Crisis carcelaria: el Comité Contra la Tortura de Neuquén presenta su informe anual 2024
Presentarán un estado de situación y harán recomendaciones a los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en Neuquén.
La Unidad 11 es la cárcel más grande de la provincia. Fue relevada por el Comité contra la Tortura. (Archivo/Matías Subat)
El producto de un intenso año de trabajo del Comité Contra la Tortura de Neuquén será presentado este lunes a los tres poderes del Estado, con sus conclusiones y recomendaciones. Será en un contexto de grave crisis por la falta de espacio en las unidades de detención y comisarías, con una cantidad histórica de personas privadas de su libertad. Se añade la posibilidad concreta de que el número aumente a partir de febrero del 2025, cuando la provincia asuma el juzgamiento de los casos de narcomenudeo.
El «informe anual 2024 de gestión y monitoreos» del Comité Provincial de Prevención de la Tortura Penas y Otros tratos o Penas crueles Inhumanas y degradantes (CPPT), se presentará hoy a las 11 en el Salón de la Memoria de la Legislatura de Neuquén.
Se realiza en cumplimiento de la ley 3213 de creación del CPPT, sancionada en diciembre del 2019 y reglamentada en 2021. Es un organismo constituido en el ámbito de la Legislatura con autonomía funcional, que administra fondos propios -y que ha sufrido ahogo presupuestario– «sin recibir órdenes ni directivas de ninguna autoridad».
El Comité está integrado por Estefanía Buamscha, Araceli Genco, Jorgelina González, Silvia Couyoupetrou, Néstor Giménez, Pablo Meuli, Roberto Samar y Pablo Scatizza.
Como publicó diario RÍO NEGRO en reiteradas oportunidades, el trabajo del Comité sirvió para conocer la deplorable situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad.
Escuchá a Pablo Scatizza, uno de los integrantes del comité en el aire de RÍO NEGRO RADIO.
Los monitoreos en cárceles y comisarías
Por ejemplo, entre febrero y abril del 2024 realizó un monitoreo en la Unidad de Detención 11, la cárcel más grande de la provincia. Entrevistó a 220 personas y visitó todos los rincones: desde cada una de las celdas hasta los patios, áreas educativas, de salud y trabajo. Las conclusiones están plasmadas en un extenso informe que refleja las penosas condiciones en las que cumplen condena 264 personas en un espacio para 233.
«La alimentación es, junto con el hacinamiento general y las pésimas condiciones de habitabilidad, el mayor problema encontrado en la unidad», dice el informe de 57 páginas. «Durante el monitoreo los/as comisionados pudieron constatar el mal aspecto -y en algunos casos, nauseabundo- de la comida al momento de ser ingresada a los pabellones». El 52% de los entrevistados dijo que pasa hambre durante el encierro.
Hasta el día de hoy es imposible saber cuánto paga el Estado por esas viandas. La información no la consiguió ni siquiera un diputado aliado del gobierno que dijo que los detenidos comen medialunas todos los días. Tampoco hubo una desmentida oficial a esas temerarias declaraciones públicas.
También hicieron relevamientos en la Unidad 12, la Unidad 16 (cárcel de mujeres) y comisarías.
¿Cuándo construirán más pabellones?
La superpoblación motivó que las juezas de Ejecución Penal de la provincia ordenaran el cierre de las Unidades de Detención de la capital y del interior. El gobierno prometió inversiones en la construcción de nuevas celdas; la última vez que se habló del tema fue en una audiencia judicial en agosto y se puso un monto al presupuesto: 18 millones de dólares.
¿Cuándo se llamará a licitación? El viernes, una alta fuente del ministerio de Infraestructura dijo a este diario que están esperando la aprobación de la Contaduría de la provincia.
El producto de un intenso año de trabajo del Comité Contra la Tortura de Neuquén será presentado este lunes a los tres poderes del Estado, con sus conclusiones y recomendaciones. Será en un contexto de grave crisis por la falta de espacio en las unidades de detención y comisarías, con una cantidad histórica de personas privadas de su libertad. Se añade la posibilidad concreta de que el número aumente a partir de febrero del 2025, cuando la provincia asuma el juzgamiento de los casos de narcomenudeo.
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