Poco consenso para reformar la Carta Orgánica

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La propuesta presentada por tres concejales oficialistas para reformar la Carta Orgánica cosechó escasas adhesiones en el Concejo Municipal y también fue desacreditada por el intendente, Atilio Feudal, quien la consideró «inoportuna».

La iniciativa tiene por autores a la presidenta del Concejo, Graciela Di Biase, quien pertenece a la Alianza pero proviene del MUP, y a sus pares Alberto Icare (también del MUP) y a Wálter Arneodo (UCR).

Según lo referido por el texto, que será analizado en primer término por la comisión de Gobierno y Legales, debería convocarse el 10 de septiembre para elección de convencionales «que trabajarán ad honórem» y estará especialmente destinada a establecer mecanismos claros de sanción para los funcionarios que cometan irregularidades.

Según el intendente, si esa es la carencia que quieren salvar los ediles «mientras la Carta Orgánica no dé elementos puede usarse supletoriamente la legislación de la provincia». En realidad, no ocultó su malestar al haberse enterado «por los diarios» del proyecto. Observó también que todo el operativo de elección y funcionamiento de la Convención «ocasionaría un gasto grande» que el municipio hoy no puede afrontar. «Personalmente me opongo, y lo digo también como ciudadano», dijo concluyente.

La idea también encontró rechazos por parte de los pares de bancada de los autores. El edil Ricardo Spoturno (UCR) consideró que la reforma es inconveniente en este momento «porque no hay medios», y también calificó de «pobre» el contenido.

«Desde el vamos el proyecto no se puede aprobar como está porque cualquier ordenanza que implique erogación de dinero tiene que estar acompañada de la factibilidad económica», argumentó.

Aunque puesto luego a desmenuzar los temas dignos de ser reformados dijo que el de las sanciones es apenas uno más. A su juicio «también deberían plantearse por ejemplo, el verdadero alcance de las resoluciones de los secretarios, los temas vinculados con las juntas vecinales y con la planificación urbana».

Se pronunció incluso por fijar a través de la CO «el número de funcionarios y sus sueldos» y propuso también una reducción en la cantidad de concejales.

El concejal del PJ Ricardo Ledo se mostró cauto y dijo que la reforma para agilizar las sanciones «debe ser muy discutida y razonada». Su temor es que Bariloche quede expuesto, como El Bolsón, a que «los intendentes sean removidos al primer inconveniente y así nadie termine su mandato». No descartó tampoco volver a un Ejecutivo colegiado porque «la división de poderes no demostró que sirva para aceitar los mecanismos democráticos».

Desde el PPR, el edil Claudio Lueiro entendió que la propuesta «es extemporánea», en especial «por el costo» que tendría para el municipio.

Por las expresiones públicas conocidas hasta ahora, el proyecto está lejos de tener los dos tercios de los votos, que necesita para formalizar la convocatoria.

Alarmante falta de recursos padecen los inspectores del municipio

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los inspectores municipales encargados de verificar el efectivo cumplimiento de una enorme cantidad de ordenanzas deben lidiar con una carencia de recursos casi absoluta.

Muchos de ellos salen a trabajar con sus propios vehículos y hasta deben pagar el combustible de su bolsillo. Así lo reconoció el director general de Inspección, Ricardo Vélez, quien días atrás se encontró también con la rotura de una computadora, que no podrá arreglar de inmediato a pesar de que la necesita como el agua.

Aún así, el municipio lleva realizadas en la actual gestión más de 2.300 inspecciones, es decir alrededor de 150 por semana. Esta cifra contrasta con los 1.100 procedimientos que se realizaron durante todo el 99, cuando la actividad estuvo paralizada largo tiempo debido a las protestas gremiales.

Vélez dijo que en esta primera etapa concentraron la atención sobre bares, confiterías, supermercados, gomerías y talleres. Señaló también que las transgresiones que detectan son abundantes por la falta de costumbre en el control permanente. «Es fácil desviarse, corregir cuesta mucho más» observó.

Según el funcionario, al 60 por ciento de los contribuyentes les falta de habilitación comercial, «incluyendo los que nunca la tramitaron, los que la tienen vencida y los que no se presentaron a retirarla». Frente a esta irregularidad se les da un plazo de adecuación y si no se ponen en regla, los inspectores labran una infracción, y en algunos casos se llegó a la clausura.

Ciertos comerciantes prefieren recostarse en el convencimiento de que «hablan con alguien y les levantan la sanción», según refirió Vélez. No son pocos los comerciantes que han apelado ante el intendente Atilio Feudal, quien dijo que entre las decenas de presentaciones recibidas hasta ahora le dio la razón a una sola. «La voluntad férrea de fiscalizar y de que no haya excepciones ya está públicamente planteada -expresó Vélez-, por eso resulta necesario dotar de recursos al equipo de trabajo».

Dijo que al escuchar el reclamo el intendente «se comprometió a gestionar cuanto antes un vehículo» para Inspección General. Aunque suene innecesario, Vélez aclaró que Bariloche «tiene un ejido muy grande» y no se les puede pedir a los 30 inspectores que se movilicen por su cuenta para cumplir con los controles.