Estafa con planes sociales en Neuquén: Soiza desconoce su firma en algunos expedientes
La estrategia de la defensa del exdirector de Planes Sociales de Neuquén es que se la falsificaron mientras estuvo enfermo. Pero una perito llegó a la conclusión de que las diferencias "no son suficientes para arribar a una conclusión negativa".
La perito calígrafa y criminalista María Agustina Lázzaro analizó 105 firmas atribuidas al exdirector de Planes Sociales de Neuquén, Ricardo Nicolás Soiza, y llegó a la conclusión de que son auténticas. Lo dijo este lunes, en la decimosexta audiencia del juicio oral que se sigue contra 14 imputados por la estafa con planes sociales.
La experta fue cuestionada por el defensor de Soiza, el abogado y también imputado Alfredo Cury, cuya teoría del caso es que en un período que va de agosto a diciembre del 2021 le falsificaron la firma en algunos legajos.
Entre esas fechas, afirma Cury, Soiza estuvo internado y no fue responsable de lo que sucedió en la dirección. En cambio la acusación del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narváez es que le llevaban los legajos a la clínica para que los rubricara.
Firmas indubitadas
La perito Lázzaro analizó legajos firmados por Soiza desde septiembre del 2020 hasta diciembre del 2021. Los comparó con tres documentos en los que no hay dudas -o «indubitadas» en lenguaje forense- de la autenticidad de la firma del imputado: se trata de las actas de notificación de la imputación en su contra, de su demora por averiguación de antecedentes y su posterior puesta en libertad. Las tres tienen fecha 31 de agosto del 2022.
«No encontré características de falsificación gráfica», afirmó Lázzaro de manera categórica. Aunque sí hay elementos discordantes en los legajos firmados entre agosto y diciembre del 2021, justo el período en el que Soiza estuvo internado.
Sin embargo, aseguró que «no son suficientes para arribar a una conclusión negativa». Pueden deberse a «problemas de salud» del firmante, o a la «posición en la que se encontraba» al momento de firmar.
El perito que eligió la Policía
Lázzaro fue la segunda testigo de este lunes. El primer turno lo ocupó otro perito, Gustavo Rosati, quien había declarado el viernes sobre el análisis de las planillas de Excel y los correos electrónicos hallados en CPU y notebook secuestrados en la dirección de Planes Sociales y en el Ministerio de Desarrollo Social.
Rosati volvió este lunes para contestar preguntas de la defensa. Por sus respuestas quedó expuesto que este hombre, elegido por la Policía para colaborar con la fiscalía en la causa de mayor trascendencia de los últimos en la provincia, no tiene formación académica, apenas estudió un año Informática en la facultad, hizo un curso de una mañana -«unas cinco horas», dijo- en la misma policía, su experiencia se limita a haber realizado ocho pericias y es la primera vez que declara en un juicio oral.
Trabajó un año y medio en el análisis de un volumen de información difícil de medir en el mundo físico.
Blindaje de la fiscalía
La fiscalía trató de blindarlo lo mejor que pudo: objetó muchas de las preguntas de las defensas que comprometían la solidez del testigo.
Los abogados de los imputados intentaron ir a fondo. Por ejemplo, le preguntaron a Rosati si podía confirmar que tal acusado había abierto un correo electrónico dirigido a él o no; o si se habían cobrado cheques que figuran en planillas de Excel. El testigo respondió que no sabía.
El abogado-imputado Alfredo Cury le preguntó por qué había incluido en su informe al diputado nacional Osvaldo Llancafilo y al diputado provincial Claudio Domínguez: «¿estaban investigados?» Rosati respondió que «no, pero se lo acerqué al fiscal para que lo evaluara».
Cuando llegue la sentencia se sabrá qué puntaje le dieron los jueces a este perito.
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