Certificados médicos truchos: la defensa pidió que la causa salga de Viedma y se tramite en el Alto Valle

La causa que investiga la presentación de certificados médicos presuntamente falsos por parte de empleados públicos de Río Negro avanzó con una nueva audiencia en Viedma, aunque la instancia no llegó todavía a la formulación de cargos.

Las defensas plantearon excepciones previas de incompetencia territorial y cuestionaron que el expediente tramite ante el Foro de Jueces de la Primera Circunscripción.

El juez de Garantías Adrián Miguel Dvorzak explicó durante la audiencia que los planteos serán resueltos mediante un auto interlocutorio una vez que finalicen las exposiciones de las partes. Recién cuando esa resolución quede firme se podrán realizar las audiencias de formulación de cargos ante el juez que resulte competente.

La audiencia forma parte de una causa que involucra a más de 120 empleados públicos y otras personas investigadas por la presunta utilización de certificados médicos falsos.

La acusación está a cargo de los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, mientras que el Estado rionegrino participa como querellante, representado por el abogado Federico Rosbaco. Las defensas están ejercidas por Silvio Fernando Garrido, Omar Rubén Jurgeit, Santiago Emiliano Gonzalo Silva, Nicolás Suárez Colman, Diego Jorge Broggini y la defensora oficial María Paz Álvarez.

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La defensa cuestionó la competencia de Viedma

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Uno de los principales planteos estuvo a cargo de la defensora oficial Álvarez, quien sostuvo que los hechos atribuidos a sus asistidos no habrían ocurrido en Viedma, sino principalmente en localidades del Alto Valle.

Según explicó, los certificados médicos cuestionados habrían sido confeccionados y retirados de un domicilio de Roca y, en los casos de sus asistidos, presentados ante las reparticiones donde trabajaban en Roca y Cipolletti.

La defensora sostuvo que, de acuerdo con la calificación planteada por la Fiscalía, se investiga un supuesto fraude a la administración pública en concurso ideal con el uso de certificado falso. A partir de esa calificación, argumentó que el uso del documento se concreta cuando el certificado es presentado ante la autoridad correspondiente.

También planteó que, en el caso de la presunta defraudación, debe considerarse el lugar donde se habría producido el perjuicio patrimonial. En ese sentido, sostuvo que la acreditación de los haberes en las cuentas de los trabajadores se habría producido en relación con agentes que residían en el Alto Valle.

Para la defensa, además, allí se concentra buena parte de la investigación. Mencionó los allanamientos realizados, el secuestro de documentación y elementos informáticos, el consultorio de la profesional investigada y los testigos que fueron incorporados por la Fiscalía como sustento de la acusación.

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El argumento sobre el juez natural

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Álvarez también cuestionó que el Ministerio Público Fiscal pueda investigar hechos en toda la provincia y, a partir de esa facultad, determinar dónde se lleva adelante la instancia judicial.

La defensora citó las normas del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial referidas a la competencia territorial. Sostuvo que los jueces ejercen prioritariamente su competencia sobre los delitos cometidos dentro de la circunscripción donde tienen asiento o cuyos efectos se produzcan allí.

Según su planteo, aceptar que la causa tramite en Viedma por el hecho de que la denuncia fue presentada ante organismos provinciales con sede en la capital rionegrina implicaría, a su criterio, generar una suerte de fuero de atracción que no estaría previsto por la legislación.

También hizo referencia a las garantías del juez natural, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa.

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La distancia, otro argumento de la defensa

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Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con las dificultades que, según la defensora, genera tramitar la causa en Viedma cuando los imputados viven y trabajan a cientos de kilómetros.

Álvarez señaló que algunos de los asistidos se encuentran a más de 500 kilómetros de la capital provincial y sostuvo que la situación dificulta el contacto entre los defensores oficiales y sus representados.

Como ejemplo, mencionó las dificultades técnicas que se habían registrado para conectar por videoconferencia a numerosas personas durante las audiencias. También sostuvo que los defensores oficiales no pueden trasladarse de manera habitual al Alto Valle para mantener entrevistas con sus asistidos antes de cada audiencia.

En ese sentido, argumentó que la competencia debería quedar radicada en los foros correspondientes a los lugares donde se habrían producido los hechos, principalmente la Segunda y Cuarta Circunscripción, según el caso.

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La causa todavía no tiene cargos formulados

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Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos sobre la modalidad elegida para avanzar con un expediente que reúne a un número elevado de personas.

Nicolás Suárez Colman planteó que debería tratarse como un único expediente y señaló que la cantidad de personas involucradas complica el desarrollo de las audiencias. En ese contexto, cuestionó que se avanzara con una modalidad en la que primero deben resolverse las excepciones planteadas.

Dvorzak explicó que justamente por ese motivo se decidió avanzar primero con las excepciones previas. El magistrado indicó que las resoluciones serán dictadas mediante un auto interlocutorio al finalizar las audiencias y que las partes tendrán los plazos correspondientes para recurrirlas.

Hasta que esa decisión quede firme, explicó, no se realizarán las formulaciones de cargos. El juez remarcó que primero debe determinarse cuál es el magistrado competente para intervenir en el caso.

Además, respecto de las personas que no estuvieron presentes o no fueron notificadas, se solicitó que se fije una nueva audiencia.

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Una investigación iniciada en 2024

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La investigación por los certificados médicos presuntamente falsos comenzó en mayo de 2024, a partir de una denuncia presentada por el Gobierno de Río Negro. La hipótesis fiscal sostiene que trabajadores estatales habrían utilizado documentación médica con diagnósticos presuntamente falsos para justificar enfermedades y licencias laborales.

La causa también busca determinar la eventual responsabilidad de quienes habrían emitido los certificados y de quienes podrían haber intervenido como gestores o facilitadores de la documentación.

En junio de este año estaba prevista una audiencia de formulación de cargos, pero fue suspendida debido a la cantidad de personas involucradas. En ese momento se indicó que eran cerca de 120 los acusados y se resolvió avanzar mediante diferentes audiencias.

La audiencia actual forma parte de ese esquema. Sin embargo, antes de discutir las acusaciones concretas contra cada uno de los imputados, el juez deberá resolver los planteos de incompetencia presentados por las defensas.

Las audiencias continuarán el 9 de octubre, cuando está previsto avanzar con los restantes planteos de las partes. Recién después de que el juez resuelva las excepciones y las decisiones queden firmes se podrá determinar cuándo y ante qué magistrado se realizarán las formulaciones de cargos.