Radiografía de las cárceles de Neuquén: cuántos presos hay, por qué delitos y en qué condiciones viven

Se conoció el informe anual 2025 del Comité de prevención contra la tortura. Cuestiona las condiciones de hacinamiento, el acceso a la salud, la educación y la alimentación, entre otros aspectos.

Por Guillermo Berto

La composición de la población penal en Neuquén se explica casi en su totalidad con tres números: 3 de cada 10 personas fueron condenadas por delitos contra las personas; otra cifra idéntica, por delitos contra la integridad sexual; y un porcentaje apenas más bajo por delitos contra la propiedad. Es decir, el 92% están encerrados por apenas tres tipos de causas.

Por otra parte, el 96% de las personas privadas de su libertad son de nacionalidad argentina; la presencia de extranjeros es muy reducida y se concentra en nacidos en países limítrofes como Chile, Bolivia y Paraguay.

Además, el 77% no completó los estudios secundarios, y más de la mitad tiene menos de 35 años.

Los datos los consigna el Comité provincial de prevención de la Tortura (CPPT) de Neuquén en su informe anual 2025. Recorrió las cárceles de la provincia y constató las condiciones de detención. Se conoce horas después del fallo de la jueza de Ejecución, Raquel Gass, que afirmó que «no hay» una política carcelaria en Neuquén y ordenó la habilitación de un pabellón.

El alerta del Comité


En ese sentido lanza un alerta: «el actual escenario de sobrepoblación, sumado a la insuficiente inversión en políticas públicas de ejecución penal y al déficit estructural en materia de infraestructura en unidades de detención y comisarías, ha profundizado el incumplimiento de los estándares normativos vigentes en materia de derechos humanos y prevención de la tortura. Esta situación compromete la responsabilidad estatal, en tanto configura condiciones que pueden derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes».

El Informe Anual 2025 comprende las acciones desarrolladas por el CPPT hasta el 1 de diciembre de 2025. A ese día, «había registradas en la provincia del Neuquén 796 personas privadas de libertad (769 varones y 27 mujeres), de las cuales 578 se encontraban alojadas en Unidades de Detención y 218 en comisarías (con y sin sector de alcaidía)».

A este número «es importante incorporar el de cuatro niños que viven en la Unidad de Detención N°16 junto con sus madres, quienes si bien no están formalmente ‘privados de su libertad’ habitan diariamente y conviven dentro de un espacio carcelario».

Los principales delitos


La población privada de libertad en la provincia «se concentra principalmente en delitos contra las personas (34,8 %), contra la integridad sexual (31,41 %) y contra la propiedad (26,38 %), que en conjunto representan más del 92 % del total. En contraste -añade el informe- las causas vinculadas a estupefacientes alcanzan apenas el 2,51 % (15 casos sobre 796), mientras que los delitos contra la seguridad pública y armas representan el 2,64 %».

Destaca también que «desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en 2014 ha duplicado la tasa de encarcelamiento provincial. El incremento interanual observado entre 2024 y 2025 -con un aumento del 13,7 % de la población detenida- profundiza esta tendencia y evidencia que el sistema continúa expandiéndose».

«Particular gravedad reviste el hecho de que casi seis de cada diez personas alojadas en comisarías se encuentren condenadas, lo que transforma a estos espacios -diseñados para detenciones transitorias- en ámbitos de cumplimiento efectivo de pena».

Medidas urgentes


Según recomienda el Comité, creado por la ley N° 3213, sancionada el 20 de noviembre de 2019, «resulta imperioso que el Estado provincial planifique e implemente de manera urgente programas integrales de ejecución penal, que articule medidas de corto, mediano y largo plazo orientadas a garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, así como estrategias efectivas de inclusión. Asimismo, es fundamental avanzar sin dilaciones en la ejecución del plan de obras destinado a la ampliación y adecuación de la infraestructura existente, incluyendo de manera expresa a las comisarías».

Por otra parte, teniendo en cuenta que «los delitos contra la integridad sexual son el segundo tipo delictivo con mayor tasa de encarcelamiento», resulta «fundamental promover la creación de dispositivos específicos de atención dirigidos a varones privados de su libertad, orientados al abordaje integral de las violencias por motivos de género».

En sentido similar señala que «el acceso a la educación es condición necesaria para la progresividad de la pena y la efectiva vigencia de los derechos humanos en contextos de encierro».

El Comité está integrado por Pablo Scatizza (presidente), Estefanía Buamscha, Silvia Couyoupetrou, Néstor Giménez, Roberto Samar, Araceli Genco, Jorgelina González y Pablo Meuli.


La composición de la población penal en Neuquén se explica casi en su totalidad con tres números: 3 de cada 10 personas fueron condenadas por delitos contra las personas; otra cifra idéntica, por delitos contra la integridad sexual; y un porcentaje apenas más bajo por delitos contra la propiedad. Es decir, el 92% están encerrados por apenas tres tipos de causas.

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