Apuntan a dos proyectos claves para el desarrollo de las Comisiones de Fomento de Río Negro

Fueron presentados dos proyectos del Poder Ejecutivo en el marco del último encuentro de trabajo con las y los comisionados de fomento de la provincia, desarrollado en San Antonio Oeste. Ambos serán claves en la regularización de la tenencia de tierras fiscales y también mejorarán el sistema de gestión.

Los proyectos fueron trabajados y debatidos por los comisionados, en conjunto con la Dirección de Comisiones de Fomento y el asesoramiento transversal de todo el Gobierno Provincial. Las iniciativas fueron entregadas durante el encuentro a la Gobernadora, Arabela Carreras y ya están en manos del Vicegobernador, Alejandro Palmieri, para iniciar el trámite legislativo.

El primer proyecto de ley propone crear el Régimen Jurídico Excepcional para la Regularización de Tierras Fiscales en estos poblados, buscando garantizar el acceso al título de propiedad a las familias que acrediten tenencia ininterrumpida por más de diez años.

El segundo proyecto, modifica parcialmente la Ley 5.352, mejorando el funcionamiento de la administración de las comisiones de fomento a través de la creación de una figura de Secretaría Administrativa.

“Dar tratamiento a estos temas es un orgullo como espacio de gobierno, desde el consenso y el diálogo. El gran trasfondo de todas estas iniciativas es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, explicó el director de Comisiones de Fomento, Ramiro Fuentes Vivanco.

Proyecto de Regularización de Tierras

El secretario de Legal y Técnica, Guillermo Ceballos y el director de Tierras, Diego Lawrie, fueron los encargados de brindar los detalles del proyecto que propone crear el novedoso Régimen Jurídico Excepcional para la Regularización de Tierras Fiscales.

A través de esta herramienta, el Gobierno Provincial garantizará que las familias que acrediten tenencia ininterrumpida por más de diez años de sus lotes, podrán acceder al título de propiedad.

De esta forma se busca dar respuesta a una demanda evidenciada por amplios sectores de la población, que desde hace por lo menos una década ocupan predios fiscales urbanos en Comisiones de Fomento y que no han podido hacerse del título de propiedad, imposibilitando su acceso a programas, planes o créditos para construir, ampliar o mejorar sus condiciones de habitabilidad.

Ceballos explicó que la iniciativa beneficiará a las familias que “puedan demostrar, de acuerdo a los antecedentes que ya están en la Dirección de Tierras, que tienen tenencia por más de diez años” y ratificó que “todos los costos del trámite serán cubiertos por el Gobierno Provincial, por lo tanto, será totalmente gratuito”.

Lawrie aseguró que el proyecto de ley nació como una necesidad para buscar “la manera más sencilla de poder generar este derecho a los habitantes de las Comisiones de Fomento” y explicó que cumple con una de las principales premisas establecidas por la Gobernadora Carreras. “Estimamos que hay unos 1250 casos en total que podrían incluirse en este régimen en toda la provincia”, dijo.

Modificación parcial de la ley de Comisiones de Fomento

El segundo proyecto propone una modificación parcial de la Ley 5.352, buscando optimizar el funcionamiento administrativo del cuerpo de gobierno de cada Comisión de Fomento.

Actualmente las comisiones están integradas por tres vocales titulares y otros tres suplentes, elegidos en forma directa por el voto de las y los vecinos. Quien encabezaba la lista ganadora es asignado Presidente o Comisionado de Fomento. El sistema dispone que la segunda designación -el primer vocal titular- recae en el primer candidato de la segunda lista, representando a la oposición política.

Esta situación se ha traducido en dificultades para concretar las gestiones necesarias. Por eso se propone crear la figura del Secretario Administrativo, quien también posee facultades de reemplazar al Comisionado de Fomento en su ausencia o ante situaciones de urgencia.

Con esta modificación -que fue propuesta por los propios comisionados de fomento- se mejora el desempeño de la gestión administrativa, reconfigurando la designación de las autoridades sin afectar la participación ciudadana.