Política y pobreza

Redacción

Por Redacción

A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le gusta jactarse ante sus homólogos del G20 y otras organizaciones de que, en la Argentina, los aumentos salariales suelen ser de más del 20%, mientras que los desafortunados trabajadores europeos, norteamericanos y japoneses tienen que conformarse con subas que son llamativamente inferiores. Por lo tanto, pudo festejar el anuncio de que en adelante el salario mínimo será de 2.670 pesos y a partir del 1 de febrero del año próximo de 2.875 pesos, o sea, el 25% más que el vigente hasta ahora, un cambio que, medido como porcentaje, sí parece mayúsculo. Con todo, aunque es innegable que, de guardar alguna relación con la realidad la tasa de inflación supuestamente registrada por el Indec, quienes dependen del salario mínimo tendrían buenos motivos para sentirse satisfechos con la evolución de la economía nacional, sucede que a juicio de todos, con la hipotética excepción de Cristina y los funcionarios que comparten las tareas que en otros tiempos monopolizaba el ministro de Economía, el país del Indec es una fantasía, una especie de utopía que se aleja cada vez más de la Argentina de los seres de carne y hueso. Resulta tan grande la distancia que separa a los dos que, como fue de prever, no bien se difundió la información sobre el aumento del salario mínimo que cohonestaron sindicatos afines al kirchnerismo, economistas privados se pusieron a señalar que los 2.875 pesos mensuales previstos para febrero –y ni hablar de los 2.670– no bastarían como para permitirle a una familia tipo cubrir los costos de una canasta familiar básica, motivo por el que sindicalistas disidentes insisten en pedir que el mínimo sea al menos 3.500 pesos, monto éste que reclama la CGT del camionero Hugo Moyano. Tienen razón quienes afirman que aquellos que dependen del salario mínimo están sumidos en la pobreza extrema, sin los recursos necesarios para comprar lo que de acuerdo común es imprescindible, pero se equivocan si creen que esta situación nada satisfactoria puede atribuirse a la indiferencia del gobierno, la falta de sensibilidad de los empresarios o la obsecuencia de los sindicatos oficialistas. Aunque los comprometidos con “el modelo” kirchnerista se resisten a reconocerlo, a pesar de varios años de crecimiento “a tasas chinas” la Argentina sigue siendo un país muy pobre de ingresos tercermundistas. Asimismo, han sido decepcionantes los resultados de los esfuerzos por repartir lo disponible de manera más equitativa, lo que no debería considerarse sorprendente ya que en la raíz del problema está la incapacidad de millones de personas para hacer un aporte positivo a las partes más dinámicas de la economía. Si los ingresos de cada uno dependieran de la voluntad, presuntamente buena, del gobierno de turno, o de las negociaciones tripartitas tradicionales entre funcionarios y representantes de los sindicatos y las entidades empresariales, virtualmente todos percibirían salarios mucho más altos que los actuales, pero, por supuesto, en última instancia lo que importa es la productividad del conjunto. Así las cosas, convendría que quienes participan de las paritarias, en especial los funcionarios gubernamentales, pensaran menos en su deseo comprensible de brindar la impresión de haber defendido bien los intereses de su sector particular, y más en lo que sería necesario hacer para que en el futuro no demasiado lejano todos, salvo los irremediablemente incapaces que siempre requerirían la ayuda del resto de la sociedad, pudieran ganar lo suficiente como para vivir con dignidad. Mal que les pese a los convencidos de que “la política” constituye una suerte de panacea o poción mágica que, debidamente ingerida, serviría para que la Argentina quemara etapas, sobrepasando con facilidad a los países actualmente líderes, no hay ningún sustituto para la educación, el trabajo duro y, desde luego, la creación de un medioambiente social en el que puedan florecer nuevas empresas productivas. Dicho de otro modo, se trata de la necesidad de formular una estrategia abarcativa que sea lo bastante flexible como para sobrevivir a los cambios políticos periódicos, no de una propia de “modelos” determinados que tarde o temprano se verán abandonados por gobiernos nuevos decididos a diferenciarse lo más posible de los anteriores.


A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le gusta jactarse ante sus homólogos del G20 y otras organizaciones de que, en la Argentina, los aumentos salariales suelen ser de más del 20%, mientras que los desafortunados trabajadores europeos, norteamericanos y japoneses tienen que conformarse con subas que son llamativamente inferiores. Por lo tanto, pudo festejar el anuncio de que en adelante el salario mínimo será de 2.670 pesos y a partir del 1 de febrero del año próximo de 2.875 pesos, o sea, el 25% más que el vigente hasta ahora, un cambio que, medido como porcentaje, sí parece mayúsculo. Con todo, aunque es innegable que, de guardar alguna relación con la realidad la tasa de inflación supuestamente registrada por el Indec, quienes dependen del salario mínimo tendrían buenos motivos para sentirse satisfechos con la evolución de la economía nacional, sucede que a juicio de todos, con la hipotética excepción de Cristina y los funcionarios que comparten las tareas que en otros tiempos monopolizaba el ministro de Economía, el país del Indec es una fantasía, una especie de utopía que se aleja cada vez más de la Argentina de los seres de carne y hueso. Resulta tan grande la distancia que separa a los dos que, como fue de prever, no bien se difundió la información sobre el aumento del salario mínimo que cohonestaron sindicatos afines al kirchnerismo, economistas privados se pusieron a señalar que los 2.875 pesos mensuales previstos para febrero –y ni hablar de los 2.670– no bastarían como para permitirle a una familia tipo cubrir los costos de una canasta familiar básica, motivo por el que sindicalistas disidentes insisten en pedir que el mínimo sea al menos 3.500 pesos, monto éste que reclama la CGT del camionero Hugo Moyano. Tienen razón quienes afirman que aquellos que dependen del salario mínimo están sumidos en la pobreza extrema, sin los recursos necesarios para comprar lo que de acuerdo común es imprescindible, pero se equivocan si creen que esta situación nada satisfactoria puede atribuirse a la indiferencia del gobierno, la falta de sensibilidad de los empresarios o la obsecuencia de los sindicatos oficialistas. Aunque los comprometidos con “el modelo” kirchnerista se resisten a reconocerlo, a pesar de varios años de crecimiento “a tasas chinas” la Argentina sigue siendo un país muy pobre de ingresos tercermundistas. Asimismo, han sido decepcionantes los resultados de los esfuerzos por repartir lo disponible de manera más equitativa, lo que no debería considerarse sorprendente ya que en la raíz del problema está la incapacidad de millones de personas para hacer un aporte positivo a las partes más dinámicas de la economía. Si los ingresos de cada uno dependieran de la voluntad, presuntamente buena, del gobierno de turno, o de las negociaciones tripartitas tradicionales entre funcionarios y representantes de los sindicatos y las entidades empresariales, virtualmente todos percibirían salarios mucho más altos que los actuales, pero, por supuesto, en última instancia lo que importa es la productividad del conjunto. Así las cosas, convendría que quienes participan de las paritarias, en especial los funcionarios gubernamentales, pensaran menos en su deseo comprensible de brindar la impresión de haber defendido bien los intereses de su sector particular, y más en lo que sería necesario hacer para que en el futuro no demasiado lejano todos, salvo los irremediablemente incapaces que siempre requerirían la ayuda del resto de la sociedad, pudieran ganar lo suficiente como para vivir con dignidad. Mal que les pese a los convencidos de que “la política” constituye una suerte de panacea o poción mágica que, debidamente ingerida, serviría para que la Argentina quemara etapas, sobrepasando con facilidad a los países actualmente líderes, no hay ningún sustituto para la educación, el trabajo duro y, desde luego, la creación de un medioambiente social en el que puedan florecer nuevas empresas productivas. Dicho de otro modo, se trata de la necesidad de formular una estrategia abarcativa que sea lo bastante flexible como para sobrevivir a los cambios políticos periódicos, no de una propia de “modelos” determinados que tarde o temprano se verán abandonados por gobiernos nuevos decididos a diferenciarse lo más posible de los anteriores.

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