El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló multas aplicadas a Salud por «incumplimientos»
Un juez de Cipolletti multó por unos 15 millones por atrasos reiterados en la provisión de una prótesis. El pedido se hizo en marzo del 2022 y se entregó a fines del 2024. El máximo tribunal judicial entendió que “no existió conducta dolosa”.
Un juez de Cipolletti aplicó multas y embargos por unos 15 millones al ministerio de Salud por demoras en la provisión de una prótesis, pero el Superior Tribunal de Justicia entendió que se había excedido porque el organismo no tuvo “una conducta dolosa ni incumplimiento” deliberado.
El hecho puntual fue un requerimiento de una paciente al Poder Judicial para que intervenga frente a los atrasos de la cartera sanitaria en la entrega de una prótesis pedida por el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital de Cipolletti.
La respuesta definitiva llegó 33 meses después. Inicialmente, el juez Mauro Marinucci resolvió a favor del amparo requerido, en mayo del 2023, a los once meses de la presentación. En su escrito ordenó al ministerio “remover obstáculos administrativos para la provisión del material” en un plazo de dos días.
Eso no ocurrió. El conflicto que concluyó con la actuación del STJ se corresponde con que en octubre pasado ese magistrado ratificó multas y embargos a Salud por 12,3 millones, más 3 millones de intereses, a partir de “incumplimientos prolongados” de funcionarios del área sanitaria provincial, que “se extendieron por meses y que requirieron sucesivas intimaciones”.
En esa resolución, el juez ratificó sanciones al recordar que el pedido médico fue el 4 de marzo del 2022, el amparo se pidió el 17 de mayo de ese año y que, finalmente, la cartera informó de la compra del material el 10 de agosto del 2023. Pasaron “más de 17 meses de la solicitud” y, “prácticamente, 15 meses de iniciado el amparo”, remarcó.
Igualmente, esa adquisición no se cumplió y se generó otro proceso para concluir con la operación en diciembre del 2024.
El lapso entre el pedido médico y la entrega fue de 33 meses. El STJ entendió los problemas del ministerio para la provisión del material quirúrgico.
La Fiscalía de Estado apeló las sanciones de Marinucci a Salud y, el último día hábil del 2025, el STJ las dejó sin efecto, ya que consideró que “no existió una conducta dolosa ni incumplimiento” deliberado que justificara la aplicación de astreintes”.
El voto fue fundamentado por Sergio Barotto y lo acompañaron Ricardo Apcarian y Sergio Ceci, con las abstenciones de Liliana Piccinini y Cecilia Criado.
En la fundamentación, el STJ consideró que las “astreintes” están “destinadas a vencer la resistencia de quien incumple de manera deliberada una orden judicial”, tras lo cual, agregó que el ministerio “no reviste la condición de incumplidor recalcitrante” y “su conducta no aparece como deliberada”.
También destaca que el amparo se modificó, a partir de que en abril del 2024 se pidió un nuevo material para la cirugía y obligó a otro trámite administrativo.
El STJ remarcó circunstancias donde entiende “no se verifica una conducta dolosa, renuente y gravemente negligente” del ministerio. Enfatizó que la paciente fue intervenida quirúrgicamente el 26 de diciembre del 2024, “antes de que se impulsara la ejecución de las multas”. Se refiere a la posterior confirmación de multas y embargos por parte del magistrado. El máximo tribunal anula esas sanciones económicas porque la “ejecución de las astreintes -luego de cumplida la orden judicial- desnaturaliza el carácter coercitivo del instituto y constituye un enriquecimiento sin causa para quien las solicita”.
El magistrado del amparo y el historial del trámite judicial
En su resolución, el magistrado de Cipolletti repasa el historial del reclamo, según su trámite judicial.
Consigna su inicio con la presentación del amparo, el 15 de mayo del 2022, y eso origina dos notas al ministerio (en mayo y en junio), con respuesta el 1 de julio donde se informa que el material pedido “se encuentra en trámite de compra”.
Diez meses después, el 3 de mayo del 2023, el juez dicta sentencia por “la falta de cumplimiento de provisión del materia”. Luego, en junio, el “organismo informa que la prótesis se encuentra en proceso de compra”, aclarando que existió un llamado licitatorio desierto y se “necesitó realizar nuevas estimaciones de valores”.
En julio, Salud comunica al juzgado que, por “el alto costo del material” se modificó la modalidad de compra” y en agosto se informó de la orden de provisión. En septiembre del 2023, el juzgado intimó nuevamente a Salud.
En febrero del 2024, el ministerio contabiliza el séptimo llamado, tras el fracaso de los previos, y en abril, el organismo informa que el traumatólogo solicitó nuevo material para la intervención, y eso deriva en otro trámite administrativo.
En marzo del 2024 se baja el pedido anterior y avanza con el nuevo requerimiento, concluyendo con la orden de compra emitida en noviembre del 2024.
La operación se cumplió en diciembre. Fueron 31 meses en la vía judicial y, sumaron 33 del requerimiento médico.
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