El Gobierno ordena cuentas para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario luego del revés de la Corte
La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Pese al rechazo de un principio, la administración de Javier Milei piensa cómo reasignar partidas para cumplir con la normativa.
Con el superávit fiscal como horizonte, el Gobierno piensa cómo reasignar partidas para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El revés judicial cayó mal al interior del oficialismo: esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la cautelar que pesaba sobre la normativa. Se habla de que el texto contempla un costo fiscal de alrededor de 1.3 billones de pesos.
Después de un fuerte rechazo, hoy los altos mandos de la gestión Javier Milei abren la posibilidad de cumplir con la normativa, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El superávit fiscal «no se toca» dicen desde el Gobierno
Desde la Casa Rosada deslizan que el ministro de economía, Luis Caputo, buscará la manera de enviar los fondos que dicta la ley. “Habrá reasignación de partidas pero siempre cuidando el superávit fiscal, eso no se toca”, precisó una fuente a NA.
Este problema incluye una interna: hay varios que siguen mirando con recelo la estrategia judicial que diseñó el Ministerio de Justicia para evitar cumplir con la ley, en medio de las marchas federales que exigieron cumplir con la normativa.
El supuesto «aire» que le iba a dar la Corte Suprema al Gobierno no existió y ahora la administración libertaria deberá definir cómo cumplir con el financiamiento.
El acuerdo sindical que se había negociado con las universidades
Semanas atrás se negoció un incremento, que contó con acuerdo sindical de la Federación de Universitarios (FEDUN). Sin embargo, el fallo cambió totalmente el escenario.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró el fallo de la Corte. En concreto, subrayó que el fallo es un paso fundamental hacia la normalización del sistema.
“Una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse, ni más ni menos que eso. Entonces creo que el fallo de la Corte es saludable en esos dos sentidos. Y abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y con eso la resolución del conflicto”, afirmó.
Con el superávit fiscal como horizonte, el Gobierno piensa cómo reasignar partidas para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El revés judicial cayó mal al interior del oficialismo: esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la cautelar que pesaba sobre la normativa. Se habla de que el texto contempla un costo fiscal de alrededor de 1.3 billones de pesos.
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