El bloque Cambia Río Negro sigue «en suspenso» y el Procurador Crespo propone que el conflicto se resuelva en la Legislatura

Los legisladores de Tortoriello piden al STJ que se le reconozca su bancada. El Procurador desaconseja esa intervención al entender que la instancia parlamentaria “está abierta” y que existe una “judicialización prematura” del conflicto.

Por Adrian Pecollo

La bancada de Cambia Río Negro sigue con un reconocimiento "en suspenso", según la propia Legislatura. Foto: Marcelo Ochoa

El bloque Cambia Río Negro sigue con su reconocimiento “en suspenso” en la Legislatura y, por eso, sus legisladores recurrieron al Superior Tribunal de Justicia para reclamar el pleno ejercicio de sus derechos parlamentarios.

En principio, el procurador Jorge Crespo desaconsejó al STJ intervenir en el conflicto porque todavía “la instancia parlamentaria permanece plenamente abierta y operativa”, y considera que es la “vía idónea para encauzar la cuestión planteada”.

A fines de 2025, el vicegobernador Pedro Pesatti formalizó la Resolución 460/25, que reconoció al bloque Cambia Río Negro, presidido por Patricia Mc Kidd y alineado con el diputado nacional Aníbal Tortoriello. Pero, nueve meses después, esa bancada no logró su conformación institucional plena por la negativa del oficialismo, acompañado por otros espacios parlamentarios.

Los cinco legisladores integrantes de Cambia Río Negro y firmantes del mandamus presentados en la Justicia. Foto: Juan Macri-Legislatura.

Pesatti sostiene su resolución y otorgó el estatus administrativo al bloque, con la designación de sus secretarios, pero Cambia Río Negro no tiene integración en las comisiones ni de la Labor Parlamentaria.

El conflicto podría resolverse mediante una votación en el recinto, una alternativa que se insinuó en algún momento, pero que finalmente fue descartada frente al pronóstico de confrontación abierta entre el oficialismo y el vicegobernador.

Los legisladores Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti llevaron su reclamo al STJ.

El Procurador Jorge Crespo dictaminó en el expediente y su opinión no es vinculante para el Superior Tribunal de Justicia. Foto: Marcelo Ochoa.

En su dictamen, el procurador devuelve la discusión a la propia Legislatura porque entiende que todavía debe agotarse “la vía administrativa”. Eso —indica Crespo— “no es un formalismo vacío en el caso, constituye una garantía de respeto al principio de división de poderes y evita la judicialización prematura de un conflicto que debe madurar institucionalmente antes de ser sometido a revisión judicial”.

La opinión de Crespo no es vinculante para el STJ, que resolverá durante octubre. El próximo viernes 2 se cumplirá el sorteo de los votos y, luego, el cuerpo dispondrá de 15 días hábiles para su resolución, según el artículo 13 del Código Procesal Constitucional.

Agregó que “pretender que el Poder Judicial intervenga en este estadio implicaría desplazar a la Legislatura de la posibilidad de resolver su propio conflicto”, lo cual “resultaría incompatible con el diseño constitucional rionegrino y con la prudencia que debe guiar la actuación judicial”.

El procurador insiste en que todavía existe una herramienta dentro de la propia Cámara. Se trata del artículo 148 del Reglamento Interno, que permite reclamar ante la Presidencia por el incumplimiento del reglamento y, si existe una controversia, llevar la cuestión a una votación del pleno.

En su presentación, los legisladores habían pedido la intervención urgente de la Justicia porque no pueden participar de Labor Parlamentaria ni intervenir en la confección del orden del día, entre otras limitaciones que consideran una afectación de su representación política.

Crespo no considera suficientes esos argumentos para abrir una vía judicial excepcional. Remarca que el mandamus exige acreditar ilegalidad manifiesta, urgencia extrema, daño grave e irreparable y la inexistencia de otras vías idóneas.


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