En Río Negro, el patrimonio de los funcionarios solo se hace público con orden judicial y cuáles fueron los cuatro casos
En Río Negro, la ley de Ética Pública obliga a informar del patrimonio, pero esa información es confidencial, salvo pedidos de investigaciones judiciales.
El Tribunal de Cuentas tiene un instructivo y formulario para la declaración jurada por presentar. Foto: Marcelo Ochoa
El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de resguardar las declaraciones juradas en el Estado rionegrino.
La ley 3550 de Ética Pública, sancionada en el 2021, le asigna esa función y, desde su vigencia, recibió 13.521 presentaciones. Actualmente, existen 6.099 declaraciones patrimoniales activas.
La obligación para informar el patrimonio comprende a jueces, legisladores y funcionarios de los distintos poderes y, también, agentes con manejos de fondos. Esa presentación debe formalizarse dentro de los 30 días de “haber asumido un cargo o función pública”.
En Río Negro, el conocimiento de los patrimonios informados está restringido. Esa documentación es confidencial y solo se abre frente a pedidos de jueces.
Los documentos abiertos
En las dos décadas, solo cuatro requerimientos judiciales existieron. Se trataron de dos trámites de magistrados provinciales, solicitando las documentaciones del exministro Daniel Sartor y del exjuez Guillermo Leskovar Garrigos, mientras los otros dos fueron reclamados por la Justicia Federal, referidos a la exdirectora de Políticas Sociales de Desarrollo Humano, Verónica Picapietra y el exdirector de la Unidad de Financiamiento, Sebastián Rocha.
Registros
- 13.521
- Documentos fueron recibidos por el Tribunal de Cuentas, desde el 2003. Como declaraciones de "ingresos" figuran 9.272, otras 1.076 fueron complementarias y 3.173 fueron de "egresos" del cargo público.
- 1.095
- Presentaciones en un año y ocurrió en el 2003, en ocasión de que la ley de Etica Pública comenzó a aplicarse. El registro anual después varía, entre los 149 en el 2010 hasta los 673 en el 2017.
El carácter restringido que la legislación otorga a esa información patrimonial siempre es cuestionado y, en particular, cuando Río Negro integra el grupo de provincias que mantiene negada esa difusión. Otros distritos avanzaron hacia modelos de mayor transparencia, con la apertura de las declaraciones cuando se solicitan o, directamente, con publicación total o parcial de las mismas en plataformas digitales.
Las provincias que no permiten conocer esa documentación son, además de Río Negro, Tucumán, Catamarca, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Formosa, San Luis, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz.
Recientemente, un proyecto de ley ingresó a la Legislatura donde se propone modificar la Ley de Ética, con el objetivo de ampliar la información patrimonial obligatoria, digitalizar las presentaciones y habilitar el acceso ciudadano -en forma online- a las documentaciones de los funcionarios públicos.
Según el artículo 5 de la Constitución Provincial, los “magistrados y funcionarios, electivos o no” están “obligados a manifestar sus bienes al ingreso, bajo apercibimiento de no recibir emolumento y de cesar en el cargo”, y también hacerlo al “egreso” de la función pública. “La manifestación de bienes -aclara” comprende también la del cónyuge y personas a su cargo”.
La ley 3550 estableció la exigencia y la vigencia operó con el decreto 255 del 2003. Ese primer año, el Tribunal de Cuentas recepcionó 1.095 declaraciones juradas.
Los años sucesivos se sumaron presentaciones, con un piso de 149 en el 2010 y un techo de 673 en el 2017.
En los 23 años, el total de “ingresos” fueron 9.272 declaraciones, con 1.076 informes anuales (exigidos cuando “se haya producido una variación relevante en el patrimonio”) y 3.173 de presentaciones por “egresos”.
Proyecto de apertura
En mayo, un proyecto legislativo -que presentó el presidente de la bancada del ARI, Jorge Acevedo- renovó el debate por la difusión de la información patrimonial exigida por la ley de Ética Pública.
La iniciativa apunta a modernizar el sistema vigente, a partir de la incorporación de herramientas digitales, la ampliación de los bienes alcanzados y la publicación online de las declaraciones de funcionarios provinciales.
Además, el proyecto incorpora la obligación de declarar activos en criptomonedas, fideicomisos, fondos de inversión, como también, las participaciones comerciales o profesionales que puedan representar conflictos de intereses.
Las declaraciones juradas -según la iniciativa- deberán presentarse en formato digital y publicarse en las páginas web oficiales del Estado provincial para facilitar el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.
El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de resguardar las declaraciones juradas en el Estado rionegrino.
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