Discapacidad y Presupuesto 2027: cuáles son las alertas de la oposición sobre los aranceles, CUD y pensiones

En el proyecto enviado a Diputados, el Ejecutivo deroga y modifica artículos centrales de esa ley. Además, termina con el arancel único de prestaciones y su actualización mensual por inflación. La avanzada se da mientras se discute la prórroga de la Emergencia, que vence en diciembre.

Por Carolina Ramos

Foto: Gentileza.

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A pocas horas del ingreso del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, estalló la primera polémica. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo deroga y modifica artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, justo en momentos donde se discute su prórroga hasta 2027. La decisión puso en alerta a la oposición y también promete tensionar el vínculo con los aliados del oficialismo.

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Emergencia en Discapacidad. En el Presupuesto que rige este año (votado en 2025) el Gobierno pretendía liquidar la norma entera, junto con la de presupuesto universitario. Sin embargo, perdió la votación en el recinto: la oposición y bloques dialoguistas pusieron un freno y rechazaron el capítulo en cuestión, el 11.

Obstinado, el Gobierno vuelve a la carga en el proyecto de Presupuesto 2027, donde se modifican los artículos 6, 7 y 19, y se derogan los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793). Todo esto, pese a que la Ley de Administración Financiera establece que el Presupuesto “no podrá contener disposiciones de carácter permanente” ni “reformar o derogar leyes vigentes”.


Las alertas de la oposición


“El Presupuesto 2027 busca desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad”, denunció el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, autor del proyecto para extender la norma (que vence en diciembre próximo) por un año más.

Uno de los puntos más críticos es la demolición del Nomenclador de Prestaciones Básicas. El Presupuesto modifica el artículo 7 bis de la “ley madre” que regula el sistema general (24.901) y termina con el arancel único, con lo cual cada obra social, prepaga o provincia podrá fijar valores diferenciados. Según Marino, esto “desatará una presión a la baja y fragmentará la atención médica y terapéutica”.

En este sentido, el proyecto dice explícitamente que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles”, y agrega que “el Nomenclador de Prestaciones Básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado”.

Por si fuera poco, se suprime la actualización mensual por movilidad jubilatoria (basada en el índice de inflación) cuando el ente obligado sea el Estado Nacional, y se la reemplaza por una pauta trimestral que será fijada de manera discrecional por la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS).

“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, denunció el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Otro punto cuestionado desde la oposición es la vuelta al modelo de “invalidez laboral”. Marino señaló que “se abandona el modelo social de Derechos Humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico”.

También alertó que “se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión”, y “los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo”.

Por otra parte, las personas con discapacidad que obtengan un trabajo “en blanco” o alta tributaria perderían la Pensión No contributiva por Invalidez, mientras que la ley vigente garantiza la compatibilidad con el empleo registrado o monotributo hasta dos salarios mínimos. ​El proyecto de Presupuesto invierte la regla al modificar el artículo 7 de la Ley de Emergencia.

Además, impedirá que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías. Esta conversión está prevista en el artículo 9 de la Ley de Emergencia, que ahora se intenta derogar.

Si bien el proyecto de Presupuesto asigna partidas para el área de discapacidad, lo hace después de “vaciar” la norma. Y, además, establece que si el gasto demandado excede el crédito disponible, podrán usarse fondos del área de Servicios Sociales (que están “blindados” por la ley vigente), y también de Salud y Seguridad Social.
Todas estas reformas, incluidas de sorpresa en el Presupuesto, se conocieron mientras la Cámara de Diputados discute la prórroga de la Emergencia hasta 2027. El debate se dará este miércoles en un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto, de cara a la firma de los dictámenes, que está prevista para el próximo miércoles 23.

“Lo que queda en claro es la manifiesta y expresa voluntad del Gobierno de destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ya en su recurso extraordinario federal contra los fallos de Campana y de la Cámara de San Martín, el Gobierno había dicho explícitamente que ellos entienden que es inviable fiscalmente cumplir con la ley, y ahora demuestra nuevamente su voluntad de desmantelarla”, advirtió Marino en diálogo con este medio.

El legislador afirmó que prorrogar la emergencia “genera mejores condiciones para que el Gobierno ejecute más rápidamente los eventuales fallos judiciales ordenándole que aplique la Ley de Emergencia en cada uno de sus artículos. Ya tiene una orden judicial de que tiene que aplicar la ley en general; ahora va a haber que avanzar en planteos judiciales por parte de los afectados para que aplique la ley en cada uno de sus artículos. Que esté la emergencia prorrogada da el marco administrativo para que pueda cumplir con eso más rápidamente”.


A pocas horas del ingreso del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, estalló la primera polémica. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo deroga y modifica artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, justo en momentos donde se discute su prórroga hasta 2027. La decisión puso en alerta a la oposición y también promete tensionar el vínculo con los aliados del oficialismo.

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