Empieza el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén: paso a paso cómo era la maniobra
En el juicio oral que comenzará el lunes se hablará del rol de los reclutadores, los extractores, y de quienes debían auditar los movimientos en el Ministerio.
Expedientes. Alcances. Órdenes de pago. Auditoría. Certificaciones. Balance de pagos. Resolución ministerial. Decreto del gobernador. Cada pago de subsidio provincial para la desocupación laboral activa un circuito en el enjambre de la burocracia estatal de Neuquén. Sin embargo, durante años una banda integrada por funcionarios y empleados eludió o fraguó los controles y se quedó con parte del dinero que correspondía a los más necesitados en beneficio propio o para financiar actividades políticas.
Esa por lo menos es la teoría del caso que la fiscalía de Delitos Económicos intentará probar a partir del lunes 21, cuando comience el juicio oral y público contra 14 exfuncionarios, empleados y particulares acusados de cometer la estafa con planes sociales. Afrontan posibles penas de hasta 8 años de prisión si los encuentran culpables.
El período juzgado abarca desde el 30 de septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022. Se sospecha que la maniobra comenzó mucho antes; de hecho hay investigaciones abiertas que se sumergen en el tiempo pero sus resultados por ahora se desconocen.
Los que sí, los que no
Los niveles de responsabilidad también dejan margen para la suspicacia. El período abarca las gestiones de dos ministros de Desarrollo Social y sin embargo uno solo irá a juicio oral; nunca se rozó siquiera al entonces gobernador Omar Gutiérrez ni a otras autoridades del Movimiento Popular Neuquino, partido hacia el cual se desviaba parte del dinero según la pericia contable oficial. Tampoco a directivos del Banco de la Provincia de Neuquén.
El subsidio provincial para la desocupación laboral, creado el 19 de febrero del 2018, se pagaba con cheques hasta que en marzo de 2020, debido al aislamiento por la pandemia, cambió la modalidad: los beneficiarios fueron bancarizados y pasaron a cobrar con tarjeta de débito del Banco Provincia de Neuquén.
Reclutadores, extractores
La acusación de la fiscalía penal y de la fiscalía de Estado, que es querellante, sostiene que una parte de la banda eran los reclutadores: buscaban personas en situación de vulnerabilidad que calificaran para obtener el subsidio.
Una vez incorporados al subsidio, los beneficiarios completaban el trámite personal en el Banco Provincia de Neuquén: allí les daban la tarjeta de débito y el PIN para operar y extraer dinero de sus cajas de ahorro.
Los plásticos con su correspondiente PIN los entregaban a los miembros de la organización que cumplían el rol de «extractores». Cuando el dinero estaba depositado, éstos se dirigían -organizados, en vehículos- a los cajeros automáticos del BPN y realizaban las llamadas «extracciones ráfaga»: una tarjeta detrás de otra, hasta vaciar la cuenta del titular.
La caja azul
¿Cuánto dinero había en cada cuenta? El beneficiario del subsidio recibía en mano entre 8.000 y 9.000 pesos (a valores históricos), pero le habían depositado hasta 49.000.
La diferencia no quedaba en el bolsillo del extractor: de acuerdo con numerosos testigos que declararán en el juicio, esos billetes se depositaban en una caja azul que estaba en el despacho del exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, acusado de ser uno de los cabecillas de la asociación ilícita.
La estructura en el ministerio
Para justificar esta maniobra irregular, dice la acusación de la fiscalía, se montó una estructura piramidal en el Ministerio de Desarrollo Social de la que formaban parte piezas claves en el registro y control de los expedientes. Por eso también están imputados como cabecillas Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, a cargo del departamento de Gestión de Programas; Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, y Tomás Siegenthaler, Coordinador Provincial de Administración.
Como colaboradores de los jefes se acusa a dos exdirectores generales de Finanzas, Luis María Gallo y Laura Reznik, y a Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería.
El trámite requería cierta complejidad: había listados paralelos, rendiciones a plazo vencido, firmas que avalaban y otras formas de vestir de legalidad la maniobra, según la fiscalía.
En su teoría del caso, el grupo de 14 imputados que irán a juicio, más los 9 que ya fueron condenados, son los responsables de los hechos cometidos durante el período investigado.
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