Poderes en conflicto
Desde el punto de vista del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y de su propia jefa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia sí cometió “una flagrante violación a la división de poderes” al ordenar, una vez más, al gobierno repartir la publicidad oficial según criterios apolíticos. A pesar de todos los esfuerzos de los ideólogos oficialistas por enseñarles a los jueces de la Corte que, en la Argentina posliberal, el Poder Ejecutivo es dueño absoluto del Estado y que por lo tanto Cristina tiene pleno derecho a subsidiar, con el dinero suministrado por los contribuyentes, a los medios leales y boicotear a aquellos que en su opinión no lo son, sus señorías siguen aferrándose a los principios anticuados en que se basa la vieja Constitución prekirchnerista. Para el gobernador chaqueño con licencia que ha hecho suya la doctrina kirchnerista que se ve resumida en la consigna “vamos por todo”, la adhesión a la Carta Magna de la Corte Suprema sólo puede significar que los jueces también “van por todo”, lo que, como es natural, le produce indignación. Al ordenar al gobierno incluir a Canal 13, del Grupo Clarín, en su pauta publicitaria, los miembros de la Corte reivindicaron sentencias anteriores a favor del “Río Negro” en el 2002 y, casi cuatro años más tarde, Editorial Perfil, conforme a las cuales es ilegal distribuir la publicidad oficial según normas discriminatorias, privilegiando a los amigos y castigando a los adversarios, con el propósito de brindar a los periodistas motivos comerciales contundentes para apoyar a los gobernantes de turno. Si bien el gobierno provincial neuquino acató el fallo de la Corte, el nacional se ha negado a hacerlo; los pocos avisos oficiales recibidos por Perfil a partir del 2006 han sido de valor meramente simbólico. ¿Se resignará el gobierno de Cristina a permitir que Canal 13 se vea beneficiado por la pauta publicitaria oficial que, según la Corte, debería repartirse de manera “equitativa y proporcional”, tomando en cuenta la importancia relativa y la conformación del público de la emisora? Es poco probable. Como Capitanich acaba de explicarnos, en la ideología autoritaria de los kirchneristas no hay lugar para el disenso; a su juicio, al discrepar con el gobierno, la Corte Suprema apoyaba a aquellos siniestros “grupos económicos” que, nos asegura, procuran amordazar a la mismísima presidenta, razón por la cual ha tenido que hacer uso de la cadena nacional de radio y televisión para mantenernos debidamente informados acerca de sus actividades y preferencias. Aunque a veces los pensadores oficialistas más destacados citan a teóricos que dicen que a un líder popular le convendría comunicarse directamente con la gente, sin depender de la intermediación de la prensa, el gobierno de Cristina ha invertido una cantidad enorme de dinero público en medios supuestamente independientes cuya función consiste en difundir propaganda kirchnerista. Para frustración de los creyentes en el relato presidencial, el costoso imperio periodístico que han construido no ha servido para mucho. Si no fuera por los muchos millones de dólares que el gobierno les entrega, los diarios oficialistas más notorios caerían en bancarrota muy pronto, destino éste que a buen seguro les aguarda cuando llegue a su fin el mandato de la presidenta actual. En cambio, los medios perjudicados por la hostilidad de un gobierno que nunca ha vacilado en pisotear la Constitución han logrado sobrevivir hasta ahora a pesar de todos los intentos por hundirlos de los kirchneristas que, además de excluirlos, por completo o parcialmente, de la pauta oficial, han presionado a empresas privadas para que adopten una actitud parecida, privando así de recursos a los matutinos más importantes de la capital federal. Con todo, si bien es evidente que la estrategia comunicacional nada democrática del gobierno kirchnerista ha sido contraproducente, la posibilidad de que la modifique en los meses próximos parece escasa. Para Cristina y sus militantes, prestar atención a un fallo de la Corte Suprema equivaldría a confesarse derrotados. Han hecho del incumplimiento una cuestión de principio durante tanto tiempo que a esta altura sería inútil pedirles respetar la división de poderes no en la versión de Capitanich sino en la prevista por la Constitución.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 15 de febrero de 2014
Desde el punto de vista del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y de su propia jefa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia sí cometió “una flagrante violación a la división de poderes” al ordenar, una vez más, al gobierno repartir la publicidad oficial según criterios apolíticos. A pesar de todos los esfuerzos de los ideólogos oficialistas por enseñarles a los jueces de la Corte que, en la Argentina posliberal, el Poder Ejecutivo es dueño absoluto del Estado y que por lo tanto Cristina tiene pleno derecho a subsidiar, con el dinero suministrado por los contribuyentes, a los medios leales y boicotear a aquellos que en su opinión no lo son, sus señorías siguen aferrándose a los principios anticuados en que se basa la vieja Constitución prekirchnerista. Para el gobernador chaqueño con licencia que ha hecho suya la doctrina kirchnerista que se ve resumida en la consigna “vamos por todo”, la adhesión a la Carta Magna de la Corte Suprema sólo puede significar que los jueces también “van por todo”, lo que, como es natural, le produce indignación. Al ordenar al gobierno incluir a Canal 13, del Grupo Clarín, en su pauta publicitaria, los miembros de la Corte reivindicaron sentencias anteriores a favor del “Río Negro” en el 2002 y, casi cuatro años más tarde, Editorial Perfil, conforme a las cuales es ilegal distribuir la publicidad oficial según normas discriminatorias, privilegiando a los amigos y castigando a los adversarios, con el propósito de brindar a los periodistas motivos comerciales contundentes para apoyar a los gobernantes de turno. Si bien el gobierno provincial neuquino acató el fallo de la Corte, el nacional se ha negado a hacerlo; los pocos avisos oficiales recibidos por Perfil a partir del 2006 han sido de valor meramente simbólico. ¿Se resignará el gobierno de Cristina a permitir que Canal 13 se vea beneficiado por la pauta publicitaria oficial que, según la Corte, debería repartirse de manera “equitativa y proporcional”, tomando en cuenta la importancia relativa y la conformación del público de la emisora? Es poco probable. Como Capitanich acaba de explicarnos, en la ideología autoritaria de los kirchneristas no hay lugar para el disenso; a su juicio, al discrepar con el gobierno, la Corte Suprema apoyaba a aquellos siniestros “grupos económicos” que, nos asegura, procuran amordazar a la mismísima presidenta, razón por la cual ha tenido que hacer uso de la cadena nacional de radio y televisión para mantenernos debidamente informados acerca de sus actividades y preferencias. Aunque a veces los pensadores oficialistas más destacados citan a teóricos que dicen que a un líder popular le convendría comunicarse directamente con la gente, sin depender de la intermediación de la prensa, el gobierno de Cristina ha invertido una cantidad enorme de dinero público en medios supuestamente independientes cuya función consiste en difundir propaganda kirchnerista. Para frustración de los creyentes en el relato presidencial, el costoso imperio periodístico que han construido no ha servido para mucho. Si no fuera por los muchos millones de dólares que el gobierno les entrega, los diarios oficialistas más notorios caerían en bancarrota muy pronto, destino éste que a buen seguro les aguarda cuando llegue a su fin el mandato de la presidenta actual. En cambio, los medios perjudicados por la hostilidad de un gobierno que nunca ha vacilado en pisotear la Constitución han logrado sobrevivir hasta ahora a pesar de todos los intentos por hundirlos de los kirchneristas que, además de excluirlos, por completo o parcialmente, de la pauta oficial, han presionado a empresas privadas para que adopten una actitud parecida, privando así de recursos a los matutinos más importantes de la capital federal. Con todo, si bien es evidente que la estrategia comunicacional nada democrática del gobierno kirchnerista ha sido contraproducente, la posibilidad de que la modifique en los meses próximos parece escasa. Para Cristina y sus militantes, prestar atención a un fallo de la Corte Suprema equivaldría a confesarse derrotados. Han hecho del incumplimiento una cuestión de principio durante tanto tiempo que a esta altura sería inútil pedirles respetar la división de poderes no en la versión de Capitanich sino en la prevista por la Constitución.
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