Neuquén aprueba una nueva ley de manejo del fuego para fortalecer la prevención y sancionar infractores
La normativa establece la obligatoriedad de cortafuegos, crea un fondo de gestión integral y endurece las multas, mientras las autoridades insisten en la necesidad de unificar los números de emergencia.
La provincia de Neuquén avanzó en un giro normativo decisivo tras la aprobación de la nueva ley de manejo del fuego, una herramienta que redefine las obligaciones de propietarios, organismos estatales y Parques Nacionales.
El articulado, orientado a la prevención, el ataque inicial y la reforestación, incorpora cortafuegos obligatorios, un fondo específico para la gestión integral y sanciones severas para infractores, según se desprende del detalle legislativo difundido por el diputado Claudio Domínguez (MPN).
Domínguez planteó que se trata de una normativa integral y no de una simple reforma, afirmando que el objetivo central radica en establecer planes provinciales, municipales y prediales adecuados a cada zona.
El legislador explicó que la ley otorgará al Poder Ejecutivo herramientas para sancionar a quienes incumplan medidas básicas de prevención, con especial énfasis en la obligación de construir cortafuegos, descritos como una barrera física para evitar el avance de las llamas.
En otro tramo de su exposición, el diputado señaló que el fondo provincial permitirá capacitar y equipar personal en municipios y parajes, reforzando la capacidad de respuesta inmediata.
Sostuvo que la georreferenciación de puntos de abastecimiento de agua continuará siendo una condición crítica para reducir demoras operativas cuando los brigadistas arriben a territorios poco reconocidos.
Alcance de la normativa y prevención estratégica
La incorporación de cortafuegos obligatorios generó expectativas en distintos sectores productivos, que deberán adecuar infraestructuras y circuitos internos para cumplir con las nuevas exigencias.
Según la normativa, tanto los privados como el Estado deberán ejecutar inversiones destinadas a garantizar que los predios cuenten con accesos despejados y corredores de seguridad, condición indispensable para disminuir la velocidad de propagación.
La secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, valoró la ley, pero advirtió que la provincia aún opera sin un número único de emergencias.
La funcionaria describió un fin de semana marcado por incendios simultáneos y explicó que, al no contar con un teléfono unificado, la respuesta sigue dependiendo de la coordinación de múltiples líneas de contacto.
Ortiz Luna explicó que los focos se multiplicaron por tormentas convectivas y una sequía prolongada que dejó la vegetación en estado crítico.
Destacó también la disposición nacional que prohíbe encender fuego en parques nacionales, una medida categórica para evitar daños irreversibles en ecosistemas sensibles como los bosques de araucarias de Magdalena.
Desafíos operativos y el reclamo por un sistema unificado
Respecto a las sanciones, la funcionaria advirtió que las multas van a ser importantes y remarcó que ninguna persona está autorizada a encender fogatas bajo el actual nivel de riesgo.
Asimismo, subrayó que durante el fin de semana largo se registró cero mortalidad en las rutas provinciales, resultado que atribuyó a los controles preventivos y a una mayor conciencia social.
La aplicación del nuevo marco legal requerirá una coordinación más estrecha entre los municipios, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y los sistemas de emergencias existentes.
La funcionaria sostuvo que el rendimiento de tecnologías como drones y georreferenciación avanzada solo será óptimo cuando se complemente con un canal telefónico unificado que concentre las alertas ciudadanas.
Al evaluar el proceso legislativo, la secretaria insistió en que el sistema continuará incompleto mientras no exista un número unificado como el 911. Señaló que la población sigue recurriendo de forma fragmentada a distintos organismos, lo que evidencia la ausencia de un canal que concentre los avisos en los primeros minutos críticos de un siniestro.
El cambio cultural en la gestión del riesgo
En este escenario, tanto Domínguez como Ortiz Luna coincidieron en que la nueva ley constituye un cambio estructural en la gestión del riesgo provincial.
El legislador reafirmó que la propuesta introduce un cambio de cultura indispensable para enfrentar incendios complejos, mientras que la funcionaria subrayó que el recurso humano sigue siendo el componente esencial en un esquema que aún espera su herramienta básica: un número único de emergencias.
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