Quiénes son los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que tardaron una década en declarar su patrimonio
La obligación es que lo hagan antes de asumir el cargo. Tras una intimación cumplieron este año. El contenido continúa siendo secreto.
La declaración debe contener el patrimonio con especificación del origen, costo, renta y deudas o gravámenes. Foto Florencia Salto.
La ley 5 establece desde 1958 que los jueces y las juezas de Neuquén tienen que presentar sus declaraciones patrimoniales, antes de asumir sus funciones, en la Escribanía General de Gobierno. Salvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, que lo hizo el 11 de septiembre de 2023, al año de jurar, y el vocal Germán Busamia, que demoró un mes en realizar el trámite (tomó el cargo en junio de 2018 y en julio la llevó), el resto la envió recién este año después de una intimación.
Diario RIO NEGRO hizo un pedido de acceso a la información pública a la Escribanía. Según el listado recibido los jueces del máximo tribunal provincial, Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe, presentaron sus declaraciones patrimoniales el 28 de febrero de 2025.
Casualmente, o no tanto, ese mismo día Mazieres dictó un decreto -el 86- en el que les pidió a los miembros del Poder Judicial alcanzados por la ley 5 (comprende también a funcionarios y funcionarias judiciales) que declaren su patrimonio ante el Estado provincial. Fijó un plazo: en el término de 30 días hábiles, desde la recepción de la comunicación.
«Esta medida responde al principio republicano de responsabilidad de los funcionarios públicos», dice el decreto en sus fundamentos.
El 23 de enero pasado el gobernador, Rolando Figueroa, le solicitó a toda la administración pública, centralizada y descentralizada que presenten las declaraciones.
Moya es vocal del TSJ desde 2012. Esto significa que tardó 13 años en llevarla, casi al límite de su jubilación. Elosu Larumbe asumió en 2015, así que lo postergó 10 años.
La defensora general Vanina Merlo la presentó el 25 de febrero de 2025, cuando ocupa el cargo desde 2022.
Ayer nomás
Hay dos integrantes del TSJ que directamente no figuran en el listado: la vocal Soledad Gennari y el fiscal general José Gerez.
En el caso de la jueza, diario RÍO NEGRO se comunicó con el área de prensa del Poder Judicial el jueves 24 de abril. La respuesta fue que ayer mismo cumplió con la obligación. Esto es una década después de que jurara en el puesto, y fuera del plazo de los 30 días del decreto, que está fechado en febrero.
Lo mismo sucedió con Gerez, que aterrizó en el TSJ en 2012. «Voy a presentar la declaración mía el viernes 25 de abril ante la Escribanía General de Gobierno», contestó. Afirmó que todos los años lleva sus declaraciones ante la actual ARCA-ex AFIP «las que reflejan mis bienes personales y ganancias».
Anticipó que en el transcurso de la semana próxima emitirá una resolución para que a más tardar el próximo 15 de mayo «todos y todas las personas que trabajan en el MPF y estén comprendidas por la norma, cumplan con esta directiva».
La abrumadora mayoría está en deuda. De los fiscales jefe las excepciones son Pablo Vignaroli, que declaró su patrimonio en 1996, 2002, 2005 y 2007, y Mauricio Zabala en 1996.
Lo mismo ocurre con los defensores y defensoras penales de circunscripción. El único que lo presentó este año fue Pablo Méndez, de Zapala.
Acceso público y actualización
El trámite ante la Escribanía es meramente formal. No hay acceso público al contenido de la declaración (es secreta) y tampoco la posibilidad de hacer un control sobre la evolución patrimonial de quienes integran el Poder Judicial (que no son elegidos por el voto popular para cumplir un mandato acotado, sino que concursan y mantienen el puesto mientras que dure su buena conducta).
En rigor tampoco debería presentarse por única vez.
La ley indica en el artículo 4 que cuando haya modificaciones sustanciales en el patrimonio del declarante, cónyuge e hijos deberán acumular esos cambios a la exposición ya hecha, antes del 31 de diciembre de cada año. Es iluso pensar que en 10 años una jueza o un fiscal no adquirió ningún bien.
La omisión, simulación o falsedad sobre la verdadera situación patrimonial comprobada, es pasible de exoneración, y en lo que respecta a funcionarios o funcionarias judiciales de los mecanismos constitucionales (jurado de enjuiciamiento o juicio político).
Sólo se puede conocer el contenido de las declaraciones por requerimiento judicial.
Quiénes sí y quiénes no
En el Tribunal de Impugnación, la instancia penal previa al TSJ, los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer, Juan José Eulogio y la jueza Patricia Lupica Cristo hicieron los deberes este año. Su par Andrés Repetto llevó su declaración en 2010. No están en el listado: Florencia Martini, Estefanía Sauli, Richard Trincheri y Liliana Deiub.
En la Cámara Civil de Neuquén el único miembro que la presentó es Jorge Pascuarelli, en 2013. En la del interior Pablo Furlotti en 1996.
En el fuero procesal administrativo -en el que justamente se litigan las causas contra el Estado- ninguno de los jueces o juezas -José Pusterla y María Cecilia Gómez- cumplió hasta ahora. De hecho el propio Matías Nicolini presentó su declaración el 30 de diciembre de 2023, luego de asumir al frente del ministerio de Seguridad. Como magistrado nunca lo hizo.
En cuanto al Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a jueces, fiscales y defensores, fueron hasta la Escribanía: Alejandro Vidal, Andrea Paz, Eduardo Sepúlveda, Encarnación Lozano. Faltan todavía Conrado Leszczynski y Belén de los Santos.
Los que se retiraron y jamás la llevaron
Los camaristas civiles Fernando Ghisini, Marcelo Medori, José Ignacio Noacco se jubilaron sin nunca haber presentado su declaración jurada patrimonial.
Tampoco lo hicieron jueces que terminaron destituidos por un jurado de enjuiciamiento como Marcelo Muñoz y Sebastián Villegas. Ni siquiera Diego Piedrabuena antes de renunciar.
La ley 5 establece desde 1958 que los jueces y las juezas de Neuquén tienen que presentar sus declaraciones patrimoniales, antes de asumir sus funciones, en la Escribanía General de Gobierno. Salvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, que lo hizo el 11 de septiembre de 2023, al año de jurar, y el vocal Germán Busamia, que demoró un mes en realizar el trámite (tomó el cargo en junio de 2018 y en julio la llevó), el resto la envió recién este año después de una intimación.
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