Idas y vueltas en la Legislatura de Neuquén por la crisis en la PIAP: el proyecto que buscan aprobar

Un proyecto de comunicación sobre el estado de situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito generó debate hoy en una de las comisiones de la Legislatura de Neuquén, que acordó modificarlo y volver a tratarlo la semana que viene.

La propuesta fue presentada por el bloque de Unión por la Patria para obtener una respuesta del Gobierno nacional acerca del presente y el futuro del complejo que salió de producción hace casi una década, en 2017.

«Tener un poco más claros sus objetivos»

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Según explicó Darío Martínez, el diputado que impulsó y explicó la iniciativa en la comisión de Energía, la reactivación de las instalaciones había sido acordada con la firma de un convenio en 2023, antes de que finalizaran las anteriores gestiones, tanto a nivel nacional como provincial.

«Se firmó un contrato entre la Nación, la Provincia y la PIAP para poner en funcionamiento la planta y entendemos que unilateralmente Nación cortó con esos pagos«, recordó el exsecretario de Energía de la presidencia de Alberto Fernández.

Dijo que la Legislatura haría bien en «solicitar información para saber en función de qué tomaron esa decisión y tener un poco más de claridad sobre los objetivos que tienen».

El convenio al que hizo mención Martínez se firmó hace casi tres años y establecía un marco normativo para activar la planta, pero también para garantizar su mantenimiento de rutina. De acuerdo al diputado, esos pagos fueron interrumpidos por la actual administración de Javier Milei.

El tema generó la intervención de la diputada Paola Cabezas (MPN), quien reiteró el estado de incertidumbre que atraviesan los trabajadores y pidió aprovechar la oportunidad para «arrojar un poco más de luz».

Tras ella habló el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT). Sostuvo que se trata de una problemática conocida en la Legislatura, que ya ha tenido tratamientos en la Cámara, incluso con visitas a la planta ubicada entre el río Limay y la Ruta Nacional 237.

Frente a este nuevo proyecto, pidió reconsiderar la posibilidad de trasladar la comisión hasta la PIAP para ver «en qué condición está y que los trabajadores nos muestren cómo están».

Analizó que una medida como esa le otorgaría otra «magnitud política» a la medida, que propuso extender también al gobierno provincial, pero sin hacer «señalamientos particulares a esta gestión».

Diferencias por la participación de Neuquén

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La intervención del diputado de izquierda provocó la respuesta del legislador de Avanzar, Francisco Lépore, integrante del oficialismo de Rolando Figueroa.

Al tomar la palabra, pidió hacer «algunas aclaraciones». Remarcó que la planta viene paralizada desde 2017, y que la falta de definiciones se debe principalmente a una decisión de la Nación, que es propietaria de la PIAP a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Lépore también aclaró que la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), encargada de la operación, es controlada mayoritariamente por el Ejecutivo nacional, por lo que la participación de provincia «es muy minoritaria, más allá de que la planta este situada en Neuquén«.

Sostuvo que lo que ocurre es un «conflicto político que tiene sus complejidades». Y enfatizó que el recorte de financiamiento es congruente con la política de la Casa Rosada en otros organismos como el INTA o el INTI.

Martínez retomó la discusión. Aunque descartó que la participación de la Provincia haya sido «minoritaria», pidió concentrar el pedido de información hacia Nación, en un contexto donde las centrales nucleares del país todavía necesitan el agua pesada como insumo.

«Vamos a preguntarle si van a reactivar los pagos. Y si los reactivan, como van a pagar y qué objetivos van a tener esos pagos«, añadió después de asegurar «que se dejó de pagar algo que ya se había firmado».

A esperar hasta la semana que viene

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Cuando se aprestaban a votar el proyecto de comunicación, surgió una inquietud por su extensión, ya que también se incluía una solicitud de información por las concesiones hidroeléctricas en los ríos Limay y Neuquén.

Para darle robustez al pedido sobre la PIAP, los diputados de la comisión de Energía acordaron reformular la propuesta, volver a abordarla la semana que viene y pasarla más tarde al recinto.

«Me comprometo a limitarla a la cuestión de la PIAP, para que salga por la Cámara y evitar esto que casi pasa acá con el oficialismo», agregó Martínez, en referencia a posibles desencuentros con los representantes de Comunidad y sus aliados.

El encuentro se haría la semana que viene y lo más probable es que consiga los votos necesarios para aprobarse una vez que salga de la comisión que tiene como presidente a Damián Canuto (PRO).

Trabajadores de la planta le habían comentado a este medio semanas atrás que el panorama «seguía igual«, luego de que venciera el último contrato de mantenimiento. Relataron que los sueldos, como había pasado en diciembre, se estaban pagando «en cuotas y fuera de término».

Desde la Comisión Nacional de Energía Atómica publicaron hace unos días un mensaje en redes sociales en el que se anunció «un relevamiento integral de las tareas de mantenimiento y preservación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) tras la finalización del contrato de concesión con la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E (ENSI) en octubre del año pasado».

«La PIAP es estratégica para el sector nuclear argentino y 100% propiedad de la CNEA. Su producción se detuvo el 30 de mayo de 2017 y, desde entonces, ENSI realizó tareas de conservación bajo acuerdos específicos financiados por la CNEA sin ningún plan de reactivación, hasta ahora», se informó en el mensaje oficial y concluyó: «Bajo instrucción de la Secretaría de Asuntos Nucleares, la CNEA se encuentra confeccionando el pliego licitatorio para su revamping y reactivación».