Piden condenas por fraude en Zapala

El fiscal Diego Chavarría solicitó ayer que se condene por defraudación a la administración pública a dos exempleadas municipales del Ente de Agua por haberse apoderado de al menos 50.000 pesos correspondientes al pago del servicio de los usuarios.

El titular del ministerio público fiscal requirió subsidiariamente que se inhabilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos a ambas acusadas .

“Confiamos plenamente en que la jueza Carolina González emitirá una resolución condenatoria contra estas personas en función de la gran cantidad de pruebas colectadas durante la investigación”, sostuvo el fiscal Marcelo Jofré.

El fallo de la jueza González se conocerá mañana y en caso de que la magistrada encuentre culpables a las dos ex agentes municipales se deberá fijar una nueva audiencia de cesura donde se resolverá la pena que le podría caber a cada una de ellas.

El Código Penal Argentino establece una sanción máxima de tres años de prisión de carácter condicional. En caso de ser encontradas no responsables, la fiscalía podría apelar la sentencia ante el Tribunal de Impugnación, que actúa como tribunal de segunda instancia.

La maniobra por la cual fueron llevadas a juicio ocurrió en 2015 y fue denunciada por el propio presidente del Ente Autárquico de Servicios Públicos, Manuel Martínez.

Según revelaron las fuentes consultadas, las empleadas se quedaban con parte de la recaudación de los vecinos que se acercaban a pagar a las oficinas del ente. Para ello se valían de las funciones que desempeñaban en ese organismo, ya que una era la tesorera y la otra la cajera.

El modus operandi consistía en no ingresar los pagos que luego figuraban como deudas de los vecinos. Varios de ellos iniciaron el reclamo y a partir de allí fue que salió a la luz la maniobra.

De acuerdo a la fiscalía se logró demostrar que la maniobra alcanzó a los 50.000 pesos pero incluso se presume que podría ser mucho mayor si se considera el tiempo en el que ambas se desempeñaron en esos cargos.

Conocida la situación, el municipio llevó adelante un sumario interno y determinó la cesantía de las dos empleadas, quienes impugnaron esta decisión a través de un recurso ante el fuero Civil.

Finalmente la justicia le dio la razón a la comuna y quedó firme la exoneración de las dos empleadas.

El defensor de las imputadas, Pablo Tomasini, solicitó en tanto la absolución de sus clientas argumentando que no hubo perjuicio económico para el organismo y que por ende no se configuró el delito por el que se las acusa.

Una serie de reclamos iniciados por los vecinos que habían pagado sus boletas pero figuraban con deuda permitió detectar la maniobra fraudulenta.

La maniobra