Bariloche: dos vetos del intendente, con suerte desigual en el Concejo

El intendente Walter Cortés logró imponer el veto que había dictado para una nueva ordenanza regulatoria de la publicidad contratada por el municipio en los medios de prensa, pero no consiguió lo mismo en el caso de otro veto a una ordenanza que establece sanciones para los funcionarios que no respondan requerimientos de información pública, y que fue ratificada por el Concejo.

En sesión extraordinaria, la primera del año, los concejales definieron el último jueves la suerte de ambas normativas luego de intrincados debates, de los cuales resultaron algunos cambios de posturas en el bloque oficialista.

Una de las ordenanzas, aprobada en diciembre pasado en la última sesión del año, fue impulsada por el concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro) y obligaba al Ejecutivo y a los entes autárquicos municipales a presentar su plan de pauta publicitaria y la distribución de contrataciones a cada medio para su aprobación por parte del Concejo Municipal.

En aquel momento la aprobación fue por unanimidad, con la adhesión de dos concejales del oficialista partido PUL. El presidente del cuerpo, Gerardo del Río, no estuvo presente. Pero a la hora de atender los argumentos contrarios de Cortés los tres votaron por ratificar el veto, al igual que Roxana Ferreyra (Nos Une) y Samanta Echenique (Juntos por el Cambio). Los votos para mantener la ordenanza fueron seis y no llegaron a la mayoría especial requerida.

Villalba recordó que en su momento se habían expresado sin disidencias “en repudio al intendente por apretar a periodistas” y lamentó el cambio del oficialismo. “Cuando hay que sancionar algo para que deje de hacer las cosas mal, para transformar la realidad y cuidar los fondos públicos, ahí nos hacemos los distraídos. Así funciona la obediencia debida partidaria”, apuntó.

Durante el debate los concejales dejaron sentado que estaba en juego un presupuesto de 150 millones de pesos anuales y aspiraban a recortar la “discrecionalidad” del Ejecutivo en la asignación de ese gasto. Otra concejal, Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) dijo que la resolución de veto no expuso “ningún exceso por parte del Concejo” y cuando el proyecto fue tratado en comisión “no estuvo la opinión del Ejecutivo”, que es requerida en todos los casos.

Los funcionarios serán multados si no informan

La otra ordenanza cuestionada por Cortés logró los ocho votos (solo se opusieron los tres concejales del PUL) y el veto quedó desestimado, de modo que en adelante las exigencias para responder los pedidos de acceso a la información pública serán más rigurosas.

De acuerdo a la iniciativa que promovió el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), los funcionarios del Ejecutivo y organismos descentralizados (por ejemplo el Emprotur) podrán sufrir sanciones económicas si retacean datos o no responden en tiempo y forma los requerimientos.

El intendente había vetado la ordenanza con el argumento de que ya existen castigos penales en esos casos, bajo la figura del incumplimiento de deberes del funcionario público, y también el Tribunal de Contralor tiene herramientas para corregir o sancionar esas conductas.

Pero los concejales, a la luz de varias experiencias que citaron en la sesión, defendieron el derecho de calificar como “falta grave” la del funcionario que incumpla lo establecido con las normativas de acceso a la información, e imponerle sanciones de 1.000 a 2.000 módulos fiscales. Es decir entre 284.000 y 548.000 pesos, al valor actual de esa unidad.

Costa Brutten habló de la importancia de castigar los incumplimientos por “silencio administrativo” y subrayó la necesidad de que los funcionarios no solo sean “idóneos” sino que se comprometan a “transparentar sus actos”.

Natalia Almonacid (JSRN) defendió el mismo criterio y encontró que lo expuesto en la resolución de veto “no es suficiente”. Dijo que los entes autárquicos también deben estar alcanzados por la regla porque “manejan fondos públicos y tienen que rendir cuentas”.

Wallace recordó los casos de ocultamiento de información más notorios, entre ellos una disposición que autorizó una polémica obra durante el gobierno anterior, a la que jamás pudo acceder, y que el Colegio de Arquitectos tuvo que reclamar por la vía del amparo.