Pobres y corruptos

La voluntad de combatir la corrupción es tan escasa, que generaciones enteras nacen y mueren sin que los dirigentes logren aciertos.



zLas encuestas sobre la “percepción” de la corrupción en los distintos países que con cierta frecuencia emprenden Transparencia Internacional (TI) y otros organismos son muy útiles porque, entre otras cosas, confirman que se trata de algo mucho más grave que un invento de políticos opositores o periodistas resentidos, pero cuando es cuestión de explicar las razones por las cuales el fenómeno afecta mucho más a ciertas sociedades que a otras las teorías planteadas suelen resultar llamativamente ingenuas. Por ejemplo, hace poco se difundió en Washington un informe, elaborado por TI, según el cual la causa principal de la corrupción sería el bajo nivel de los salarios en el sector público. De ser así, existiría una relación estrecha entre dichos salarios y la corrupción, con los países más pobres siendo los más deshonestos y todos los ricos mostrándose libres del flagelo, pero, claro está, la realidad es distinta. Aunque los salarios del sector público argentino son generosos en comparación con los habituales en Nicaragua y Guatemala, para no hablar de Zambia y Zimbabwe, esto no ha sido óbice para que, conforme a los empresarios consultados, aquí la corrupción sea decididamente peor. Tampoco lo ha sido para que los casos de corrupción más espectaculares fueran los protagonizados por aspirantes a convertirse en multimillonarios y que no se asemejan en absoluto a agentes públicos famélicos que de otro modo no llegarían al fin de mes.

La razón por la cual TI, el Banco Mundial, y otras entidades que están encabezando lo que es una suerte de cruzada planetaria contra la corrupción no quieren intentar analizarla con seriedad es política. Puesto que temen ser acusadas de albergar prejuicios inconfesables, prefieren dar por descontado que en este sentido por lo menos todas las culturas del mundo son iguales, es decir, que ninguna incide de forma alguna en la conducta de las personas, lo cual es un dislate pero que sirve para ahorrarles problemas. Así, pues, los voceros de TI han afirmado en muchas ocasiones que lo único que hay que hacer para ahuyentar a los ladrones es crear los mecanismos de control apropiados, lo cual supondría que si la Argentina importara ciertos métodos daneses o neocelandeses la corrupción se esfumaría muy pronto. Por los mismos motivos, a dichos organismos nunca se les ocurre preguntarse en público si significa algo el hecho patente de que todos los países menos corruptos estén ya en el norte protestante de Europa occidental, ya en ex colonias británicas como Nueva Zelanda, Hong Kong y Singapur, mientras que entre los más corruptos están Italia y España, a pesar de que los dos países mediterráneos se encuentran entre los más ricos del mundo entero y que por lo tanto pueden remunerar a sus empleados públicos con una generosidad que en otras latitudes produciría asombro. ¿Sólo se trata de una casualidad? Aunque muchos hablan como si estuvieran convencidos de que lo sería, nadie realmente lo cree.

No nos engañemos. Si bien es evidente que buenos “mecanismos de control” son esenciales, el que los países corruptos nunca se las hayan ingeniado para crearlos se ha debido a mucho más que un lapso administrativo sin importancia. Si los gobernantes de una sociedad determinada están resueltos a reducir al mínimo el nivel de corrupción, no les será difícil formar instituciones capaces de permitirles hacerlo. Sin embargo, tanto en nuestro país como en Italia y muchos otros, la voluntad de combatir la corrupción es tan escasa que generaciones enteras nacen y mueren sin que los dirigentes logren acertar, lo cual refleja su falta de compromiso con la honestidad, virtud que todos dicen venerar pero que relativamente pocos tienen interés en practicar. En cuanto a los bajos salarios del sector público, de ser éstos la causa fundamental de la corrupción tendríamos que resignarnos a ella porque tendrían que transcurrir muchos años antes de que la Argentina, con un producto per cápita actual que es inferior a los nueve mil dólares anuales, esté en condiciones de pagar a los estatales aquellos salarios daneses que, en opinión de los empresarios primermundistas, servirían para transformarlos en dechados de rectitud.


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