La interna en la CEB se profundiza y la conducción posterga el llamado a asamblea

Después del duro proceso de elecciones, en la cooperativa de Bariloche cruzan reproches por la renovación del órgano que debe analizar el balance.

Las elecciones de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que se realizaron hace 11 días luego de una dura pulseada entre oficialismo y oposición por las impugnaciones de candidaturas, no pusieron fin al conflicto entre las partes y ahora se mantiene en suspenso la convocatoria a la asamblea anual de delegados, que debe evaluar el último balance.

La asamblea debería realizarse en los 15 días posteriores a la elección, pero el presidente de la CEB Carlos Aristegui reconoció el martes que todavía no tiene fecha. Dijo que el llamado está suspendido ante la negativa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas a emitir la obligatoria certificación del balance, porque no tiene las firmas de los síndicos en regla.

Desde la opositora lista Roja la consejera Laura Alves dijo que en la relación con la conducción de la CEB “todo es un problema”, porque existiría la intención de “dilatar las cosas y no convocar a asamblea este año”, lo cual contradice el estatuto y demora la puesta en función de los nuevos consejeros electos.

La elección del 2 de diciembre terminó con una apretada victoria de la lista Roja por 2 votos (905 contra 903 de la Blanca), pero esta última retuvo la mayoría en el Consejo, donde cuenta con 6 miembros titulares sobre 10. Mientras que la asamblea quedó conformada con 40 delegados titulares de la lista Blanca, 30 de la Roja, 5 de la Azul y 2 de la Magenta.

En la mañana de ayer un grupo de delegados rojos se presentaron en la CEB con un petitorio para exigir el urgente llamado a asamblea, la “validación” de los cargos electos y la entrega del balance y los cuadros contables del último ejercicio.

La delegada Mariela López denunció que Aristegui “maneja a la cooperativa como una empresa privada” y pidió “que no le falten más el respeto a los votantes”.

Aristegui reconoció que corresponde llamar a asamblea, pero recién cuando tengan la certificación del Consejo Profesional para el balance. La demora, explicó, tiene que ver con una presentación desdoblada de los síndicos. Horacio Mardones firmó el suyo (en principio, una opinión favorable al informe), mientras que José Pincheira y Atilio Arrúa, emitieron otro por cuenta propia, en el que existe de por medio una denuncia penal porque aseguran que la CEB les adulteró las firmas.

Aristegui reconoció que mientras no se resuelva la cuestión legal es difícil avanzar y negó de plano que haya habido una falsificación. “Todos en la CEB nos avenimos a usar la firma digital y en este caso se asentó por error las de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, pero se salvó de inmediato. Y ese balance no se presentó en ningún lado, nunca salió de la CEB y no hubo ningún perjuicio”, aseguró el presidente.

Señaló que los dos síndicos con posturas críticas presentaron una nota ayer en la que se muestran de acuerdo con “estampar la firma” y agilizar así el trámite que permitiría obtener la certificación y llamar a asamblea.

“Normalmente llevaría uno o dos días conseguir el aval del Consejo profesional, si no aparecen otras objeciones -sostuvo Aristegui-. Después se realizaría la reunión de Consejo para definir la fecha de la asamblea”, que requiere de un plazo estatutario de 15 días, lo cual tornaría casi imposible realizarla antes de fin de año.

Si no hay definiciones esta semana es probable que quede el llamado para febrero o marzo, dada la dificultad de asegurar una buena concurrencia de delegados durante enero.

Aristegui dijo que el diferendo surgido en torno al balance y las firmas “está totalmente politizado”. Señaló que los miembros de la Comisión Fiscalizadora que formularon la denuncia por las firmas “tomaron una postura sobre un hecho puntual, que ha sido salvado como corresponde. Han generado una situación sumamente molesta, que entorpece el funcionamiento de toda la Cooperativa. No afecta directamente en el día de hoy, pero con vistas al año que viene es un incordio”.

Presencialidad, otro tema polémico

Otro punto de posible conflicto es el carácter de la asamblea ordinaria, que el año pasado se realizó de modo virtual. Este año podría ocurrir lo mismo. Aristegui dijo que no está definido y lo resolverá el Consejo de Administración. Recordó que en la asamblea presencial de hace dos años hubo serios incidentes y amenazas, por eso en 2022 decidieron hacerla en forma remota.

Alves dijo que la participación de los delegados en esa modalidad fue muy tortuosa “por graves problemas de conectividad” y dijo que reclamarán la vuelta a las asambleas presenciales, porque no hay ningún motivo para decidir lo contrario.


La situación económica de la CEB


El balance de la CEB cerrado al último 30 de junio arroja un quebranto de 600 millones de pesos. Según aseguró el consejero rojo Alejandro Pozas, un sinceramiento de los números demostraría que “es mucho peor, de unos 900 millones”.

Aristegui afirmó que “el balance ha sido expuesto ante el Consejo y la oposición no dijo absolutamente nada. Forman parte de esta conducción y nunca dijeron nada”. Recordó que el informe sobre la fluctuación del pasivo de la empresa AVC (controlada por la CEB) “se aprobó por unanimidad”. Entendió que las críticas “forman parte de la pirotecnia del sector rojo”.

Para el presidente de la CEB la situación económica de la empresa no es holgada, y enfrenta dificultades por el atraso tarifario, “pero solo existe deuda de cortísimo plazo con proveedores. Los sueldos y aguinaldos están al día” y lo mismo los pagos a Cammesa, cuando hay otras distribuidoras eléctricas como CALF en Neuquén que arrastran millonarios incumplimientos en ese rubro.

Insistió en que la CEB “presta los servicios con los recursos que tiene, y la mayoría de las decisiones en el Consejo (donde hay representantes de la oposición) se toman por unanimidad, salvo en época de elecciones”.

Pozas dijo que los tropiezos con el balance y la demora en la asamblea “no tiene antecedentes en la CEB” y provoca “un acortamiento de mandatos” de las autoridades electas, que no pueden asumir hasta que se cumpla con esa convocatoria.


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