Endeudamiento de los estatales de Río Negro: un 40% tiene retenciones y los proyectos opositores trabados

El nivel de endeudamiento se incrementa y eso también se refleja en las retenciones en los salarios de los estatales rionegrinos, a partir de los descuentos autorizados para cancelar compromisos con entidades financieras, gremios o mutuales.

Con afectaciones diferentes, casi el 40% de los agentes públicos del Poder Ejecutivo percibe sus haberes recortados.

En la Legislatura aparecen proyectos opositores donde se proponen iniciativas de desendeudamiento, pero ninguno parece prosperar.

En abril, el legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, elevó dos proyectos y, en mayo, su par del PJ-NE, Leandro García, formalizó el suyo. El primero plantea un tope en los descuentos y, luego, ambos proponen esquemas de desendeudamiento.

Un informe de Hacienda del año pasado consigna que el 35% de las liquidaciones tenía descuentos por códigos, distribuidos en 14 organizaciones acreedoras, desde el Banco Patagonia hasta entidades crediticias, pasando por gremios y mutuales.

Ese universo de afectados aumentó y alcanzaría el 40% del personal del Poder Ejecutivo, siempre con disímiles impactos. El último relevamiento indica que cerca del 70% de los porteros tienen quitas autorizadas y que llega al 50% en los policías.

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En Salud, el personal de la ley 1844 que afronta descuentos alcanza el 46% y equivale al 22% en los profesionales.

Según datos de Delgado Sempé, “hay más de 8.000 estatales que cobran menos de 200 mil pesos”. En cambio, una precisión oficial indica que cerca de 2.000 estatales perciben, después de los montos retenidos, sus ingresos son inferiores a los 500 mil pesos.

No hay tope por parte de la Provincia, a pesar de que existió un frustrado intento.

En noviembre del 2018, el decreto N° 1485 estableció un límite -según el artículo 3- y se lo fijó en el 50% del “haber neto que perciba el agente”. Pero, en la práctica, nunca se aplicó y, en octubre del 2020, otra norma, la N° 1186, suspende ese tope porque argumenta la imposibilidad de su aplicación “hasta tanto el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos cuente en el módulo liquidador de haberes, con toda la información necesaria de cada uno de los agentes públicos”.

En ese marco, Delgado Sempé elevó dos iniciativas por esta problemática. Propuso limitar ese cobro por planillas en el 20% y, además, un plan de asistencia y cancelación de deudas, a partir de un “Programa de Desendeudamiento y Protección de Ingresos”. Se trataría de créditos para abonar esas deudas, con pago directo a las acreedoras, y la suspensión de nuevos préstamos mientras “dura la cancelación del crédito de desendeudamiento”.

El monto máximo previsto para el beneficiario se establece en ocho millones y la restitución se prevé en 60 cuotas mensuales, con una tasa de interés regulada en función del índice salarial (RIPTE). Se propone para estatales provinciales y municipales, jubilados y pensionados, y también privados con una antigüedad mínima de dos años.

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Por su parte, García alienta un plan frente al “sobreendeudamiento familiar”, y alienta un Fondo Fiduciario de Garantías y una figura institucional de la Defensa Provincial del Deudor.

Fundamenta ese proyecto en el “creciente endeudamiento de los hogares, vinculado a la pérdida del poder adquisitivo” y, entre otros motivos, en la “expansión de mecanismos de crédito de alto costo”.

Observa que “muchas familias destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de cuotas, intereses, refinanciaciones y cargos financieros que limitan gravemente su capacidad de satisfacer necesidades básicas”.

Concluye que el “Estado provincial no puede permanecer indiferente” y, por eso, la creación del Sistema Provincial de Protección, a partir de un Fondo de Alivio y Garantías para permitir procesos de refinanciación y subsidiar tasas de interés y mecanismos de control, mientras se propone “un Defensor del Deudor para protección de consumidores financieros y personas sobreendeudadas, destinado a prevenir abusos, intervenir en procesos de renegociación y promover acuerdos”.