La Cámara Federal ratificó que las mujeres mapuches de Villa Mascardi sigan en prisión domiciliaria

El tribunal de Roca desestimó los recursos presentados por los defensores de las imputadas por usurpar predios de Parques Nacionales y particulares. Son 4 personas que están en esta condición desde octubre.

Las integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil permanecerán detenidas con arresto domiciliario porque la Cámara Federal de Apelaciones de Roca rechazó los recursos presentados por los defensores particulares de las mujeres imputadas por usurpaciones en Villa Mascardi.

Los defensores habían apelado la resolución que la jueza federal de primera instancia María Silvina Domínguez, dictó el 13 de enero pasado, cuando desestimó excarcelar a las mujeres mapuches que cumplen prisión preventiva de manera domiciliaria.

Los jueces de la Cámara de Roca Richar Fernando Gallego y María Carolina Pandolfi rechazaron los recursos de apelación, en una resolución que dictaron el 25 de enero último, según informó uno de los defensores particulares Virgilio Sánchez de la Gremial de Abogados de la Argentina.

Los camaristas recordaron que el 18 de noviembre pasado habían rechazado una apelación contra la resolución que impuso la prisión preventiva a las imputadas. Señalaron que para avanzar en el tratamiento de este nuevo recurso de apelación era necesaria la incorporación o modificación de aquellos elementos que tuvieron en cuenta en aquella ocasión, cuando concluyeron que existía el riesgo de entorpecimiento de la investigación si se les concedía la libertad a las acusadas. Pero no había ningún elemento en el nuevo recurso en ese sentido.

Recordaron que la actitud de las imputadas “y de los demás miembros de la comunidad de impedir constantemente la acción estatal jurisdiccional mediante violencia no sólo en ocasión del desalojo sino desde 2017 a la actualidad”. Por eso, rechazaron las apelaciones.


Las detenciones de las mujeres mapuches en octubre


Las cuatro mujeres están detenidas desde el 4 de octubre pasado. Fueron arrestadas durante el operativo de desalojo que efectivos de la Policía Federal ejecutaron en los predios usurpados por la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La orden de desalojo la dictó Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche.

Los varones de la comunidad huyeron hacia la montaña. Varios de ellos aún tienen orden de captura vigente.

La fiscal federal interina de Bariloche acusó a Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas por las usurpaciones de los predios de la Administración de Parques Nacionales (APN) donde está el exhotel Mascardi, que fue desmantelado y destruido por completo durante la usurpación, que comenzó a mediados de 2018. También les atribuyó la usurpación del predio privado “La Escondida”, que sucedió a finales de enero de 2018. En cambio, a Ardaiz Guenumil solo la acusaron por la usurpación de “La Escondida”.

Justamente, la jueza Domínguez clausuró la etapa de instrucción y elevó el 6 de enero último la causa a juicio. Pero Colhuan, Jaramillo y Rosas, junto a otros seis integrantes de esa comunidad, están imputados en otra causa y serán juzgados a partir del 13 de febrero próximo por la usurpación del primer predio de la APN en Villa Mascardi.

El juicio debía comenzar a mediados de diciembre pasado, pero se postergó por la mesa de diálogo convocada por Nación con autoridades mapuches y representantes de los imputados para tratar de resolver el conflicto. Sánchez informó que el 8 de febrero se hará otra reunión de la mesa de diálogo.


Se vuelve a retrasar la mesa de diálogo mapuche


El 31 de enero estaba prevista una reunión en Bariloche, pero se pospuso para el 8 de febrero. “Hay un juicio oral que comenzaría el 13 de febrero, por eso es necesaria esta mesa de diálogo”, remarcó la abogada y veedora por “Justicia Legítima”, Cristina Caamaño, en “Quien dijo verano” por RÍO NEGRO RADIO. 

“Todavía quedan cuatro mujeres mapuches detenidas, ocho niños y tres bebés. Eso es lo que más nos preocupa. Están en prisión domiciliaria”, señaló y agregó: «Intentamos llegar a este acuerdo y ver por qué les niegan la excarcelación a estas mujeres, por un delito totalmente excarcelable”

“Justicia Legítima” es una de las agrupaciones jurídicas que, junto con organismos de derechos humanos, le hicieron llegar un petitorio al presidente Alberto Fernández para que impulsara la mesa de diálogo. “Él quiere que se resuelva el problema y estamos trabajando para eso. También hay involucradas organizaciones internacionales. Somos muchos los interesados en que cese la persecución, que se llegue a un acuerdo entre la comunidad mapuche y el Estado Argentino”, afirmó. 

Los veedores se encargar de observar la situación, dialogar con las autoridades mapuche y elaborar un informe que después harán llegar al mandatario nacional, con la intención de que se arribe a una solución conjunta. 

Escuchá la abogada y veedora por “Justicia Legítima”, Cristina Caamaño, en “Quien dijo verano” por RÍO NEGRO RADIO. 

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Los antecedentes del conflicto mapuche en Mascardi


Colhuan siendo una adolescente se proclamó machi en 2017, según recordó la fiscalía federal el año pasado. En ese momento, solo tuvo el reconocimiento de sus familiares que conformaban la comunidad Colhuan Nahuel, asentada en un lote del barrio Virgen Misionera de Bariloche, con personería jurídica otorgada por la Provincia.

Colhuan señaló a Villa Mascardi como el lugar elegido. A principios de noviembre de 2017, la familia Colhuan Nahuel ocupó un predio de la APN en ese lugar. Pero se identificaron como Lof Lafken Winkul Mapu, que nadie había escuchado ni conocía hasta ese momento.

El 23 de noviembre del 2017 hubo un desalojo que ordenó el juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado de Bariloche. En ese momento, Colhuan, Jaramillo y Rosas, junto a otras mujeres, fueron detenidas por efectivos de fuerzas federales.

Horas después, Villanueva ordenó liberarlas tras indagarlas porque fueron acusadas de usurpación. Les ordenó no volver a los predios desalojados en Villa Mascardi. El 25 de noviembre ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, sobrino de María Nahuel, madre de Betiana.

Ocurrió en un supuesto enfrentamiento, según la teoría de la fiscalía, entre jóvenes mapuches y un grupo de albatros de Prefectura, que patrullaba los predios desalojados.

Los cinco albatros imputados por el homicidio cometido en exceso de la legítima defensa, como sostiene la fiscalía federal, serán juzgados en una fecha que aún no se definió.

Tras el homicidio de Nahuel, las fuerzas federales se replegaron y los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu volvieron a usurpar los predios de la APN y se extendieron hacia los lotes contiguos en Villa Mascardi hasta el 4 de octubre pasado, cuando fueron desalojados y los terrenos restituidos a los damnificados por orden de la jueza Domínguez.


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