La fiscalía deberá brindar explicaciones sobre el ingreso a una comunidad mapuche de Bariloche

El litigio desatado en torno a la ocupación de tierras que inició en 2019 la comunidad mapuche Buenuleo sobre las nacientes del arroyo Ñireco y la condena a varios de sus miembros por usurpación está lejos de haber terminado. La legalidad del operativo de “restitución” de las tierras al demandante que encabezó ayer la fiscal Betiana Cendón será examinada en una nueva instancia judicial, solicitada por la Defensoría.

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El procedimiento fue denunciado por la lof como un “avasallamiento” de sus derechos, porque incluyó el ingreso a un camino de propiedad comunitaria y el retiro de una tranquera, con participación del municipio. Cendón deberá brindar explicaciones ante el Tribunal que dictó la sentencia de desalojo en una audiencia citada para la tarde del viernes.

Los integrantes de la lof Buenuleo y sus abogados de la Defensa pública, Marcos Ciciarello y Natalia Araya, recordaron que la municipalidad de Bariloche no tiene injerencia alguna en el diferendo porque el lote pastoril 127, donde se asientan el territorio comunitario y las 92 hectáreas reivindicadas por el particular Emilio Friedrich, “son área de reserva del parque nacional Nahuel Huapi”.

Esto último consta con claridad en los documentos que ya fueron aportados por Parques a pedido del juzgado interviniente cuando se inició la causa, en 2019.

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El lonko de la comunidad Ramiro Buenuleo encabezó hoy una conferencia de prensa en compañía de otras organizaciones como Unter, la APDH, la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad, ATE, el Codeci y la Federación de Tierras y Viviendas. Allí relató lo ocurrido durante el ampuloso despliegue policial que encabezó Cendón y que les impidió ingresar a su territorio “desde las 9 hasta las 14” de ayer.

Durante la intervención fue detenido el inan lonko de la comunidad, Newen Maliqueo, quien hoy al mediodía enfrentó una audiencia de formulación de cargos por lesiones leves calificadas, atentado y resistencia a la autoridad. El juez actuante dispuso su libertad.

Una actuación “ilegal”

El abogado y exjuez laboral Rubén Marigo, integrante de la APDH, manifestó el “repudio” de esa organización a la actuación de la jefa de fiscales. Calificó el operativo como “ilegal”, porque Cendón dispuso el ingreso “en una jurisdicción que no le corresponde”. Aclaró que Friedrich, para llegar a las tierras restituidas necesitaría una servidumbre de paso por tierras de la comunidad que solo podría surgir de “un nuevo juicio”.

Recordó que existe también un pronunciamiento expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encomienda “custodiar y proteger” a la comunidad Buenuleo.

Cicciarello solicitó a los jueces que dictaron las condenas y la orden de desalojo -Romina Martini, Ignacio Gandolfi y Víctor Gangarrosa- la realización de una audiencia “urgente” para que la fiscalía explique lo sucedido.

Tanto la fiscal Cendón como el abogado querellante Alejandro Pschunder intentaron eludir ese trámite por considerarlo improcedente. Pero el tribunal lo ratificó.

Cicciarello dijo que la rendición de cuentas coresponde porque el tribunal del juicio “tiene la facultades de controlar el cumplimiento de las órdenes que dicta”. Su opinión es que la fiscalía “se extralimitó” al ejecutar la restitución a Friedrich.

Cuestionó también la intervención del municipio, que avaló la intervención y aportó un camión para retirar la tranquera instalada por la lof Buenuleo sobre un camino “que no es de tránsito público”.

Ciciarello insistió en que Parques Nacionales tiene la jurisdicción exclusiva sobre el área. Dijo que ese dato “fue ratificado por la Corte Suprema y está fuera de discusión”.

Un escrito fechado en 2019 y firmado por el entonces intendente del parque nacional Nahuel Huapi, Diego Cannestraci, dice que “conforme a medición realizada por el Cuerpo de Guardaparques, la zona donde se desarrolla el conflicto territorial se encuentra dentro de la reserva nacional Nahuel Huapi, dentro del lote pastoril 127, con estatus de propiedad privada dentro de juisdicción del parque nacional”.

El documento también anticipaba que la APN debía acordar con el municipio “la realización de los trabajos de mensura necesarios y la demarcación en el terreno”, pero ese convenio nunca se materializó.

Miembros de la comunidad señalaron que hoy mismo personal de Parques se presentó en el lugar para realizar una “geolocalización”. Los intentos de este medio por obtener más precisiones en ese organismo no tuvieron respuesta alguna.

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Ciciarello no desconoció que la situación está enmarcada por una actitud del gobierno nacional que es reacia a reconocer derechos de las comunidades mapuches, reflejada en las políticas de Parques y también del INAI. Pero insistió en que el territorio para llegar hasta el predio restituido a Friedrich es propiedad de la lof Buenuleo y se preguntó “cómo puede entrar el municipio a retirar una tranquera dentro de un lote privado”. Subrayó que “no existe expropiación ni cesión territorial alguna” que lo habilite como servidumbre de paso.

El riesgo en la provisión de agua

Los referentes de la comunidad mapuche y de otras organizaciones subrayaron que “lo que está en juego es el agua que toma Bariloche”, ya que en el lugar se encuentran las nacientes del arroyo Ñireco y la toma del DPA que abastece a “una cuarta parte de la población” de la ciudad.

Señalaron que Friedrich pretende tratar con el municipio porque “las obras que quiere hacer jamás lograrían la habilitación de Parques Nacionales”. Y recordaron que ya años atrás realizaron “un corte en la montaña” con maquinaria pesada, con la consecuente amenaza de deslaves que -de ocurrir- afectarían severamente la calidad del agua del arroyo.