Empresarios metalúrgicos advierten que la Ley Bases «atenta contra la producción nacional»

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina envió un documento a los senadores apuntando contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones(RIGI) y solicitaron que se revean algunos artículos.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) emitió un comunicado a todos los senadores para advertir que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en la Ley Bases, «atenta contra la producción nacional».

Mientras el Senado lleva a cabo el tratamiento en comisiones de la Ley de Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos que obtuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados, se dio a conocer que las Pymes metalúrgicas enviaron un documento explicando por qué su desacuerdo con la ley y el RIGI. En este sentido expresaron que el proyecto, “atenta directamente contra la producción nacional de los bienes destinados a estos proyectos, al otorgar un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”.

Desde Adimra indicaron que el Régimen que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados, da a los nuevos inversores «la posibilidad de importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años», y agregaron que esto generaría «una competencia desleal con la industria nacional preexistente”.

A su vez señalaron que consideran sumamente importante que se revean los artículos 169, 187 y 190 «con el objetivo de igualar las condiciones para la industria nacional y promover el desarrollo de eslabonamientos productivos locales» ya que aseguran que, de lo contrario: «Se verán en peligro el sostenimiento de las empresas del sector, mayoritariamente PyMES, junto a las fuentes de trabajo que las mismas generan”.

Finalmente desde el sector resaltaron que los beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI, «no están acompañados de obligaciones (transferencia de tecnología, condiciones de compra local, entre otros) por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país».


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