Planes a granel

En un esfuerzo indisimulado por atenuar el malhumor que será ocasionado por la suba de la tasa de desocupación, la cual afecta al 15,4% de la población «activa», el gobierno del presidente Fernando de la Rúa se ha puesto a anunciar diversos «planes» destinados a convencer a la ciudadanía de que no es su intención quedarse con los brazos cruzados frente al drama social. Aunque puede cuestionarse tanto la demora -la cual es atribuible al hecho de que antes de iniciar su gestión la Alianza no había pensado seriamente en lo que se proponía hacer- como la oportunidad elegida para formular los anuncios, no cabe duda de que la sociedad en su conjunto debería hacer más para paliar la situación en que se encuentran los sectores más pobres. No sólo se trata de la «justicia social» o «solidaridad» que figuran de modo tan destacado en los discursos de los políticos, sino también del futuro del país. A menos que los actualmente rezagados logren adaptarse a las exigencias de una sociedad acostumbrada al cambio constante en un mundo sumamente competitivo, la Argentina no tendrá posibilidad alguna de dejar atrás el subdesarrollo en el cual se hundió hace mucho tiempo y al cual apenas ha comenzado a sustraerse.

Por fortuna, los miembros del gobierno aliancista parecen entender muy bien que, a la larga, el paternalismo por lo común clientelista que es tradicional en toda América Latina suele resultar contraproducente: lejos de contribuir a superar la pobreza, propende a perpetuarla al consolidar la dependencia, lo cual es lógico porque el progreso es siempre producto de una multitud de iniciativas individuales, no de la genialidad de un puñado de líderes carismáticos. En efecto, en muchas zonas del país, sobre todo en las provincias feudales regidas por alguno que otro «tata», buena parte de la población sigue confiando en que tarde o temprano los «dirigentes» les suministrarán las «soluciones» que les permitirían vivir mejor, aunque a esta altura debería serles evidente que ya se han ido para siempre los días en que el bondadoso cacique local podría garantizarles un mínimo de bienestar repartiendo trabajos poco exigentes en el sector público o privilegiando a empresas que juran haberse comprometido a crear cantidades apreciables de «fuentes de trabajo».

Por eso, el «Plan Solidaridad» que han preparado los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, inspirándose en programas que se implementaron en México con resultados aceptables, supone no meramente subsidios para medio millón de familias, sino también ciertas obligaciones por parte de los beneficiados, como las de inscribir en el colegio a los menores y de participar en programas educativos y sanitarios. Es importante que quienes reciban la ayuda respeten el contrato así supuesto, porque de lo contrario se ensanchará aún más la brecha que separa a la Argentina formal de la otra, habitada mayormente por indigentes, que sencillamente no forman parte del mundo actual y que raramente saben cómo manejarse en él.

Con todo, si bien parece promisorio este plan, tan grande es la distancia que mide entre los despachos gubernamentales y las casas de los indigentes que sorprendería que los frutos iniciales no resultaran decepcionantes. Incluso en países que son mucho más ricos que la Argentina, y que cuentan con un sector público eficaz, se ha descubierto, luego de muchos esfuerzos frustrados, que reducir, para no hablar de eliminar, la miseria es una tarea que es muy pero muy difícil. Como sabemos, aquí los recursos materiales son decididamente limitados y muchos de los organismos que tendrán que usarlos son penosamente deficientes aun cuando no sean corruptos. Es probable, pues, que una proporción excesiva del dinero invertido sea robada o despilfarrada en tareas burocráticas sin que llegue a las manos de los indigentes, pero mientras no se emprenda la tantas veces prevista «reforma del Estado», no habrá forma de gastar los fondos asistenciales con eficiencia. Asimismo, el que los planes gubernamentales sean forzosamente modestos podría resultar una ventaja, porque si bien los subsidios ayudarán, nadie podría tomarlos por «la solución» definitiva.