Crisis carcelaria: el Comité Contra la Tortura de Neuquén pide fondos para poder funcionar

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes le pidió a la presidenta de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, la inmediata ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2025, aún no transferidas, que son fundamentales para el funcionamiento del organismo.

Lo hizo mediante un proyecto de resolución que firma el vicepresidente del Comité, Pablo Scatizza, y que debe ser aprobado por la Cámara.

Señala que el presupuesto asignado es de 336.911.013 pesos, y hasta el momento solo se abonaron los sueldos de los ocho comisionados sin proveer el resto de los recursos necesarios para operar.

«Esta omisión compromete gravemente el cumplimiento de nuestras funciones y pone en riesgo el respeto de las obligaciones provinciales en materia de derechos humanos», denuncia el Comité en los fundamentos del proyecto.

Obligaciones internacionales incumplidas

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La creación del Comité responde a compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), que tiene jerarquía constitucional desde 1994. En ese marco, la ley nacional 26.827 de 2013 dispuso la creación de mecanismos locales de prevención de la tortura en todo el país.

La provincia de Neuquén adhirió a esa normativa mediante la Ley 3213, sancionada en 2019, que obliga al Estado provincial a dotar al Comité de recursos suficientes, no solo para garantizar su independencia, sino también para permitir inspecciones periódicas y el seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad.

No obstante, el Comité denunció haber realizado múltiples gestiones institucionales ante la Presidencia de la Legislatura y la Comisión de Derechos Humanos sin obtener una respuesta favorable. Incluso afirman que se impidió el ingreso de fondos por donaciones judiciales lo que profundiza su parálisis operativa.

Un deber legal, no una opción administrativa

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«El retardo o la omisión en la asignación de recursos constituye un incumplimiento de normas locales, nacionales e internacionales», subraya el texto. Además, enfatiza que la ejecución del presupuesto no es una facultad discrecional de la administración, sino un mandato legal que se desprende del principio de legalidad y de la continuidad del Estado.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas ya había señalado su preocupación por la falta de autonomía financiera de los mecanismos locales argentinos durante su última visita al país. En la misma línea, el Relator Especial sobre la Tortura advirtió en 2018 que la vigilancia independiente de lugares de encierro es esencial para prevenir violaciones a los derechos humanos.

Pedido urgente

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Ante este escenario, el Comité solicita a la Legislatura provincial que requiera explicaciones a su presidencia por el incumplimiento en la ejecución del presupuesto y que disponga su transferencia inmediata. «Esta situación exige una respuesta institucional urgente», concluye el documento.

El proyecto ya fue presentado y se aguarda que los diputados y diputadas acompañen la resolución con el compromiso que exige la defensa de los derechos fundamentales.

El trabajo del Comité Contra la Tortura resulta de extrema relevancia para conocer el estado en que se encuentran las personas privadas de la libertad en la provincia en plena crisis carcelaria, pero por la falta de recursos su actividad está restringida al área capital.

La asfixia presupuestaria comenzó desde el momento de su creación.