Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner
También solicitó 12 años de cárcel para Lázaro Báez y 10 para Julio de Vido y José López. El tribunal rechazo un pedido del abogado de la vicepresidenta para ampliar su indagatoria.
Nota actualizada 17.30 hs.- El fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso de corrupción en Santa Cruz conocido como la causa Vialidad.
Luciani también pidió 12 años de cárcel para Lázaro Báez, 10 años de cárcel para Julio de Vido, 10 años de prisión para José López y 10 años de prisión para Nelson Periotti. Para todos se solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Cristina fue acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año.
La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a «instituciones de bien público«. «El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados«, proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”.
La trama de corrupción es la “mayor de la historia”, dijo el fiscal
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”.
Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.
Pero también reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que –según su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.
También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Finalmente, el fiscal le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.
Los fiscales fijaron el fraude al Estado en $ 5.321 millones
El fiscal federal Sergio Mola aseguró más temprano que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares.
Mola terminó de analizar la parte económica de las irregularidades de las 51 obras que recibieron las empresas de Báez y concluyó que el fraude al estado fue de 5.321.049.272,47 de pesos. Para eso se apoyó en una planilla donde describió cada una de las obras y el monto del perjuicio.
“A esta altura no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”, señaló Mola. A su turno el fiscal Diego Luciani indicó: «En todo momento se buscó beneficiar a las empresas de Lázaro Báez».
El fiscal Diego Luciani dijo que no encontró “un solo atenuante” de la pena solicitada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a quien consideró “jefa” de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.
Luciani expuso un listado extenso de las agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Refirió a una máxima de 16 años de prisión. En el listado de agravantes señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió la Vicepresidenta.
También señaló al “cargo” que ocupaba ella y su marido, en referencia al fallecido Néstor Kirchner. Otro punto fuerte es “el desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” por parte de ella. Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López dijo que tampoco obtuvo “atenuantes” de la pena.
Sobre la Vicepresidenta también valoró su «nivel educativo» para haber cometido el delito que se está juzgando y que fue «la principal usufructuaria» de la maniobra: 5.321 millones de pesos fue el perjuicio a la administración pública que definieron los fiscales en los 12 años investigados, desde 2003 a 2015.
Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco dijo encontrar “atenuantes” de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.
En esta causa se le imputa a la vicepresidenta la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta.
«Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», había tuiteado Cristina.
Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Diego Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia. También aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.
Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados.
Contexto
Los fiscales Luciani y Mola concluirán hoy las nueve audiencias de alegato en la causa de la corrupción de la obra pública -nutrida de numerosa prueba y contundentes acusaciones- y pedirán una condena a prisión de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Trascendió que el pedido será de entre 10 y 12 años de prisión de cumplimiento efectivo. Esto teniendo en cuenta la dureza de los plantos de Luciani y el hecho de que en una causa conexa, la ruta del dinero K, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero. La llamada causa Vialidad que se juzga ahora –el delito precedente– es por asociación ilícita y fraude, que tiene una pena de entre 5 y 16 años de prisión.
El fiscal pedirá asimismo la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que aún se desconoce.
El Tribunal Oral Federal 2 que juzga a la vicepresidente y a los otros 12 imputados (integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso), daría a conocer su veredicto a fines de año. La pena de prisión efectiva pedida solo se cumpliría si el fallo queda firme, tras la revisión de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que lleva mucho tiempo. Lo mismo cabe para la inhabilitación para ocupar cargos públicos, con lo cual no tendría inconvenientes en postularse para 2023.
La fiscalía considera a Cristina Kirchner jefa de una asociación ilícita, junto a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y compuesta por ex ministro Julio de Vido, y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. En el caso del primo de los Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, el fiscal podría plantear el “beneficio de la duda” para acusarlo como integrante de la asociación ilícita, de modo que le podría corresponder la categoría de partícipe del fraude al Estado.
Habrá que determinar además los agravantes o atenuantes (por ejemplo, falta de antecedentes penales), que están previstos en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Cristina Kirchner tiene varias causas abiertas abiertas, pero ninguna condena. Los agravantes podrían: naturaleza del delito, extensión del daño al patrimonio del Estado o la condición de Presidente.
Antes de hacer el pedido de prisión, Luciani continuará hoy con la parte final del alegato, que consiste en analizar la conducta de cada uno de los imputados y sus responsabilidades primarias o secundarias
El viernes pasado, el fiscal Luciani embistió contra los imputados por la obra pública de la Provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y les recriminó que “han llegado al extremo del cinismo de sentirse víctimas de una persecución”. Reiteró una decena de veces que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, y dedicó buena parte inicial de su exposición al empresario santacruceño.
Luciani identificó 293 propiedades y afirmó que “ahí está la plata de las obras que no se hicieron”.
El turno de las defensas
Tras el alegato de los fiscales Luciani y Mola, el Tribunal podría disponer un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para dar comienzo a los alegatos de las defensas, con lo cual el juicio podría ser reanudado el martes 6 de septiembre.
El cuarto intermedio les permitiría a los letrados tiempo para preparar las exposiciones.
El orden de los abogados defensores de los acusados para alegar fue establecido alfabéticamente: el primero será el del empresario Lázaro Báez, luego vendrán los defensores de los responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Mauricio Collareda y Raúl Daruich, del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, de la expresidenta Cristina Kirchner, del expresidente de la AGVP Héctor Garro, del exsubsecretario de Coordinación de Obras Públicas Carlos Kirchner, del exsecretario de Obras Públicas José López, del otro expresidente de la AGVP Raúl Pavesi, del extitular de la DNV Nelson Periotti, y de los otros expresidentes de la AGVP José Santibáñez y José Villafañe.
No se descarta que los defensores le planteen al tribunal oral modificar el orden.
Este juicio comenzó en mayo de 2019 en Comodoro Py pero se vio interrumpido por la pandemia de coronavirus durante 150 días y pasó transcurrir bajo la modalidad virtual vía Zoom en agosto de 2020.
Los acusados en este juicio
El tribunal juzga por asociación ilícita y fraude a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
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