Planes sociales en Neuquén: arranca la revisión de la condena y la fiscalía insistirá con la asociación ilícita

Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno integran el Tribunal de Impugnación de Neuquén que, desde hoy, revisará la condena a 12 personas, incluido el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, por la estafa con planes sociales.

Habrá una maratón de audiencias. Serán 11 jornadas, incluidos los sábados, en las que los jueces escucharán los argumentos de la fiscalía, la querella y las defensas. El fallo se conocerá después de la feria judicial de invierno.

Entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 un grupo de funcionarios, funcionarias y personal del ministerio de Desarrollo Social participó del desvío de fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral. A valores históricos fue una estafa valuada en 153 millones de pesos, que actualizados a 2024, superan los mil millones.

Este escándalo salpicó directamente a la gestión de Omar Gutiérrez, el último gobernador que tuvo el Movimiento Popular Neuquino. El dinero de los planes se acumulaba en una «caja azul» que financiaba las campañas del partido, aunque la investigación de la fiscalía nunca develó dónde fue, ni quiénes se lo apropiaron.

El tribunal de juicio condenó a todos por administración fraudulenta agravada, en perjuicio del Estado, (algunos como co-autores y otros como partícipes primarios) y descartó la asociación ilícita, como pretendía la acusación.

Las penas

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Esta calificación impactó en las penas. El máximo que se impuso fue de 5 años de prisión efectiva a Tomás Siegenthaler, ex coordinador provincial de Administración; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales y Di Luca.

Un escalón por debajo se ubicaron Néstor Sánz, ex director de Fiscalización, condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, y Marcos Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas de la dirección de Planes Sociales, a 4 años.

Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y el abogado Alfredo Cury recibieron 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

A Laura Reznik, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emanuel Victoria Contreras se les fijó 3 años de ejecución condicional.

Hay tres condenados con prisión domiciliaria: Soiza, Sánz y Osuna, que además fueron exonerados por Figueroa. La misma sanción administrativa recibieron Cury y Reznik.

Cómo serán las jornadas

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Las audiencias de impugnación comenzarán hoy y se extenderán, en principio, hasta el miércoles 8 de julio.

Cada día está previsto que las defensas formulen sus planteos. Algunos criticarán la sentencia de responsabilidad y otros discutirán la pena. Luego contestará la acusación.

El viernes 3 de julio está reservado para que el ministerio público y la fiscalía de Estado, que representa los intereses de la Provincia e interviene como querellante, hagan su exposición. Cuestionarán la absolución por asociación ilícita, ya que entienden que la maniobra «fue ejecutada por una organización criminal estable, con permanencia en el tiempo y división de funciones».

El propio gobernador, Rolando Figueroa, ha insistido desde que se dictó el veredicto con que debe cambiarse la calificación.

Todo este apuro obedece a que en noviembre se cumplen cuatro años del inicio de la investigación. Si para entonces no concluyó el proceso deberían ser sobreseídos todos los imputados.

Un abanico de posibilidades

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Este tribunal tiene un abanico de posibilidades a la hora de resolver. Puede confirmar tal y como está la sentencia. También ordenar que se modifique la pena, si considera que no han sido merituados algunos atenuantes o agravantes.

La otra opción es que tome los argumentos de la acusación y cambie la calificación. En ese caso reenviará el fallo para que otros jueces intervengan.