El kirchnerismo ayudó al MPN a evitar un pedido de informes por la estafa con planes sociales

El bloque del Frente de Todos pidió dejar que actúe la justicia, en sintonía con el oficialismo. El proyecto lo promovía Juntos por el Cambio.

Una inusitada alianza entre el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Todos bloqueó hoy en la Legislatura un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social sobre la millonaria estafa con planes sociales. El proyecto había sido presentado por Juntos por el Cambio y recibió apoyo de otros bloques opositores, pero se encontró con el rechazo de la mayoría de los integrantes del kirchnerismo que pidieron «ser respetuosos de la justicia».

El debate se dio en la sesión que realizó la Legislatura esta mañana, en el momento de solicitar mociones para tratar temas sobre tablas o con preferencia.

El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) evaluó que la situación que se conoció en las últimas semanas resulta «muy lesiva» para la actividad política y dijo que podría levantar sospechas de que «este acto ilícito vaya a engrosar la caja política de alguna campaña electoral».

«Lo que creemos nosotros es que, si alguna causa de debilidad humana llevó a cometer ilícitos, que sean punidos como corresponde y no solo por la justicia, sino que el poder administrativo pueda tomar decisiones fuertes», apuntó.

El legislador observó que, quien más levantó la voz hasta el momento «no es de la oposición sino del oficialismo y alguien que pertenece a la carpa chica del MPN» como fue Guillermo Pereyra y reclamó «no quedarnos en silencio ante una situación de esta naturaleza».

«¿Usted cree que puedo pensar con inocencia que fueron seis empleados, que fueron separados y ahí termina la cosa?», planteó en el recinto Gass, quien propuso una moción de preferencia para que en la comisión se pueda convocar al ministro Abel Di Luca para que aclare «cómo fue esto, hasta dónde llega y qué consecuencias tiene».

«Dejar que la justicia actúe»


El legislador Darío Peralta (Frente de Todos) fue el primero en manifestar oposición al proyecto. «No vamos a acompañar este pedido porque entendemos que para eso está la justicia investigando y vamos a ser muy respetuosos de la justicia», planteó.

Analizó que la fiscalía «ha tomado cartas en el asunto rápidamente» y aclaró que, después sí se pedirán las explicaciones «de cómo se desmadró esto y por qué terminó así y nos pondremos a disposición para colaborar en la mejora de ese programa para que no vuelva a suceder».

«No está bien que desde la política empecemos a instigar otro tipo de investigaciones que no corresponden», afirmó el legislador kirchnerista.

Su par Soledad Salaburu planteó algo similar, aunque consideró como «tremendo como se hace una utilización de las personas que tienen más necesidad».

La única de la bancada que manifestó una opinión diferente fue Lorena Parrilli, quien analizó que se trata de «una situación de una gravedad extrema porque daña a la política y ocasiona un grave antecedente a este tipo de ayuda necesaria para personas que se encuentra en una situación muy grave de vulnerabilidad».

Por el MPN, Maximiliano Caparroz argumentó casi de igual manera que el Frente de Todos. «Es un tema que está en la justicia y vamos a ser respetuosos de los tiempos de la justicia», planteó, aunque fue enfático en desligar al ministerio de Desarrollo Social en la maniobra.

«Cuando otorga los beneficios lo que hace es un trámite en el BPN para que el banco entregue la tarjeta personal que no la maneja ningún ministro y ningún funcionario del gobierno de la provincia. Sí hay que averiguar qué pasó con esas tarjetas y quién está cobrando esto, por fuera del ministerio», evaluó.

Qué información sobre las estafas pidió el proyecto


El proyecto, que acompañaron con sus firmas Leticia Esteves, Luis Aquin y Ayelén Quiroga del mismo bloque, pide saber si se iniciaron actuaciones administrativas contra las personas supuestamente empleadas del ministerio de Desarrollo Social y si la cartera hizo la denuncia pertinente en la Fiscalía de Estado.

De igual modo, reclama saber quién lleva las actuaciones administrativas, sector y estado en que se encuentran, si las personas involucradas trabajan en dicho ministerio, cuántas son y cuáles son sus
condiciones laborales.

También cuáles son los planes sociales involucrados en la supuesta estafa, de qué organismo
provienen y cuál es el monto total de los mismos. Cuántas y quienes son las personas afectadas (beneficiarios de estos planes), y si los vehículos utilizados en los hechos denunciados eran oficiales del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

En último lugar, requiere al ministerio saber si «para su conocimiento, existen dirigentes gremiales involucrados».

«Hay explicaciones que son del Ejecutivo»


El diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) fue uno de los opositores que sí apoyó el proyecto del macrismo. Alertó que, según el dato de la investigación, hay 199 personas que «gestionaron un subsidio por un año y medio no cobran, y fueron a retirar una tarjeta al banco ‘transparentemente’ pero no hacen ninguna denuncia».

«Indudablemente podemos cuestionar a quién se le dio un subsidio y evidentemente es una explicación que no es de la justicia sino del Ejecutivo. Cuáles son las exigencias para recibir un plan que después la gente no cobra ni reclama», apuntó.

También Andrés Blanco (PTS-FIT) apoyó el proyecto para pedir explicaciones. El legislador analizó que «estas cosas no pasan sin que haya connivencia con el poder político» y aclaró que «un pedido de informes no le hace mal a nadie si las cosas son transparentes».

«Nos indigna que en esta cuestión se juega con la necesidad de los más pobres», cuestionó.


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