Declaran admisible el jury contra Di Prinzio y reflotan la evaluación de jueces en Neuquén
La comisión especial votó por unanimidad abrir el proceso contra la magistrada de Junín de los Andes, acusada de maltrato laboral sistemático contra su personal. Pidió que sea suspendida en el cargo.
Lépore, diputado oficialista, destacó en su voto "la conveniencia de reabrir el debate" sobre el control periódico a los magistrados. Matías Subat.
La jueza de Familia de Junín de los Andes, Andrea Di Prinzio Valsagna, deberá ser enjuiciada por mal desempeño en sus funciones. Así lo consideró la comisión especial que resolvió ayer declarar admisible la denuncia por violencia laboral sistemática y trato denigrante a su personal.
El próximo paso es que el jurado de enjuiciamiento evalúe el caso y declare formalmente abierto el proceso en su contra.
La comisión especial es la encargada de «filtrar» las presentaciones que se realizan contra jueces, juezas, fiscales y defensores de Neuquén, en las que se cuestiona su actuación. Tiene un poder limitado, ya que emite un dictamen que no es vinculante. Originalmente había descartado la denuncia contra Di Prinzio, pero el jurado de enjuiciamiento declaró nula esa resolución y ordenó que una nueva integración analizara el caso.
Esta «segunda» comisión, formada por el fiscal general José Gerez, el diputado oficialista Francisco Lépore y la abogada Cecilia López sostuvo por unanimidad que había elementos para avanzar en un jury contra la jueza.
Planteó que si el jurado confirma la decisión, Di Prinzio debe ser suspendida provisoriamente del cargo.
«Cucarachas» y «hormigas esclavas»
La investigación administrativa se originó por una denuncia del sindicato de judiciales (Sejun) en la que le atribuyeron a la jueza «un trato hostil e intimidante hacia agentes, funcionarios, profesionales auxiliares, usuarios del servicio de justicia y abogados litigantes, generando un clima laboral adverso».
En 2014 la Legislatura designó a Di Prinzio como jueza de Familia. La abogada es oriunda de Córdoba.
De acuerdo a los testimonios recabados, la magistrada gritaba y descalificaba a su plantel, de manera constante. Entre esas expresiones denigrantes que usaba, la comisión registró algunas como: «traidora», «vaga», «desagradecida», «cucaracha» y llamaba a su personal «hormigas esclavas».
Hay informes del Departamento de Salud Ocupacional y de la Dirección de Gestión Humana en la que se revela «la cronicidad de licencias psicológicas, numerosos pedidos de traslado y la activación del Protocolo de Prevención y Actuación en Violencia Laboral y/o de Género en la modalidad laboral».
El viernes 3 de julio la jueza le solicitó a la comisión ser oída. Sin embargo, Gerez señaló en su voto que «la magistrada no formuló explicaciones concretas respecto de los hechos específicos que motivan las presentes actuaciones, ni controvirtió de manera circunstanciada las imputaciones». Tampoco aportó prueba que ponga en crisis la investigación.
El control permite la «identificación temprana de problemas»
La evaluación periódica a los jueces provinciales había sido incluida en la última reforma constitucional de 2006, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional tras una acción que impulsó la Asociación de Magistrados local.
Esa tarea se le había asignado al Consejo de la Magistratura. Lépore, que antes de ser diputado fue el asesor letrado del organismo, aseguró en su voto que era hora de «reabrir el debate» sobre la evaluación periódica para «detectar tempranamente situaciones disfuncionales, déficits de gestión, conflictos organizacionales o dificultades en la conducción de equipos de trabajo» antes de recurrir al «enjuiciamiento constitucional».
Afirmó que el control podría identificar problemas y adoptar «medidas preventivas, correctivas o de acompañamiento institucional mucho antes de que la situación derive en conflictos prolongados, afectaciones al clima laboral, deterioro organizacional o procedimientos de remoción».
La jueza de Familia de Junín de los Andes, Andrea Di Prinzio Valsagna, deberá ser enjuiciada por mal desempeño en sus funciones. Así lo consideró la comisión especial que resolvió ayer declarar admisible la denuncia por violencia laboral sistemática y trato denigrante a su personal.
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