Insólito: un senador que apoya la ley de Bienes en el Exterior tiene un departamento en Miami
El referente, del Frente de Todos santiagueño, negó que la propiedad le pertenezca. Es investigado por una maniobra fraudulenta con cooperativas truchas.
El senador santiagueño ocupa una banca en el senado desde hace nueve años.-
Ante la polémica generada por el proyecto oficialista del «aporte especial de emergencia», un insólito hecho, protagonizado por el santiagueño Gerardo Montenegro, dejó en una posición incómoda a los senadores del Frente de Todos.
Sucede que, a través de una investigación de Infobae, se descubrió que el representante tiene una casa en un bario privado de Miami, a pocos minutos de uno de los shoppings más concurrido por los argentinos en esa zona.
Lo más escandaloso es que ese inmueble no figura en las declaraciones juradas del senador y, por el contrario, aparece a nombre de una sociedad en la que están su esposa y un hijastro.
Además, la cara visible de la sociedad es Juan José Roiz, un argentino que trabaja como agente (administrador) y tiene varios clientes argentinos.
Según pudieron investigar los medios, la operación inmobiliaria se concretó en noviembre de 2019, con una cotización de 306 mil dólares para la vivienda.
El espacio oferta amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños, con propiedades de entre 3 y 5 dormitorios que tienen desde los 230 metros cuadrados.
Qué dijo Montenegro
El senador, que ocupa una banca desde 2013, negó que esa propiedad sea parte de su patrimonio. De hecho, en su última declaración jurada de 2019, indicó tener cuatro departamentos en Santiago del Estero, una casa y un terreno de unos 30 mil metros cuadrados.
Sin embargo, tiempo atrás Montenegro fue denunciado ante la Justicia a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), porque los investigadores detectaron una red de cooperativas truchas vinculadas a su nombre que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local.
Según consta en la denuncia judicial, las cooperativas cobraron más de $90 millones de pesos y la mayor parte de ese monto fue retirada en efectivo de los bancos por lo que no hay registros de su destino final.
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