Peleas sin sentido

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A juzgar por la forma de actuar del gobierno nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y colaboradores tan influyentes como el viceministro de Economía, Axel Kicillof, creen que tanto el campo como la industria privada constituyen fuentes inagotables de recursos financieros, de suerte que pueden concentrarse en aprovecharlos al máximo sin preocuparse en absoluto por las protestas esporádicas de los agricultores y los reparos de aquellos empresarios que, para disgusto de los demás, se animan a decir lo que realmente piensan del “modelo” oficial. Aunque en términos políticos tal actitud les ha resultado beneficiosa al permitirles disponer de muchísimo dinero que han empleado para crear un imponente aparato proselitista y subsidiar a aquellas agrupaciones que les son afines, ya debería serles evidente que está frenando el desarrollo socioeconómico del país. Si bien merced al “viento de cola” y la utilización de la capacidad que fue instalada antes de la gran crisis, el producto bruto nacional ha aumentado mucho a partir del desplome catastrófico del 2001 y el 2002, todo hace prever que a la Argentina le aguardan años de estanflación. Es que, como hasta los economistas más heterodoxos saben muy bien, el crecimiento sostenible depende de las inversiones pero, por razones comprensibles, escasean los empresarios que estén dispuestos a arriesgarse en un país en que contar con la aprobación de los funcionarios de un gobierno notoriamente caprichoso y vengativo importa mucho más que cualquier otro factor. La modalidad conocida como “capitalismo de los amigos” que han impulsado los kirchneristas, con el pretexto de que lo que se han propuesto hacer es estimular el surgimiento de una burguesía auténticamente nacional, es intrínsecamente ineficiente, ya que para abrirse camino los empresarios tienen que privilegiar su relación con el poder político. Si se limitan a producir bienes de buena calidad para venderlos a precios competitivos, negándose a perder el tiempo intentando congraciarse con funcionarios, fracasarán; en opinión de los kirchneristas, en especial los vinculados con La Cámpora, la neutralidad apolítica no es una opción. Y si se les ocurre criticar el rumbo que ha emprendido el gobierno, no tardarán en ser blancos de represalias, ya que el secretario de Comercio Guillermo Moreno y el mandamás de la AFIP Ricardo Echegaray no vacilarán en recordarles que no les convendría en absoluto seguir figurando en la lista negra oficial. Así, pues, corren con ventaja los cortesanos que, como los gobernadores provinciales, son plenamente conscientes de que verse incluidos entre los amigos del “proyecto” de Cristina vale decididamente más que una buena gestión. A diferencia de los demás países del G20, la Argentina no cuenta con multinacionales capaces de competir en los mercados mundiales. Ciertos integrantes del gobierno parecen resueltos a asegurar que persista la anomalía así supuesta, razón por la que Kicillof acaba de amenazar con “fundir” a Techint, llevando a la bancarrota a una de las escasas empresas nacionales –tal vez la única– que están en condiciones de desempeñar un papel respetable en el exterior. Felizmente para el CEO de Techint, Paolo Rocca, si llega a la conclusión de que no vale la pena continuar tratando de convivir con Kicillof y compañía, podría trasladar la sede de su empresa a Italia, Brasil o Estados Unidos; será por este motivo que Cristina eligió perdonarle por haber dicho que su gobierno “perdió el rumbo a partir del 2008”, atribuyendo el conflicto resultante a las “operaciones mediáticas” del matutino porteño “Clarín” que a su juicio es la fuente de todos los problemas nacionales. Como la presidenta se habrá dado cuenta, el país ya se ha visto perjudicado por la fuga constante de capitales que el gobierno está procurando frenar con medidas que, además de ser antipáticas, están provocando estragos en la economía real y que por lo tanto han bajado su propio índice de popularidad. De ponerse en marcha un éxodo empresarial liderado por pesos pesados de la talla de Rocca, las consecuencias serían aún más graves, ya que, entre otras cosas, subiría mucho el nivel de desocupación en el conurbano bonaerense, desgracia que con toda seguridad le supondría un costo político muy elevado.