Análisis: el atajo de designar fiscales sin concurso en Río Negro
Sigue la polémica por la designación de fiscales que cobran entre 300.000 y 450.000 pesos.
El Procurador General, Jorge Crespo, fue elegido en 2017 y ahora está en el centro de la polémica por designaciones "a dedo". Archivo
A semejanza de los gobernantes que defienden las contrataciones directas como asuntos de oportunidad, el atajo de evitar el paso de funcionarios judiciales por el filtro democrático del Consejo de la Magistratura encuentra la insólita justificación de la frazada corta en una estructura que tiene fiscalas y fiscales con sueldos de entre 300.000 y 450.000 pesos por mes.
El nivel salarial depende del grado en la escala de los fiscales (adjunto, titular o jefes) y de la antigüedad, que en los Poderes Judiciales no se calcula desde el ingreso al sistema, pilar de una carrera, sino desde el momento en el que reciben su título de abogado.
La reforma del Código de Procedimientos Penal les dio a los fiscales un protagonismo tal que deja expuestos a los que justifican semejante salario estatal pero también a aquellos que no están a la altura de ese desafío.
El Consejo de la Magistratura tiene un funcionamiento bastante político, pero es lo suficientemente equilibrado en la representación de abogados y miembros del Poder Judicial.
Si las designaciones no se producen (porque los concursos se declaran desiertos en muchas ocasiones, dicho sea de paso) los agujeros se sienten: hay sobrecarga de trabajo y problemas para cubrir áreas que son muy extendidas en cada circunscripción judicial. La irrupción de algún caso de gravedad extrema, como un asesinato, complica más las cosas.
Los procedimientos obligan además a ser muy justos con los tiempos de investigación para evitar que una formulación de cargos o una prisión preventiva se caigan.
Pero siempre se puede hacer una advertencia antes (o en vez) de acudir al sempiterno subterfugio de la designación a dedo por razones de estricta necesidad.
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