Ficha Limpia vuelve al Congreso: un nuevo proyecto busca impedir candidaturas de condenados
El proyecto se apoya en principios constitucionales como la idoneidad para el acceso a cargos públicos y la necesidad de garantizar integridad en la función pública.
Tras el fracaso legislativo del año pasado, el debate por Ficha Limpia vuelve a escena en el Congreso con una nueva iniciativa impulsada por la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas. El proyecto apunta a impedir que personas con condenas confirmadas por delitos graves puedan postularse a cargos electivos nacionales.
La propuesta surge luego de la caída de la iniciativa en mayo pasado en el Senado, cuando no logró reunir los votos necesarios para su aprobación definitiva. En ese contexto, el nuevo texto introduce modificaciones y amplía los criterios de inhabilitación.
Condena confirmada y nuevos delitos incluidos
El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes cuenten con condena confirmada por un tribunal de alzada —es decir, con doble conforme—, incluso si la sentencia aún no está firme. La inhabilitación se mantendría durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.
Además, amplía el listado de delitos que impiden acceder a cargos públicos. Entre ellos se incluyen:
- Corrupción y fraude contra el Estado
- Lavado de activos
- Trata de personas
- Narcotráfico
- Delitos contra la vida y la integridad física
- Delitos contra el orden constitucional
La iniciativa también incorpora como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos, sumando un criterio que excede el ámbito penal.
Control electoral y registro público
Según el texto, será la Justicia Electoral la encargada de verificar estos requisitos al momento de oficializar candidaturas. A su vez, el Registro Nacional de Reincidencia deberá llevar un registro público actualizado con las sentencias alcanzadas por la ley.
“Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina necesita reglas más claras para recuperar la confianza”, sostuvo Scaglia.
La diputada destacó además la experiencia de Santa Fe, donde la normativa fue sancionada y luego incorporada a la Constitución provincial. “Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, afirmó.
Fundamentos y antecedentes
El proyecto se apoya en principios constitucionales como la idoneidad para el acceso a cargos públicos y la necesidad de garantizar integridad en la función pública. En ese sentido, sostiene que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser regulado cuando está en juego el interés institucional.
Asimismo, toma como referencia legislaciones similares vigentes en países como Brasil, Italia y España, donde existen normas que restringen candidaturas de personas condenadas.
Sobre la inclusión de deudores alimentarios, Scaglia argumentó que se trata de una conducta que refleja “un déficit de responsabilidad incompatible con el ejercicio de funciones públicas”.
Un debate que vuelve con tensión política
El nuevo intento legislativo reabre una discusión que ya generó fuertes tensiones políticas. En la votación del año pasado, la iniciativa —impulsada por el oficialismo y sectores de la oposición— no alcanzó la mayoría necesaria en el Senado, en medio de acusaciones cruzadas.
Ahora, con este nuevo proyecto, el Congreso vuelve a poner en agenda una demanda social vinculada a la transparencia y la ética pública, en un año donde el clima político anticipa debates intensos.
Con información de N.A
Tras el fracaso legislativo del año pasado, el debate por Ficha Limpia vuelve a escena en el Congreso con una nueva iniciativa impulsada por la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas. El proyecto apunta a impedir que personas con condenas confirmadas por delitos graves puedan postularse a cargos electivos nacionales.
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