Planes sociales: fuerte impacto, pero la cifra y los controles son inciertos en Bariloche
La “lapicera” de altas y bajas está en manos de las organizaciones vinculadas al Frente de Todos, además de grupos piqueteros. Estiman que en la ciudad se pagan 3.000 aportes mensuales.
El Movimiento Evita y la CTEP tienen alta incidencia en el manejo de la asistencia estatal en la ciudad más poblada de Río Negro. (Foto: Archivo)
Los planes Potenciar Trabajo tienen un fuerte impacto en Bariloche, aunque la cantidad de beneficiarios es una incógnita y las estimaciones parten de los 600 a las 3.000 personas que cobran este programa cada mes.
La “lapicera” de altas y bajas de los planes sociales que financia el gobierno nacional está en manos de las organizaciones sociales con incidencia nacional, vinculadas al Frente de Todos y a agrupaciones piqueteras, como el Movimiento Evita, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Campesino Indígena, además del Polo Obrero.
Los organismos institucionales no tienen acceso a los listados de beneficiarios ni al control, admisión y desestimación, según admitió el delegado de Desarrollo Social de la Nación, del Centro de Referencia de Bariloche, Fernando Del Campo.
Fuentes vinculadas a la tarea social estimaron que en Bariloche hay alrededor de 3.000 beneficiarios con este programa. Sin embargo, no hay datos formales.
Alejandro Palmas, referente del MTE que integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), admitió ante RÍO NEGRO que es “difícil la base datos” y relató que dos años atrás, antes del inicio de la gestión de Alberto Fernández, las organizaciones que tenían relación habían contabilizado entre 500 y 600 beneficiarios y que el gobierno actual se duplicó, según estiman.
El secretario de Desarrollo Humano de Bariloche, Juan Pablo Ferrari, dijo a este diario que la municipalidad nuclea personas de este programa por “derivación” y realizan como contraprestación tareas para el área de Parques y Jardines con las mejoras en los paseos que se financian con fondos de la tasa al turista. “El municipio no es Unidad de Gestión ni administra las altas o bajas de este programa, eso ocurrió solo cuando el programa era el Argentina Trabaja, en sus inicios en 2011. Estas personas que tenemos las absorbimos para que no se les caiga el programa”, explicó el funcionario.
“Es una lástima que las instituciones del Estado no tengan información del manejo de un presupuesto nacional que es del Estado”, cuestionó Del Campo, de Desarrollo Social de Nación, ante RÍO NEGRO y se sumó al debate instalado a nivel nacional tras las expresiones de la vicepresidenta Cristina Fernández y la decisión del gobierno de trasladar este programa a la administración de municipios y provincias.
Del Campo dijo que en la delegación local solo “asesoran a alguna persona por dudas o consultas” y que si un beneficiario quiere cambiar de organización bajo la cual está incluido en este programa, “el pase se debe dar en el ámbito institucional establecido como Unidad de Gestión que en este caso es la provincia”.
Esa tramitación se realiza de manera individual y personal a principios de mes y a través de la aplicación Mi Argentina llega un aviso para informar a los beneficiarios que tienen esta opción voluntaria.
El programa social establece un pago de 19.470 pesos por una contraprestación de 20 horas semanales que se deben realizan en proyectos sociales y productivos comunitarios. Según admiten algunos referentes el “espíritu” del programa se “desnaturalizó” y ahora en muchos casos se convirtió en una “transferencia de ingresos sin exigencia de tareas comunitarias”.
Quienes cumplen tareas de contraprestación, mayoritariamente tienen trabajos en comedores y merenderos, que se incrementaron en pandemia, y cooperativas de trabajo, ya sea de construcción, textiles, de servicios u otras.
“Cada organización hace un seguimiento, seguramente a algunas les cueste más hacer ese seguimiento, en nuestro caso hacemos firmar planillas”, admitió Palmas del MTE, quien remarcó que la organización que representa tiene una gestión ordenada y entre los beneficiarios del Potenciar Trabajo están los operadores del estacionamiento medido y los recicladores que obtienen este plan como un “salario complementario” a los ingresos genuinos de esas tareas (ver aparte).
El Polo Obrero también gestiona el programa y suman unos 20 beneficiarios, según admitió Facundo Britos, dirigente del partido, quien aclaró que se trata de personas que realizan tareas en comedores y en una cooperativa textil.
Para Palmas, las organizaciones tienen un rol vital en este programa. “No monopolizan los movimientos sociales, el Estado tiene programas con la municipalidad”, remarcó y agregó que el Estado no puede dar el alta de un beneficiario porque no tiene unidades productivas o cooperativas para la inserción”.
Britos, del PO, consideró al Potenciar Trabajo como una “ayuda para desocupados, no reemplaza al trabajo, sería una precarización y eso estamos reclamando al municipio, que otorgue trabajo genuino, pero no tenemos respuestas”.
Recicladores y operadores de estacionamiento, ejemplos en regla
El Movimiento de Trabajadores Excluidos gestiona el programa Potenciar Trabajo en dos casos virtuosos de la economía social de Bariloche.
Se trata de los operadores del estacionamiento medido y pago, que pertenecen a cooperativas de trabajo, y los integrantes de la Asociación de Recicladores.
Entre los dos grandes grupos hay 165 personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, que integran las cooperativos del estacionamiento medido, que perciben como ingresos un salario mínimo que surge de los ingresos del programa a través del cobro del servicio.
Por eso, el Potenciar Trabajo, que abona 19.470 pesos mensuales, es un “salario social complementario”, según definió Alejandro Palmas, referente de la organización, quien valoró que ese monto suma para “llegar a un salario digno”.
Lo mismo ocurre con las 58 personas recicladoras que trabajan en la planta de tratamiento de residuos en el vertedero municipal, que perciben una porción de los ingresos por la venta del material recuperado, un aporte municipal y como complemento salarial el programa de origen nacional.
Apoyo al Salario Básico Universal
La creación por ley del Salario Básico Universal, que impulsan diputados del Frente Patria Grande y otros dirigentes, tiene respaldo desde los movimientos sociales de Bariloche que encuentran en esa herramienta una manera de ampliar del alcance de la ayuda estatal a la población que lo necesita.
“Esto acaba con la supuesta discrecionalidad de los programas sociales porque cubre a todos los trabajadores de la economía popular con un aporte de una canasta básica individual”, opinó Alejandro Palmas del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Bariloche y referente de la asociación Al Margen, con un fuerte trabajo en la juventud y la comunicación popular.
El proyecto, que tiene entre sus impulsoras a la diputada cartonera Natalia Zaracho y la rionegrina Graciela Landriscini, propone abonar el equivalente a la canasta básica individual que asciende hoy a unos 13.000 pesos, destinados a trabajadores informales o no reconocidos, amas de casas que figuran como inactivas y pequeños contribuyentes, que no llegan a un piso de ingresos que les garantice la canasta alimentaria.
Comentarios