Pidieron hasta ocho años de prisión para narcotraficantes
Alfredo Leiva
BARILOCHE (AB).- “Hemos llegado a este juicio para demostrar la existencia de una organización destinada al tráfico de estupefacientes”, aseguró ayer la fiscal general Mónica Belenguer, en el inicio de su extenso alegato.
Los imputados la miraban de reojo. Después, la fiscal pidió a los jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca que le impongan penas de entre 8, 7 y 6 años de prisión a los cabecillas de la organización como coautores del delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por la participación de tres o más personas.
Leonardo Daniel Amado se agarró la cabeza cuando escuchó que pedían seis años de cárcel para él. Se quedó con la vista fija en el piso. Belenguer solicitó 7 años de prisión para Fernando Luis Ribulgo alias “la morsa”, que sonrió nervioso.
La fiscal pidió que les impongan ocho años de prisión a Mario Bistagnino, Ernesto Cardozo y Jorge Molina y 3.500 pesos de multa respectivamente.
Luego, Belenguer requirió 5 años y 6 meses de prisión para Raúl Maza por el delito de tráfico de estupefacientes para la comercialización, pero lo excluyó de integrar la organización.
Valoró a favor del imputado su confesión en el juicio. Maza admitió su responsabilidad ante los jueces Armando Márquez, Alejandro Silva y Orlando Coscia por los casi 14 kilos de marihuana que le secuestraron en un allanamiento que se hizo el 5 de diciembre de 2009, en una cabaña que había alquilado en Bariloche.
Desvinculó a su hija Yanet Maza del hecho. La joven acompañaba a su padre y ambos habían arribado procedentes de Buenos Aires. Por eso, la fiscal pidió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para la joven por el delito de tráfico de estupefacientes, como partícipe secundario.
“Sólo estaba en compañía de su papá que estaba cometiendo un delito”, indicó Belenguer.
La fiscal atribuyó a Amado, Ribulgo, Bistagnino, Cardozo y Molina los presuntos hechos que ocurrieron entre el segundo semestre de 2008 y 2009 cuando traficaron drogas que traían desde Paraguay a partir de un contacto en Misiones.
Transportaban los estupefacientes a Buenos Aires, de donde los despachaban en encomiendas por las empresas Imaz y Vía Cargo a Bariloche y El Bolsón.
Los defensores oficiales Fernando Ovalle y Gabriela Labat y la defensora particular María Cristina Arnal Cañes plantearon varias nulidades por irregularidades en el proceso. Advirtieron que se vulneró el derecho a la privacidad de las personas porque hubo escuchas a personas no imputadas. Y pidieron la absolución de los acusados.
