Polémica por inspecciones con policías armados en discotecas

La empresa que administra las discos cuestionó un procedimiento ordenado por la municipalidad.





La empresa que administra las discotecas más grandes de esta ciudad se negó a permitir el ingreso de policías armados que acompañaban una inspección municipal.

La Justicia de Faltas amenazó con clausurar los locales si reiteraban esa conducta, pero el intendente Gustavo Gennuso atendió la queja y le dio la razón a la empresa.

El criterio del municipio, según explicó la asesora letrada Natacha Vázquez, es el de “buscar la forma de que las inspecciones se hagan, porque es necesario” y por eso aceptaron que los encargados de fiscalizar en adelante se presentarán con policías, pero desarmados.

Vázquez dijo incluso que esa salvedad está prevista en un protocolo de actuación policial, por el cual los efectivos deben dejar sus pistolas en la comisaría cuando realizan procedimientos programados en lugares con alta concentración de público.

La empresa Alliance SRL -titular de los boliches By Pass, Cerebro, Genux y Rocket- presentó un recurso de apelación contra la sentencia 114.599/17 en la cual el juez de Faltas Gustavo Contín advirtió que “de reiterarse los impedimentos a la realización de inspecciones municipales, se procedería a la inmediata clausura del establecimiento”.

Según los patrocinantes de Alliance, la sentencia es improcedente y la amenaza de clausura “es violatoria de todo orden jurídico”.

Defendieron el derecho a prohibir el ingreso de armas a las discotecas de la firma y dijo que sólo habían solicitado a Inspección General, a la policía y al Juez de Faltas que les aclaren “si existe norma que obligue a los policías a portar armas para identificar personas dentro de un establecimiento en el que hay más de mil chicos entre 17 y 18 años”.

Gennuso resolvió la controversia con un reconocimiento del reclamo y declaró la nulidad de la sentencia de Contín. Entre los fundamentos señaló que esa resolución “no respetó los principios de legalidad” y atendió el planteo de Alliance según el cual las inspecciones debían estar sujetas a “límites y garantías”, fundados en otros principios como el de “razonabilidad” y el derecho a la intimidad, consagrados en la Constitución.


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