Neuquén declarará la emergencia carcelaria e invertirá 50 millones de dólares

El proyecto con la firma del gobernador ingresó este miércoles en la Legislatura y esperan darle un tratamiento exprés.

La provincia de Neuquén declarará por ley la emergencia carcelaria. Durante 3 años, prorrogables por igual término, podrá hacer contrataciones directas de obras destinadas a las unidades de detención con un presupuesto de hasta 50 millones de dólares.

El proyecto que ingresó a la Legislatura este miércoles lleva la firma del gobernador Rolando Figueroa, y se terminó de pulir el último fin de semana largo. La intención es que reciba un rápido tratamiento y aprobación.

En los fundamentos se menciona la graves crisis carcelaria que atraviesa la provincia, sobre la cual diario RÍO NEGRO publicó numerosos informes. La iniciativa se conoce a los pocos días de la fuga masiva de seis internos de la comisaría Tercera, cinco de los cuales siguen prófugos.

La crisis en números


Señala que la provincia «exhibe estadísticas alarmantes en materia penitenciaria. La capacidad total real de plazas actualmente es de 443 habilitadas» en la capital y el interior, mientras que el número de personas alojadas es de 540.

Las Unidades de Detención están cerradas por orden judicial, y ahora el desborde afecta a las comisarías.

Hay 90 internos en las comisarías del área capital, de ellos 63 procesados y 27 condenados. En las comisarías del interior de la provincia el panorama es igual de preocupante: hay 52 internos, 24 procesados y 28 condenados. «Esto hace que sea imprescindible ampliar la capacidad de alojamiento», señala el texto.

Las obras necesarias


«Las obras necesarias incluirían la construcción de módulos de alojamiento, talleres, escuelas y áreas de seguridad completas, así como un plan integral de ampliación penitenciaria. Además, se deberían realizar las labores complementarias de mantenimiento en las Unidades».

Asimismo, «es esencial brindar acceso a la educación, programas de laborterapia y cualquier otra capacitación necesaria», señala el proyecto.

«Considerando estas necesidades se estima que es preciso la designación de un presupuesto de 50.000.000 de dólares o su equivalente en pesos».

Tres años de emergencia


El artículo 1 declara «el estado de emergencia penitenciaria en todo el territorio provincial por el término de tres años, pudiendo ser prorrogado por igual término por el Poder Ejecutivo Provincial».

«La emergencia declarada comprende los aspectos organizativos, funcionales, operativos, preventivos, asistenciales, edilicios, de personal y de servicio en los establecimientos carcelarios y demás dependencias e instalaciones destinadas al alojamiento, custodia y guarda de personas encausadas, procesadas o condenadas por los órganos judiciales», indica el artículo 2. «Comprende también optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Cuerpo Penitenciario de la Policía del Neuquén, así como el fortalecimiento de todas las medidas de seguridad pertinentes».

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad, a quien se autoriza a adquirir, «mediante los mecanismos de contratación directa» los «bienes, servicios e insumos necesarios para afrontar la emergencia declarada, con independencia de su monto».

En el artículo 5 se faculta al Ministerio a «efectuar las contrataciones directas de obras destinadas a penitenciarias u otras dependencias o establecimientos, cualquiera sea el monto, encuadrándose en la excepción del Artículo 12° inciso c) de la Ley 687 de Obras Públicas».

«Se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito público mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, conforme lo establecido en el artículo 36° de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, por un monto total de hasta 50.000.000 de dólares o su equivalente en pesos u otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, para ser aplicados a la atención de la Emergencia Penitenciaria declarada en la presente Ley», indica la norma.

Informes periódicos


La Autoridad de Aplicación «elevará a la Legislatura provincial cada 120 días un informe detallado de las acciones ejecutadas en función de la Emergencia declarada».

El gobierno provincial debe prestar en marzo ante la jueza de Ejecución Penal un plan de acción para descongestionar las cárceles.

Entre sus proyectos figuran terminar las reparaciones en el pabellón 7 de la Unidad 11, la construcción de un pabellón de máxima seguridad en la misma cárcel, y recuperar el módulo 4 de la prisión federal de Senillosa.


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