Polémica en la CEB por un plan de cobro para las deudas originadas en la pandemia
La Cooperativa de Electricidad Bariloche aprobó un esquema de recupero. El sector opositor cuestionó la medida y no ven un impacto económico importante. Advierten acciones judiciales masivas.
La CEB tendrá asamblea para aprobar memoria y balance y formalizar a los nuevos consejeros. Archivo
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) aprobó un plan de recupero de deudas por consumos eléctricos que acumularon miles de usuarios durante la crisis del Covid 19, quienes en caso de desconocer las intimaciones se verían expuestos a la aplicación de altos intereses y al apremio por vía judicial.
La decisión fue adoptada por la conducción de la Cooperativa con los votos del oficialismo, que tiene siete miembros en el Consejo. Los tres opositores de la lista Roja votaron en contra porque entienden que la campaña representa una presión desmesurada sobre los usuarios, y que no se condice con los principios del cooperativismo.
Aseguraron que el plan llamado “Ceb al día” empujaría a un gran número de usuarios a “tener que litigar en los juzgados por deudas que en su mayoría resultan ser menores a los 200 mil pesos”.
La consejera de la lista Roja Laura Alves dijo que empezaron con sus planteos internos en abril, cuando detectaron la situación compleja que atravesaban los deudores. Los consejeros de la lista Blanca aceptaron “crear una comisión” para estudiar el tema, pero luego “salieron de sorpresa con esto, que es una brutalidad”, dijo Alves. Señaló que la aplicación de intereses en algunos casos derivaría en aumentos del 600% sobre el impago original.
Según Alves, el criterio de la CEB siempre fue ser contemplativos con las deudas acumuladas en 2020 y 2021, debido al freno económico que padeció la ciudad durante la pandemia. Ese criterio, aclaró, excluye a las empresas y grandes usuarios.
Señaló que la postura de la Roja “no es hacer demagogia”, como los acusan, ni pretenden “condonar” nada, sino contemplar la situación de personas “de recursos escasos”, que no pueden afrontar deudas indexadas, a las que se suman mes a mes las facturas por los nuevos consumos.
La voz del oficialismo
Sin embargo, el primer vocal titular y representante del oficialismo en el Consejo de Administración Martín Enevoldsen dijo que la oposición «denuncia ahora, pero cuando ellos (por los rojos) estaban en la conducción de la cooperativa aplicaban planes similares».
Y destacó que el «plan «CEB al día» fue aprobado por unanimidad» en el Consejo de Administración, donde está representada en minoría la oposicón. Enevoldsen opinó que detrás de las denuncias y críticas de la oposición «hay una especulación electoral».
La controversia está atravesada de modo inevitable por el proceso electoral en el municipio, ya que el presidente de la CEB Carlos Aristegui es también candidato a intendente por Cambia Río Negro, mientras que el consejero rojo Alejandro Pozas es candidato a concejal por el radicalismo.
“No lo queremos politizar -aseguró Alves-, queremos soluciones para los asociados, pero no para los vivos, sino para los que tienen problemas para acogerse a un plan de pago en estas condiciones de crisis económica”.
No a la judicialización masiva
En una nota que dirigieron al Consejo de Administración a fines de julio, los representantes de la oposición subrayaron que lo más grave de la campaña de cobro lanzada por la CEB sería la judicialización masiva de las deudas, algo que consideran reñido con el espíritu cooperativo.
“No somos una empresa con fines de lucro, somos una cooperativa que tiene asociados, no clientes y siempre se deben tener presentes las consecuencias desastrosas que dejó la pandemia”, sostuvieron.
Alves aportó datos según los cuales hasta abril pasado la CEB contabilizaba 17.773 usuarios con deuda, y el impago acumulado era de 332,7 millones de pesos. Los consejeros de la oposición consideraron que los ingresos que resulten de las intimaciones y el plan de cobro “no generarían gran impacto en el giro económico de la cooperativa”. Se pronunciaron, al contrario, por aplicar criterios más flexibles y “evitar litigios innecesarios”.
Alves dijo que en el seno de la comisión de recupero de deuda” en mayo pasado, los consejeros oficialistas habían aceptado aplicar reducción de intereses de hasta el 80% en las facturas atrasadas del período de pandemia, cuando el monto total no supere los 200 mil pesos, “pero después largaron por sorpresa” el nuevo plan, de mayor severidad.
La consejera por la minoría insistió en que pretenden volver sobre aquel acuerdo inicial. “No queremos que se judicialice y tampoco que haya manejos discrecionales, como ahora, cuando los que se presentan a firmar un plan obtienen quitas de intereses mayores o menores, según el humor de turno”, afirmó.
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