En Río Negro habrá menos beneficios para condenados por delitos graves

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Condenados por homicidios, simples y agravados; abusos sexuales, secuestros extorsivos y otros delitos graves tendrán restricciones para acceder a distintos beneficios penitenciarios en Río Negro luego que la Legislatura aprobara este jueves modificaciones a la Ley Provincial de Ejecución Penal.

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La norma establece restricciones incorporando criterios ya vigentes en la legislación nacional y fue impulsada por los legisladores oficialistas Lucas Pica y Facundo López.

En el recinto Pica explicó que la reforma busca adecuar la normativa provincial a las modificaciones introducidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y «fortalecer la protección de la sociedad frente a delitos de alto impacto».

La nueva norma incorpora un régimen de excepcionalidad para el acceso a los beneficios comprendidos en el denominado período de prueba, limitando la posibilidad de acceder a salidas transitorias, prisión discontinua, semidetención, libertad asistida y otros mecanismos de libertad anticipada para quienes hayan sido condenados por determinados delitos.

Entre los delitos alcanzados por estas restricciones se encuentran el homicidio simple y agravado, los delitos contra la integridad sexual, el robo agravado, el homicidio en ocasión de robo, la tortura seguida de muerte y el secuestro extorsivo cuando hubiera ocasionado el fallecimiento de la víctima.

Pica explicó que la iniciativa toma como referencia las reformas incorporadas por la Ley Nacional Nº 27.375 a la Ley de Ejecución Penal y recordó que «recientes fallos de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la constitucionalidad de establecer restricciones a determinados beneficios penitenciarios en función de la gravedad de los delitos cometidos».

La norma incorpora además un capítulo de «Excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba», donde se enumeran los delitos alcanzados y se establecen los criterios que deberán considerar los jueces de ejecución al momento de resolver sobre eventuales beneficios.

Además, crea un régimen preparatorio para la liberación destinado a los condenados por los delitos comprendidos en esas restricciones, que deberá implementarse mediante programas individuales específicos orientados a garantizar la progresividad del tratamiento penitenciario y favorecer la reinserción social.

La posición de distintos legisladores

Santiago Ibarrolaza (Primero Río Negro) destacó que la reforma «aporta mayor seguridad jurídica al sistema de ejecución penal» y «contribuye a fijar criterios claros respecto de la concesión de beneficios penitenciarios» y remarcó que «la política debe asumir el desafío de responder a una realidad marcada por la inseguridad y la demanda social de mayor protección para los ciudadanos».

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) acompañó el proyecto pero planteó la necesidad de profundizar el debate sobre la situación del sistema penitenciario provincial, pidió avanzar en infraestructura carcelaria, «mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario» y «fortalecer los equipos técnicos encargados del seguimiento y tratamiento de las personas privadas de libertad».

Por su parte, Ofelia Stupenengo (Juntos Somos Río Negro) afirmó que la iniciativa «responde a un reclamo legítimo de las víctimas y de la sociedad», agregó que «el proyecto establece límites razonables para delitos de extrema gravedad» y dijo que «la finalidad de la pena no sólo debe orientarse a la reinserción social, sino también a la protección de la comunidad».

Inversión oficial para fortalecer Seguridad y lugares de detención

Por último, Facundo López (JSRN) destacó las inversiones que la Provincia realiza para fortalecer el sistema de seguridad y penitenciario, contó que existen 1.404 personas alojadas en establecimientos penales y 174 detenidos en comisarías, y recordó que «se encuentran en marcha obras y procesos de ampliación de infraestructura penitenciaria en distintas localidades de la provincia».

López también destacó la inversión superior a los 12 millones de dólares destinada a la modernización del sistema de emergencias 911, con nuevas herramientas de monitoreo, videovigilancia e inteligencia artificial, y sostuvo que la Legislatura otorgó «herramientas normativas para fortalecer la prevención del delito y garantizar mayor seguridad a los vecinos rionegrinos».