Peralta bajo fuego
No es nada fácil ser un gobernador provincial en la Argentina kirchnerista. Si, a pesar de las dificultades que enfrenta, uno se las arregla para manejar bien su jurisdicción, tendrá que atribuir todos sus logros a las bondades del “modelo” supuestamente ideado por Néstor Kirchner que está perfeccionando Cristina Fernández de Kirchner, pero si, como suele ser el caso hoy en día, se halla en apuros, no podrá “echar culpas a los demás”, ni siquiera al “mundo” que, según, la presidenta, se nos ha caído encima. Aunque en política es normal que los mandatarios nacionales procuren aprovechar en beneficio propio los éxitos ajenos y alejarse de los fracasos, pocos lo han hecho de forma tan sistemática y brutal como los Kirchner. Una vez instalados en la Casa Rosada, se pusieron a tratar a los gobernadores provinciales como si fueran mendigos pedigüeños, colmando de ayuda a los debidamente obedientes y privando de fondos y obras públicas a los díscolos. Mientras la caja estuvo llena de dólares, el esquema así supuesto funcionó muy bien –entre otras cosas, contribuyó a la construcción del poder presidencial al posibilitar la proliferación de “radicales K”–, pero últimamente algunos gobernadores, encabezados por el cordobés José Manuel de la Sota, se han sentido tentados a rebelarse contra una modalidad que no sólo los humilla sino que también es incompatible con el federalismo y por lo tanto con la eficiencia administrativa, ya que los mandatarios del interior se ven obligados a privilegiar los intereses políticos del Poder Ejecutivo nacional por encima del bienestar de sus propios comprovincianos. Desgraciadamente para ellos, exageraba Cristina al decir que “cada gobernador es algo muy parecido a un presidente en su provincia”; a lo sumo, se asemejan a administradores coloniales que en cualquier momento podrían ser víctimas de decisiones tomadas por sus enemigos en una metrópoli distante. Irónicamente, en la actualidad el gobernador más cuestionado por Cristina no es De la Sota, un peronista disidente, sino el kirchnerista o exkirchnerista santacruceño Daniel Peralta. Al profundizarse la crisis en el feudo de los Kirchner, los preocupados por la imagen de la presidenta, en especial los militantes de La Cámpora, quieren asegurar que Peralta sea considerado el máximo responsable de todos los muchos problemas de un distrito que, en teoría, debería ser por un margen muy amplio el más próspero del país. Santa Cruz tiene apenas 270.000 habitantes, menos que algunos barrios del conurbano bonaerense, grandes recursos petroleros, turísticos y agroganaderos y, como suele suceder luego de mudarse a la Casa Rosada un exgobernador, ha recibido una proporción envidiable de los fondos federales. Pero, claro está, Santa Cruz nunca se ha destacado por la eficiencia de sus gobernantes. A pesar de sus muchas ventajas, como tantas otras provincias está al borde de la bancarrota, en buena medida a causa del superávit de empleados públicos. Por lo demás, Peralta, lo mismo que dos antecesores, Sergio Acevedo y Carlos Sancho, es blanco de una ofensiva kirchnerista despiadada que, como dice, quiere cargarle el fracaso del modelo. Aunque Peralta jura estar resuelto a defenderse, afirmando que sólo “el pueblo” podría destituirlo, sorprendería que lograra mantenerse en sus trece hasta fines del 2015. No cuenta con el dinero necesario para pagar a los empleados públicos que están en pie de guerra y el gobierno nacional es reacio a permitirle endeudarse. A diferencia de lo que sucedió cuando los kirchneristas intentaban ahogar financieramente al bonaerense Daniel Scioli, el impacto negativo de sus maniobras destituyentes en Santa Cruz no sería suficiente como para convencerlos de la conveniencia de declarar una tregua. Así y todo, si cae Peralta, el que se ve acusado no sólo de manejar mal la economía santacruceña sino también de estar detrás de una operación de “espionaje” en contra de Cristina, la provincia podría terminar en manos de La Cámpora, eventualidad que desde el punto de vista de los kirchneristas no resultaría demasiado atractiva, ya que muy pronto sus militantes tendrían que encontrar el modo de satisfacer las exigencias de gremialistas insaciables que, con toda seguridad, no tardarían en reanudar la lucha por aumentos salariales cada vez mayores.
No es nada fácil ser un gobernador provincial en la Argentina kirchnerista. Si, a pesar de las dificultades que enfrenta, uno se las arregla para manejar bien su jurisdicción, tendrá que atribuir todos sus logros a las bondades del “modelo” supuestamente ideado por Néstor Kirchner que está perfeccionando Cristina Fernández de Kirchner, pero si, como suele ser el caso hoy en día, se halla en apuros, no podrá “echar culpas a los demás”, ni siquiera al “mundo” que, según, la presidenta, se nos ha caído encima. Aunque en política es normal que los mandatarios nacionales procuren aprovechar en beneficio propio los éxitos ajenos y alejarse de los fracasos, pocos lo han hecho de forma tan sistemática y brutal como los Kirchner. Una vez instalados en la Casa Rosada, se pusieron a tratar a los gobernadores provinciales como si fueran mendigos pedigüeños, colmando de ayuda a los debidamente obedientes y privando de fondos y obras públicas a los díscolos. Mientras la caja estuvo llena de dólares, el esquema así supuesto funcionó muy bien –entre otras cosas, contribuyó a la construcción del poder presidencial al posibilitar la proliferación de “radicales K”–, pero últimamente algunos gobernadores, encabezados por el cordobés José Manuel de la Sota, se han sentido tentados a rebelarse contra una modalidad que no sólo los humilla sino que también es incompatible con el federalismo y por lo tanto con la eficiencia administrativa, ya que los mandatarios del interior se ven obligados a privilegiar los intereses políticos del Poder Ejecutivo nacional por encima del bienestar de sus propios comprovincianos. Desgraciadamente para ellos, exageraba Cristina al decir que “cada gobernador es algo muy parecido a un presidente en su provincia”; a lo sumo, se asemejan a administradores coloniales que en cualquier momento podrían ser víctimas de decisiones tomadas por sus enemigos en una metrópoli distante. Irónicamente, en la actualidad el gobernador más cuestionado por Cristina no es De la Sota, un peronista disidente, sino el kirchnerista o exkirchnerista santacruceño Daniel Peralta. Al profundizarse la crisis en el feudo de los Kirchner, los preocupados por la imagen de la presidenta, en especial los militantes de La Cámpora, quieren asegurar que Peralta sea considerado el máximo responsable de todos los muchos problemas de un distrito que, en teoría, debería ser por un margen muy amplio el más próspero del país. Santa Cruz tiene apenas 270.000 habitantes, menos que algunos barrios del conurbano bonaerense, grandes recursos petroleros, turísticos y agroganaderos y, como suele suceder luego de mudarse a la Casa Rosada un exgobernador, ha recibido una proporción envidiable de los fondos federales. Pero, claro está, Santa Cruz nunca se ha destacado por la eficiencia de sus gobernantes. A pesar de sus muchas ventajas, como tantas otras provincias está al borde de la bancarrota, en buena medida a causa del superávit de empleados públicos. Por lo demás, Peralta, lo mismo que dos antecesores, Sergio Acevedo y Carlos Sancho, es blanco de una ofensiva kirchnerista despiadada que, como dice, quiere cargarle el fracaso del modelo. Aunque Peralta jura estar resuelto a defenderse, afirmando que sólo “el pueblo” podría destituirlo, sorprendería que lograra mantenerse en sus trece hasta fines del 2015. No cuenta con el dinero necesario para pagar a los empleados públicos que están en pie de guerra y el gobierno nacional es reacio a permitirle endeudarse. A diferencia de lo que sucedió cuando los kirchneristas intentaban ahogar financieramente al bonaerense Daniel Scioli, el impacto negativo de sus maniobras destituyentes en Santa Cruz no sería suficiente como para convencerlos de la conveniencia de declarar una tregua. Así y todo, si cae Peralta, el que se ve acusado no sólo de manejar mal la economía santacruceña sino también de estar detrás de una operación de “espionaje” en contra de Cristina, la provincia podría terminar en manos de La Cámpora, eventualidad que desde el punto de vista de los kirchneristas no resultaría demasiado atractiva, ya que muy pronto sus militantes tendrían que encontrar el modo de satisfacer las exigencias de gremialistas insaciables que, con toda seguridad, no tardarían en reanudar la lucha por aumentos salariales cada vez mayores.
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