Estafa con planes sociales en Neuquén | ¿Quién daba las órdenes? Los cabecillas se contradicen
Marcos Ariel Osuna ofreció su relato en la audiencia del viernes, pero no encaja con lo que habían contado otros señalados como cabecillas a lo largo de la investigación. ¿Qué dijo cada uno?
Osuna, Montoya, Honorio, Soiza y Sánz, en el primer día de audiencias. Ya no se sientan todos juntos. (Cecilia Maletti)
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén tiene 14 imputados, de los cuales cinco están acusados de ser los jefes de la asociación ilícita. Entre ellos hay un pacto tácito de no agresión que por momentos resulta imposible de respetar. Así se vio con claridad el viernes pasado, cuando declaró el imputado Marcos Osuna: dijo verdades a medias que salvan su responsabilidad pero contradicen a los demás integrantes de la cúpula.
¿Quién aprobaba los listados de beneficiarios que cada mes cobraban los planes sociales? ¿Quién autorizaba el monto a percibir por cada uno? ¿Quién modificaba esas planillas? En el largo y complejo trámite necesario para consumar la estafa, estas son preguntas centrales y cada imputado dio respuestas distintas.
Los cinco presuntos cabecillas son, por orden jerárquico, el exministro Abel Di Luca; el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz; y el jefe de Departamento de Programas, Marcos Osuna. En caso de que los declaren responsables, recibirán una pena más alta que los demás, acusados de ser meros integrantes.
«Grupo Anaya» y «Grupo Rivadavia»
Los dos primeros son las cabezas del «Grupo Anaya», por Anaya y Planas, la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde -según la acusación fiscal- el sector administrativo consumaba una parte de la maniobra. Los otros tres son los líderes del «Grupo Rivadavia», sede de la dirección de Planes Sociales: la fuerza operativa, territorial, la mano de obra directa.
La estafa que se investiga se cometió con el subsidio provincial para la desocupación laboral. El programa había sido creado mediante la resolución 29 del 2018, durante la gestión del entonces ministro Mariano Gaido.
Su alcance era para el departamento Confluencia. Los criterios para el alta, permanencia y egreso quedaron a cargo de la Dirección de Planes Sociales, «dependiente de la Coordinación de Administración del Ministerio, en calidad de autoridad de aplicación del mismo».
Osuna: la versión técnica
Según dijo Marcos Osuna en su declaración del viernes, «yo hacía el listado de los beneficiarios, calculo que el mismo que llegaba al banco, en formato Excel, y se lo mandábamos a Luis Gallo», director general de Finanzas (otro imputado del «Grupo Anaya»). También a Tomás Siegenthaler. Siempre por correo electrónico, nunca en papel.
Le preguntó el fiscal jefe Pablo Vignaroli quién decidía la integración de los listados. «Era muy político -respondió- Había agrupaciones que tenían asignados montos, por ejemplo 100.000 pesos. Ellos tenían la facultad de si querían, incorporar 100 personas por 1.000 cada una, o 20 por 5.000, lo que quisieran. Lo único que hacíamos era controlar que cumplieran con el DNI y la certificación negativa. Eso se lo informábamos a Ricardo Soiza y él viendo que el presupuesto coincidía con lo que estaba asignado, daba la autorización para el pago«.
Vignaroli afinó la pregunta: ¿quién decidía que algunos beneficiarios cobraran 49.000 y otros 20.000? «No sé -retrocedió Osuna- Eso lo trabajaban distintos compañeros, yo lo que hacía era juntar todo, eso ya venía puesto de antes».
En resumen Osuna se atribuye una tarea técnica: armar las planillas sin incidir en las altas ni bajas y enviarlas por mail a Grupo Anaya con copia a Siegenthaler.
Siegenthaler y Di Luca: yo no fui
En julio del 2023, Tomás Siegenthaler presentó un escrito en la fiscalía de Delitos Económicos para deslindar responsabilidades. Y aportó una versión distinta: «El alta o baja de los beneficiarios no la decidía yo ni personal a mi cargo. De ello se encargaba el Sr. Osuna Marcos».
Abel Di Luca también intentó desentenderse. Desde que está imputado nunca habló pero cuando todavía era ministro dijo, en una entrevista con diario RÍO NEGRO: «Para que se entienda, para que les quede claro a ustedes que yo no veo el listado de beneficiarios. Apruebo el monto de los distintos programas que se ejecutan».
Soiza: «sólo firmaba»
«La parte administrativa la hacían Sánz y Osuna, yo no me metía. Ellos me traían, yo firmaba por una cuestión de confianza».
El que habla ahora es Ricardo Soiza. Es una audiencia de diciembre del 2023 y el director de Planes Sociales les cuenta a los jueces que no participaba en la confección del famoso padrón de subsidiados. «Nunca estuve abocado a lo administrativo. Me fui enterando en las audiencias el trato que tenía Sánz con el ministro» Abel Di Luca. «Creía que el trato lo tenía que tener yo», dijo.
En esa misma oportunidad Soiza describió que «mi rol era tratar con todos los coordinadores violentos de la ciudad de Neuquén, que el ministerio de Desarrollo no podía manejar. Me juntaba con ellos, trataba de convencerlos de que no cortaran la ruta, la calle, tanto sea el Polo Obrero, Barrios de Pie, CCT, (Esther) Villalobos, todos los grupos grandes».
Los agrupó en una frase despectiva: «¿Saben cómo le decía al área mía? El área de los enfermos mentales. Venían a cortarme la calle capaz por dos programas de 5 mil pesos».
Sánz: patear el tablero
Cuando Soiza formuló esa declaración ya se sabía que Néstor Pablo Sánz había hablado con la fiscalía el 1 de noviembre del 2023; en ese momento su aporte fue un revulsivo para la causa.
«Todos los montos y los cargos específicos que se brindaban cada mes, y si había que renovar tarjetas de débito o no, era consensuado entre Abel (Di Luca) y (Ricardo) Soiza. Tomás (Siegenthaler) era el coordinador, por lo tanto tenía el aval de firmar el expediente o alcance que se generaba nuevamente», dijo esa tarde en la oficina de Delitos Económicos.
«De Rivadavia sólo se enviaba el mail con quién iba a cobrar ese mes. Tomás armaba los expedientes», aseguró Sánz.
Respecto de Osuna, dijo que «era el que hacía toda la parte informática, el que hacía los cruces, dejaba el padrón listo para enviarlo para el pago de esos programas», pero el que armaba el expediente «era Tomás».
En cuanto a las certificaciones, en aquella oportunidad Sánz señaló que «las cargaban Julio Arteaga y Omar Rodríguez con la firma de Julio Arteaga». ¿Apareció «Omar de rulitos»?
Todos los imputados declaran en defensa propia y sin juramento de decir verdad.
La doble percepción
Sobre el Subsidio Social Transitorio, que manejaba Luciano Palma y tenía alcance provincial, Osuna aclaró que «yo no daba altas y bajas, yo cruzaba e informaba. Y es cierto que había gente que cobraba ambos subsidios».
Esto lo había admitido Di Luca con naturalidad en la entrevista con diario RÍO NEGRO citada antes: «Cada área evalúa la situación socioeconómica de las familias. Ningún subsidio entre sí es incompatible. Una persona puede tener un Subsidio Social Transitorio (SST) y uno de Desocupación. Igual que Familia».
Sin embargo, la resolución 29/18 establecía entre los requisitos para cobrar el subsidio a la desocupación carecer de otro «beneficio nacional, provincial o municipal vinculado a la seguridad social o de cualquier otro ingreso».
Sobre este tema, Néstor Pablo Sánz explicó aquel 1 de noviembre: «Luciano (Palma) liberaba fondos del SST para que nosotros pasemos programas hasta 9 mil pesos a su base de datos, y esa base de datos que le quedaba descubierta a Ricardo (Soiza), él usaba personas de su confianza para sacar plata. Cuando digo personas de confianza me refiero a referentes políticos».
«Un día dijo Ricardo»
En otro tramo de la declaración la fiscalía le preguntó a Osuna quién dio la orden para que no se controle la lista de los que cobraban cheques (con lo cual se habría descubierto que figuraban muchísimos empleados de Desarrollo Social).
«No sé -respondió el imputado- un día dijo Ricardo (Soiza) que por un conflicto que había con punteros políticos, que ellos no iban a cobrar más cheques de otras personas, que lo pasáramos a cobrar nosotros».
Generación de cuentas
Osuna se describió a sí mismo, en su declaración del viernes, como «el canal de comunicación entre la dirección (de Planes Sociales) y la tesorería o la administración (del Ministerio). Desde nuestra área mandábamos la certificación, y un listado de las personas a incorporar antes de la liquidación; información sobre los beneficiarios como nombre, DNI, sexo, localidad. No tenía nada de ilegal».
«Con esa información le podían abrir las cuentas (en el Banco Provincia de Neuquén) a la gente; después había una devolución para decir si fueron creadas o no, para poder incorporar esa gente al listado, porque al no tener cuenta, iba a haber una inconsistencia de algo que se pedía que no había», agregó.
Sánz, en aquella declaración de noviembre del 2023, lo contó de esta manera: «Osuna enviaba los listados a Julieta Oviedo, ella mandaba a crear la cuenta, retornaba la información, y Osuna mandaba a cada referente las personas que había traído para generar esta tarjeta».
De esta manera tenían la cuenta y la tarjeta de débito para empezar a cobrar el subsidio y retirar efectivo por cajero. Les depositaban 49.000 pero el beneficiario apenas recibía 8.000; el resto iba a la caja azul.
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén tiene 14 imputados, de los cuales cinco están acusados de ser los jefes de la asociación ilícita. Entre ellos hay un pacto tácito de no agresión que por momentos resulta imposible de respetar. Así se vio con claridad el viernes pasado, cuando declaró el imputado Marcos Osuna: dijo verdades a medias que salvan su responsabilidad pero contradicen a los demás integrantes de la cúpula.
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