Marcha Federal Universitaria | Masivo reclamo contra el Gobierno en Plaza de Mayo: «La situación es crítica»

Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento, y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita» que el Gobierno Nacional siga «incumpliendo» con la aplicación de la normativa.

«El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho«, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias«; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades «no es solo presupuestaria», porque como ciudadanos «deben denunciar con dolor y firmeza» la «ruptura del acuerdo democrático» de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación «son factores fundamentales de la economía del país» y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda «competir en el mundo» y «generar puestos de trabajo con derechos y ambientalmente sustentables. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo», añadieron.

Marcha Federal Universitaria: contexto

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El acto central fue en Plaza de Mayo a las 17, donde las distintas organizaciones se empezaron a acercar desde el mediodía desde diversos puntos del AMBA. Debido a esta jornada de protesta, hubo clases suspendidas y paros totales en todas las universidades nacionales.

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

En esta 4.ª Marcha Universitaria se buscó visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigieron la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, «pone en riesgo el funcionamiento» de todas las universidades nacionales.

A todo esto, se suman los reclamos por la falta de acatamiento de la administración de Javier Milei no solo a las leyes aprobadas en el Congreso, sino también a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de las normas sancionadas.

Rectores de diferentes universidades, junto a organizaciones docentes y estudiantes, cerraron la cuarta Marcha Federal Universitaria con un acto, donde la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

Según confirmaron fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

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La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

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Mientras docentes, estudiantes y autoridades exigen en las calles de todo el país el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en los tribunales se libra una batalla silenciosa que definirá si el Gobierno de Javier Milei debe o no enviar las partidas millonarias adeudadas.

El conflicto tiene su origen en la insistencia del Congreso. La norma, sancionada inicialmente en 2024 y vetada por el Ejecutivo, volvió a aprobarse al año siguiente.

Pese a un nuevo veto presidencial, esta vez el bloque de La Libertad Avanza no logró reunir el tercio necesario para blindar el rechazo. Ante la decisión oficial de limitar los artículos centrales de la ley en el Presupuesto 2026, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que hoy mantiene en vilo la transferencia de recursos.

Actualmente, la aplicación de la Ley de Financiamiento permanece suspendida, liberando al Poder Ejecutivo —por el momento— de la obligación de realizar las erogaciones.

El escenario judicial presenta dos instancias bien definidas y simultáneas, según definió Infobae:

• La vía de la Corte Suprema: la semana pasada ingresó al máximo tribunal un Recurso Extraordinario Federal (REF) impulsado por el Gobierno. El argumento oficial es que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un «grave e irreparable perjuicio al Estado», al ordenar gastos sin financiamiento específico que comprometerían el equilibrio fiscal.
• La vía de la Cámara: En paralelo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal analiza un «incidente de ejecución de sentencia» promovido por el CIN. Los rectores sostienen que el fallo de segunda instancia (que les fue favorable) habilita a que no se suspenda la transferencia de fondos mientras la Corte decide. Si la Cámara convalida este recurso, el Gobierno deberá empezar a girar el dinero de inmediato.

El desenlace del episodio depende exclusivamente de los ministros de la Corte Suprema. Sin embargo, en la Casa Rosada celebran la dilación. «Cada día que gana el Gobierno en este tema es oro», reconocieron fuentes cercanas al Ejecutivo a Infobae.

La lectura que hacen los estrategas judiciales del oficialismo es que el máximo tribunal podría aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que le permite rechazar el recurso del Gobierno sin necesidad de dar mayores justificaciones, dejando firme el fallo de segunda instancia a favor de las universidades, el mismo instrumento utilizado recientemente en la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.

No obstante, en el Palacio de Tribunales no hay prisa. Con más de 60.000 causas en espera, la Corte puede tomarse semanas, meses o años. «La urgencia es relativa. Hay casos de personas que pueden morirse con la demora de un fallo, por lo cual no todo indica que con las universidades se vaya a fallar en el corto plazo«, confió una fuente judicial al medio ya citado.

Para algunos especialistas, la jugada del CIN de exigir la ejecución inmediata de los fondos es arriesgada. En los pasillos judiciales la comparan con la táctica de Tabacalera Sarandí, que logró eludir el pago de impuestos momentáneamente, pero terminó perdiendo la batalla de fondo con el paso del tiempo.

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El Gobierno recortó fondos en Educación previo a la Marcha Federal Universitaria

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Mientras la Justicia decide los tiempos, el Gobierno nacional movió sus fichas económicas. En las últimas horas, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo formalizó un recorte de $78.768 millones que impacta de lleno en el Plan Nacional de Alfabetización, becas e infraestructura universitaria.

Sin embargo, el dato macroeconómico es aún más llamativo. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el ajuste transversal a casi todos los ministerios representó una disminución del gasto total de $ 2,43 billones.

Este número generó fuertes suspicacias: la cifra es sospechosamente similar a los $ 2,5 billones que, según había dejado trascender la Casa Rosada semanas atrás, costaría ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario.