Investigación a la mutual en Neuquén: la documentación clave detrás de los $1.000 millones

Libros de actas. Resoluciones del consejo directivo. Nómina de afiliados. Convenios firmados con empresas. Comprobantes de ingresos y egresos. Contratos de cuentas bancarias y movimientos de fondos. Son algunos de los documentos que busca la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén y por eso realizó nueve allanamientos el viernes 30 de enero a la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos. El presidente es Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la Uocra.

Lo que trata de determinar es el destino de 1.000 millones de pesos que la Mutual AMTCN transfirió a dos empresas y un particular en el primer semestre del 2025.

Los procedimientos fueron, casi todos, en domicilios. Como ya adelantó diario RÍO NEGRO, la vivienda de Juan Carlos Levi fue uno de los objetivos. Ahora se supo de fuentes allegadas a la investigación que también allanaron las casas de sus hijas en Plottier y de uno de sus cuñados en Centenario.

Además hubo movimientos del personal de Delitos Económicos de la Policía en el domicilio de un allegado en Rincón de los Sauces que retiró 350 millones de pesos en efectivo de un banco.

Otro allanamiento fue el pleno centro de Neuquén: Avenida Argentina 480, donde comparten dependencias la mutual y una de las empresas que le prestan servicios, indicaron las fuentes.

La obra en Añelo

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También se realizó un operativo en Añelo, en las oficinas centrales de la Asociación. En el mismo lugar está la obra del edificio propio, de 5 pisos, cuya construcción está a cargo de otra empresa que tendría vínculos con familiares de Levi y de su esposa Carolina Mabel Ángela Barahona, exdiputada provincial por el oficialismo. De acuerdo con fuentes del gobierno provincial, nunca ocupó un cargo en el Ejecutivo como ella anunció al renunciar.

Cuando fue consultado por este medio, el dirigente sindical no negó que una constructora propia esté a cargo de la obra. Preguntó: «¿por qué tengo que pagar 2.700 dólares el metro cuadrado si yo lo puedo hacer por 1.600? Tengo que buscar el mejor precio«.

Afirmó además: «todos me dicen que esto es una cuestión política», pero «no sé ni me interesa saber si alguien me soltó la mano«.

Las denuncias

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El objetivo general de todo el procedimiento fue secuestrar documentación clave, en cualquier soporte, vinculada con la actividad de la Mutual. «Los gastos que hacen a la actividad de la asociación son muy pocos, como mínimo eso nos llama la atención», dijo una fuente de la investigación.

Este caso empezó en octubre del 2024 con la denuncia de un grupo de trabajadores, que acusaron a Levi de obligarlos a afiliarse a la AMTCN para poder conseguir trabajo en Vaca Muerta. Al pagarles la quincena, las empresas empleadoras les retenían el 3% y lo derivaban a la organización que preside Levi.

Se abrió un legajo por coacción que la fiscalía de Actuación Genérica archivó y envió a Delitos Económicos, donde se investiga una presunta administración fraudulenta.

Transferencias bajo la lupa

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Llamaron la atención las transferencias por casi 1.000 millones de pesos a dos empresas y un particular realizadas en el primer semestre del 2025, porque serían firmas integradas por allegados a la familia Levi-Barahona.

«Hay gastos que tienen que ver con el objeto social, como pago de subsidios a trabajadores, entrega de kit escolares, pagos al Colegio de Farmacéuticos, pero son montos poco significativos», señaló otra fuente que sigue el caso.

También se procura establecer qué documentación respalda estas operaciones, así como el mecanismo de toma de decisiones, que -se supone- está en los libros de actas.

El oficio a la concesionaria

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A mediados de enero, la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero le envió un oficio a una concesionaria de Neuquén para pedirle información sobre el depósito de 40.500.000 pesos por parte de la AMTCN. Al parecer compraron una camioneta para un sorteo entre los afiliados.

Sebastián Perazzoli, uno de los abogados de Levi, dijo el viernes que «esto es un show del fiscal Vignaroli. Es hora de que los fiscales empiecen a pagar costos por sus errores. Que pida el allanamiento en la feria es una vergüenza».