Vacunarse no sólo es un acto individual. La vacuna es una cuestión de solidaridad comunitaria”, sostiene Enrique Raimondo, especialista en infectología y microbiología clínica.

Desde ese lugar, el profesional roquense argumenta su posición a favor de sumar exigencias desde el Estado para que cada vez haya más personas con esquemas completos de prevención ante el covid-19.

“Si todos nos vacunamos, colaboramos para tener una vida más segura y para que el virus tenga menos lugar para replicar, para que provoque menos enfermedades, menos muertes y menos gastos”, alentó.

Luego dijo entender a los que no confían en la efectividad, pero destacó que para esas situaciones hay permanente información a disposición sobre las ventajas que ofrecen las vacunas. “Nosotros nos vacunamos. Vacunamos a nuestros hijos. Estamos predicando con el ejemplo”, sostuvo.

Desde el punto de vista de la medicina, recordó que una persona vacunada igual puede contagiarse y transmitir el coronavirus, pero subrayó que “la vacuna ayuda a contagiar menos” porque “el objetivo de máxima es que no te enfermes, pero en el caso de que no logres controlar la infección, esa infección va a ser menos intensa, con menos carga de virus”.

“Aunque no sea 100% efectiva, igual mejora mucho la perspectiva. La vacuna ayuda a disminuir la posibilidad de contagio”, insistió.


Vacuna no, teletrabajo tampoco: ¿es posible no pagar el sueldo?


La Unión Industrial Argentina tensó el debate sobre los vínculos laborales en medio de la pandemia, recomendando esta semana a sus asociados dejar de pagar los sueldos a los trabajadores que no se quieran vacunar y no regresen a sus puestos.

Los principales rubros afectados con esa medida serían aquellos que no pueden cumplirse en forma remota y en la región existen casos donde este dilema se mantiene sin resolver.

“Chofer de camión, 42 años, con peso apenas excedido pero suficiente para ser considerado grupo de riesgo. No se quiere vacunar, pero tampoco volver. El empleador le sigue pagando todos los meses alrededor de 140.000 pesos netos. Se lo intimó para que aclare por qué no ponía la vacuna, pero mantuvo su postura. Nadie sabe cómo resolverlo”, describió el abogado de una firma mayorista de Roca.

Ante el planteo de la UIA, el gobierno nacional expresó su rechazo. “La vacunación es optativa, no es obligatoria. Desde ahí no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas. No corresponde, no puede haber una política de sanción”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El “enjambre” normativo, expuesto en caso testigo ocurrido en Roca. En una carta documento, un trabajador alude a seis resoluciones y decretos relacionados con los vínculos laborales en pandemia.


No necesariamente “antivacunas”


Los registros oficiales del Ministerio de Salud de la Nación indicaban la semana pasada que el 13% de los argentinos mayores de 60 años no contaban con ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La cifra preocupa ante el avance de la cepa Delta y aparece como un desafío, porque esa falta de cobertura no estaría ligada a los efectos que generan los movimientos “antivacunas” sino a la falta de información o la desconfianza en el plan de vacunación.

“Hubo una campaña muy desfavorable para las vacunas en un principio. Y creo que eso favoreció a que haya muchos que aún desconfían”, sostuvo la secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero, cuando fue consultada sobre las razones que encuentra para que en la franja etaria con mayor riesgo de muerte no se haya alcanzado todavía a la población objetivo con al menos una dosis.

De todas maneras, Ibero también destacó que “siempre hay gente anti-vacunas” y eso complica alguna parte del plan de inmunización.

Desde Salud se informó esta semana que el 95% de las personas que murieron luego de contagiarse de covid-19 no tenían aplicada ninguna dosis.

En la provincia perdieron la vida más de 2.270 personas, pero unas 950 fallecieron antes de que empezara el plan de vacunación, el 29 de diciembre pasado.

Hubo una campaña muy desfavorable para las vacunas en un principio. Y creo que eso favoreció a que haya muchos que aún desconfían.

Mercedes Ibero, secretaria de Salud de Río Negro.

Una exigencia con antecedentes en todo el mundo


El “pase covid” que impulsa en Río Negro el legislador Luis Noale (Frente de Todos) tiene varios antecedentes a lo largo y ancho del mundo.

Países de Europa están a la cabeza en su exigencia, con normativas vigentes que exigen estar vacunado para asistir a lugares cerrados o eventos públicos con asistencia superior a las 500 personas.

En Estados Unidos la imposición también está empezando a ganar terreno, con el lanzamiento desde este lunes 16 del denominado “Key to NYC” (”Llave a Nueva York”).

El sistema se centrará en el pedido de acreditación de la vacunación a “empleados y clientes de restaurantes cubiertos, pabellones deportivos y teatros”, en el marco de una prueba piloto de un mes, que luego podría ampliarse a otros rubros.


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