Hay 10.000 morosos en los planes de viviendas del IPPV en Río Negro
El organismo quiere reducir el nivel de deuda. A los empleados estatales con casas, le descontarán la cuota del sueldo. Buscan generar más recursos para poder construir un nuevo prototipo.
Sin financiamiento nacional para viviendas sociales, Río Negro busca normalizar el recupero de las cuotas que adeudan unas 10.000 familias beneficiarias, con planes de regularización y el foco en los estatales a quienes se les descontarán las cuotas de sus salarios, con la idea de dotar de más recursos al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) para iniciar una nueva etapa de casas con un prototipo surgido de la emergencia.
La coyuntura complica y la demanda habitacional crece. Con ese escenario, la provincia intenta terminar las 400 viviendas que están en construcción en distintas localidades y concluir las obras de infraestructura (agua, electricidad y alumbrado público) en los 1.800 lotes del programa Suelo Urbano distribuidos en la provincia, mientras ajusta los mecanismos para recuperar el alto nivel de morosidad que alcanza a un 50% de los beneficiarios que actualmente mantienen un plan de pago de su vivienda.
“La prioridad es terminar las obras que están en ejecución, tenemos 40 obras entre el Plan Habitar (viviendas) y Suelo Urbano”, admitió Mariano Lavín, presidente del IPPV en una entrevista con diario RÍO NEGRO en la que remarcó que “no está la principal fuente de financiamiento dde las provincias que se daba con planes federales”.
Hoy Río Negro solo recibe el aporte coparticipable del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) a través de un porcentaje del impuesto a los combustibles que se liquida todos los meses, con proyección para 2024 de 8.000 millones de pesos (debido al aumento de precios) y un presupuesto propio por el recupero de las cuotas de quienes ya obtuvieron su vivienda, estimado en 2.000 millones de pesos.
Con esos recursos no se alcanzarían a construir 150 casas de 64 metros cuadrados, valuada en 70 millones de pesos, por eso es indispensable mejorar los ingresos. “Tenemos el pedido del gobernador de generar cambios en el IPPV para que sea un sistema más justo y sustentable”, afirmó Lavín.
Ese objetivo, según el titular del organismo que maneja la política habitacional de la provincia, se logra en primera medida “eliminando la morosidad”. Precisó que el 50% de las personas que tienen un plan de vivienda vigente registra deuda. Hoy son 20.000 viviendas que todavía tienen planes de pagos en curso -que por lo general son de 20 a 25 años- de las 40.000 que se han entregado a lo largo de la historia del IPPV, creado en 1958.
“Necesitamos bajar el índice de morosidad para hacer un sistema justo y sostenible porque el recupero nos permite dar más soluciones habitacionales”, afirmó y señaló que se propone que en diciembre “todos los beneficiarios estén con la cuota al día”.
Para eso, el IPPV lanzó un programa de regularización de deuda que facilita el pago con el prorrateo de la deuda a través del refinanciamiento del plan, es decir extenderlo en el tiempo y así “sin poner un peso, se pone al día”. También se ofrece la quita de intereses con el pago de la deuda en una o hasta seis veces, con un esquema convenido según la capacidad de pago de la familia.
- $120.000
- es el costo para escriturar una vivienda individual de IPPV una vez concluido el plan de pagos, según el valor social fijado mediante convenio con el Colegio de Escribanos de Río Negro. En los casos de departamentos o PH, el trámite es gratuito.
- 20%
- es el tope fijado para el pago de la cuota inicial de una vivienda social respecto de los ingresos del grupo familiar.
Lavín afirmó que en el universo de morosos detectaron que hay 1.100 empleados estatales, de los cuáles 800 pertenecen a la provincia y 300 a municipios, con 3 o más cuotas impagas. Con ellos, una vez que se reconozca la deuda y regularice, se aplicará la retención directa de la cuota del sueldo. Esta acción está normada y es por adhesión en la actualidad, pero en los planes viejos no estaba contemplada.
Otra medida que se analiza es que los beneficiarios que mantengan deudas y accedan a ponerse al día, pasarán a tener cuotas actualizables con el salario mínimo vital y móvil, y dejarán las cuotas fijas que rigen para los planes anteriores al 2018.
Para agilizar los trámites de regularización de las deudas, el organismo tiene un programa de acercamiento llamado “IPPV en tu barrio” para hacer extensas jornadas de atención con agentes de la oficina central y las delegaciones, que en su mayoría reciben consultas por cuotas impagas o escrituras, en los casos de los beneficiarios que completaron su plan y pueden avanzar hacia tener el título de propiedad que en lo que va del año ya se concretó con 500 escrituras tramitadas por IPPV.
“Empezamos con este proceso de darles a todos facilidades para tener el pago al día, pero a partir del año que viene iniciaremos acciones administrativas y judiciales para garantizarnos el recupero a través de sus ingresos formales”, advirtió Lavín.
Con IPPV en tu barrio tenemos el objetivo de tener una atención más cercana, personalizada, más directa, tratando de reducir la burocracia. Todos los meses realizamos estos operativos”.
Mariano Lavín.
En paralelo, el titular del IPPV destacó que en lo que va del año se recuperaron 6 viviendas por situaciones irregulares. Explicó que se reciben denuncias en casos en los que los beneficiarios de la vivienda social no la ocupen, ya sea por préstamo a un familiar, alquiler o hasta venta de la propiedad. Ante esos casos se inician acciones con la desadjudicación de la casa, como primera medida, y posteriormente se procede al recupero a través de intimaciones y hasta desalojos judicializados.
Los beneficiarios de viviendas sociales tienen la obligación de ocuparla de manera permanente porque fue destinada como vivienda única familiar. Esta condición rige mientras se extienda el plan de pagos -que suele ser de 20 a 25 años- y realice la escrituración para tener el título de propiedad. Recién con este documento la persona es libre de hacer lo que quiera con la casa.
A partir de 2018 las cuotas de las viviendas de IPPV se actualizan con el porcentaje de aumento del salario mínimo, vital y móvil. Antes eran cuotas fijas y en pesos, por eso se terminaban los planes con valores irrisorios.
Un monoambiente, el nuevo prototipo habitacional
IPPV tiene nuevo prototipo de vivienda “evolutiva”, que se trata de un monoambiente de 36 metros cuadrados, con posibilidad y planos para ampliar la superficie al doble, con dos habitaciones más.
Este prototipo tiene características particulares para la eficiencia energética y accesibilidad en todos sus espacios (con una medida especial en todas las puertas internas y hacia el exterior para que acceda una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida). Los terrenos donde se deberán emplazar tienen que tener espacio para sumar dos habitaciones de 14 metros cuadrados cada una, y así completar una vivienda estándar de 64 metros cuadrados.
Lavín dijo que se busca “con pocos recursos beneficiar a más familias” y dar respuesta habitacional a una demanda creciente, agobiada por los valores de los alquileres.
El costo es de 40 millones de pesos por los 36 m2 de construcción.
La idea es que estas viviendas monoambiente se comiencen a construir una vez que se terminen las casas pendientes de planes anteriores. Se estima que los primeros planes se iniciarán a partir de 2025 y ya se trabaja en tres modelos distintos, uno para zona templada (valles), otro para zona fría (Línea Sur y cordillera) y otro para zona rural.
“Toda la programación de los próximos planes va a ser con este prototipo, que tiene eficiencia energética, mientras no podamos tener más recursos para construir viviendas más grandes”, expresó.
Planes pendientes: 400 casas y 1.800 lotes
Entre las obras que están en curso, muchas localidades tienen planes de vivienda pendientes. En algunos están en ejecución y en otros se deben renegociar los contratos con las constructoras, según admitió Lavín, quien dijo que en total son 400 casas del Plan Habitar, que están en Roca, Valcheta, Valle Azul, Los Menucos, Dina Huapi, Prahuaniyeu, El Caín, Ramos Mexía, Río Colorado, Luis Beltrán, entre otros.
Además, el programa Suelo Urbano, mediante el cual la provincia dota de servicios de infraestructura permitirá en corto plazo disponer de 1.800 lotes con energía, alumbrado público y red de agua potable. Los municipios como contrapartida realizaban las subdivisiones de calles y otras tareas.
Están concluidas las obras y próximos a entregar 39 lotes en Cinco Saltos, 176 en Catriel, 193 en Cipolletti (donde se iniciarán luego obras para 249 lotes más), 232 en san Antonio (concluyó la obra de agua y resta electricidad y alumbrado), 22 en Aguada de Guerra, 14 en Jacobacci. Y están próximas a iniciar tareas para 36 lotes en Cervantes y 232 en Choele Choel.
En Bariloche, donde aún restan terminar 100 viviendas del explan Techo Digno que se entregarían entre julio y agosto, está previsto generar infraestructura en 184 lotes en el barrio El Frutillar.
En tanto, parte de las gestiones que encabeza el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, ante el gobierno nacional es el traspaso de un puñado de casas paralizadas que estaban en ejecución en tres localidades con acuerdos directos con los municipios y que podría absorber la provincia para concluirlas, como lo hizo años atrás con el programa Techo Digno de Bariloche.
Se trata del programa Casa Propia que se ejecutaba con 12 viviendas en Lamarque (58% de avance) y 10 en Sierra Colorada (43%), además del plan Reconstruir mediante el que se edificaban 9 viviendas en Fernández Oro (al 50%).
Freno total
En el esquema de obra pública paralizada por Nación, quedaron pendientes en Río negro 1.230 viviendas de los programas Casa propia y Construir Futuro, que en algunos casos se había avanzado en la licitación y firma de contratos.
Estas unidades estaban previstas en Viedma, Regina, San Antonio Oeste, Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Dina Huapi, Choele Choel, Río Colorado, Luis Beltrán, Sierra Grande.
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