Reforma por decreto: el Gobierno limitó la intervención del Estado en las elecciones gremiales
Los sindicatos ahora tendrán que resolver sus elecciones sin intervención del Estado, salvo en situaciones excepcionales. Entérate qué dice el decreto.
El Gobierno nacional oficializó una reforma clave en la Ley de Asociaciones Sindicales mediante el Decreto 342/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida restringe la intervención estatal en los procesos electorales gremiales y se alinea con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de libertad sindical.
A partir de ahora, la autoridad de aplicación solo podrá intervenir en caso de acefalía y cuando no existan previsiones estatutarias que permitan resolver la situación. El funcionario designado deberá convocar a elecciones y regularizar el funcionamiento del gremio en un plazo de 120 días hábiles, prorrogables por otros 120 si existen causas justificadas.
La reforma responde al compromiso del Estado argentino con tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el Convenio N° 87 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantizan la plena autonomía de los sindicatos en la elección de sus autoridades.
Según el decreto, el nuevo texto del artículo 56, inciso 4° de la Ley N° 23.551, se adecua a estos principios y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege la libertad sindical. Se busca evitar que cualquier intervención pública en los asuntos internos de las organizaciones gremiales pueda ser considerada arbitraria o contraria a los derechos fundamentales.
La decisión se enmarca en la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a reorganizar el Estado
La decisión se enmarca en la Ley Bases (N° 27.742), que declaró la emergencia pública y otorgó al Poder Ejecutivo facultades para reorganizar el Estado, reducir el gasto público y eliminar funciones consideradas marginales o redundantes. La limitación del rol estatal en la vida interna de los sindicatos forma parte de esta lógica de racionalización administrativa.
Uno de los aspectos clave será su impacto a nivel provincial, ya que el Consejo Federal del Trabajo, encargado de coordinar políticas laborales entre Nación y provincias, está integrado por representantes de los gobiernos provinciales. Esto implica que los efectos de la reforma se trasladarán al ámbito federal, con implicancias directas sobre cómo se administran las relaciones laborales en cada jurisdicción.
Como todo decreto dictado en el marco de facultades delegadas, la modificación será revisada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que podrá dictaminar su validez o rechazo. El dictamen deberá ser tratado luego por ambas cámaras para su aprobación definitiva.
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