Causa mapuche: Odarda dijo que el STJ lanzó un mensaje “disciplinador” a jueces y fiscales
La funcionaria nacional cuestionó el fallo que anula el sobreseimiento de los miembros de la comunidad Buenuleo en la causa por usurpación en la zona del cerro Ventana.
Integrantes de la comunidad Buenuleo irrumpieron el 10 de septiembre de 2019 en un lote que poseía Emilio Friedrich con el argumento de que se trataba de una recuperación de territorio mapuche. (Foto de archivo)
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Magdalena Odarda, cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de anular el sobreseimiento de integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo en la causa por usurpación de un predio al pie del cerro Ventana, al sur de Bariloche.
Consideró que, a partir de la nueva composición del STJ, “la participación ciudadana en la jurisdicción ha ingresado en un empinado tobogán debido a su evidente tendencia contramayoritaria”.
“Al leer la sentencia del STJ, se advierte en sus palabras y citas grandilocuentes la presencia de una amenaza velada dirigida hacia Jueces y Fiscales de esa provincia”, planteó Odarda, a través de un comunicado. Este diario intentó entrevistarla, pero no fue posible comunicarse con la funcionaria nacional.
Manifestó que “en este ‘llamado de atención´ al Ministerio Público de Río Negro por haber osado aplicar el derecho indígena en una causa iniciada por un particular contra una comunidad indígena, se lanza un claro mensaje ‘disciplinador´ para todo juez, jueza o fiscal que, de aquí en más, aplique las leyes 23302 y 26160 y toda normativa de derecho indígena surgida del orden interno o de convenciones internacionales”.
La abogada calificó el fallo como “preocupante” ya que “condena al desalojo a una comunidad originaria, encontrándose vigente el DNU que lo suspende”. De esta forma, objetó que “mientras el STJ desconoce el derecho indígena, mira para otro lado cuando un inglés como el magnate Joe Lewis desconoce una sentencia surgida de su propio seno en 2009 y 2012”.
Según Odarda, al desconocer la sentencia que “ordena la restitución de Lago Escondido, se sostiene en el tiempo una privatización de hecho de un espejo de agua dulce y recurso turístico excepcional”.
A partir de la nueva conformación del STJ, insistió la funcionaria nacional, “se utiliza un sólido ‘candado´ para impedir el acceso de los ciudadanos a reclamar por derechos difusos y colectivos -como la defensa del ambiente, el acceso al agua y los derechos de los pueblos indígenas- a través de la imposición de costas”.
“En el mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 40 años de la gesta de Malvinas, resulta imperioso que el STJ revierta esta tendencia contramayoritaria, abra la participación ciudadana en la jurisdicción y deseche toda sospecha de fomento de privilegios a los poderosos, en desmedro de los más débiles, de los más humildes”, concluyó Odarda.
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